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Cuomo también obligó a hogares para discapacitados a aceptar pacientes con COVID

Los hogares para ancianos no fueron los únicos lugares obligados por Cuomo a aceptar pacientes con Covid; según un informe, lo mismo sucedió con los hogares colectivos de personas con discapacidades intelectuales

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 Tal y como sucedió con los hogares para ancianos, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, estaría ocultando las cifras reales de contagios y de fallecidos de neoyorquinos con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD).

Una denuncia revela que los hogares para ancianos no fueron los únicos lugares obligados a aceptar pacientes con Covid positivo; de acuerdo con un informe lo mismo sucedió con los hogares colectivos de personas con IDD.

La administración Cuomo emitió un memorando casi idéntico que el del 25 de marzo de 2020 que habría ocasionado «varios cientos y posiblemente más de 1,000» muertes según las investigaciones. Un memorando emitido el 10 de abril por parte de la Oficina de Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) a los operadores de instalaciones residenciales certificadas tiene un lenguaje idéntico al memorando del asilo de ancianos:

“A ninguna persona se le negará la readmisión o la admisión a una instalación residencial certificada basándose únicamente en un diagnóstico confirmado o sospechado de Covid-19 (…) Además, los proveedores de instalaciones residenciales certificadas tienen prohibido exigir que una persona hospitalizada, que se determina médicamente estable, se someta a la prueba de Covd-19 antes de la admisión o readmisión”, señala.

El grupo de defensa, Disability Rights New York, presentó una demanda para obtener información largamente retrasada de la Oficina de Personas con Discapacidades del Desarrollo sobre cuántos residentes y personal de las residencias del grupo se han infectado o han muerto a causa del virus, un retraso que, según el grupo, dificulta la capacidad de minimizar el riesgo de infección en una población vulnerable y de evaluar los esfuerzos del Estado para protegerla.

De acuerdo con Maria McFadden Maffucci de National Review el año pasado, un estudio de Disability and Health Journal titulado “Resultados de COVID-19 entre personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que viven en hogares residenciales en el estado de Nueva York” informó que “las personas con IDD que vivían en hogares de grupos residenciales tenían un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves de COVID-19”.

Los autores del estudio escriben que “las circunstancias y decisiones tomadas al principio de la pandemia pueden haber contribuido a la mayor tasa de casos de personas que viven con IDD en hogares de grupos residenciales”. 

“No será posible comprender completamente la gravedad de este riesgo hasta que los estados de Estados Unidos comiencen a compartir públicamente todos los datos relevantes que tienen sobre los resultados de COVID-19 entre esta población”, concluye el informe.

El Diario de la Discapacidad y de la Salud  también dio seguimiento al desarrollo del COVID-19 en personas con discapacidad. En sus cálculos, para fines de mayo del año pasado, de 20,431 residentes de hogares colectivos en todo el estado, 1,602 habían dado positivo y 240 habían muerto. 

De acuerdo con Albany Times Union y según la Oficina Estatal para las Personas con Discapacidades del Desarrollo, hasta noviembre de 2020 murieron 484 personas con IDD a causa del COVID-19; sin embargo, si la situación en estos hogares se repitió como en los asilos, entonces el número podría ser mucho mayor, tal y como sucedió con las cifras de ancianos fallecidos.

Estas muertes han sido poco reportadas y tampoco se conoce cuál es la cifra real de fallecidos. Si el Gobierno de Cuomo alguna vez permite una contabilidad completa, tal vez los investigadores pudieran estimar el impacto preciso del memorando del 10 de abril.

“Más de 1,000 ancianos fallecieron por políticas de Cuomo”

Las políticas asumidas por la administración de Andrew Cuomo pudieron causar la muerte por COVID-19 de más de 1,000 ancianos en los hogares del estado.

Un estudio realizado por la organización sin fines de lucro Empire Center for Public Policy reveló que la orden del gobernador emitida el 25 de marzo de 2020 habría ocasionado «varios cientos y posiblemente más de 1,000» muertes.

El mes pasado la procuradora general, Letitia James, dijo que la directiva del 25 de marzo «puede haber puesto a los residentes en mayor riesgo de sufrir daños en algunas instalaciones».

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La principal asesora de Cuomo, Melissa DeRosa, admitiera en privado que su administración ocultó a los legisladores locales el número total de muertes en hogares de ancianos

El informe de la fiscal provocó que la principal asesora de Cuomo, Melissa DeRosa, admitiera en privado que su administración ocultó a los legisladores locales el número total de muertes en hogares de ancianos en medio de una investigación del Departamento de Justicia.

El pasado jueves 18 de febrero se conoció que el FBI y fiscales federales en Brooklyn investigan al equipo de trabajo del gobernador de New York luego de que se conociera que mintió con premeditación sobre la verdadera cifra de ancianos fallecidos en asilos.

Legisladores, tanto demócratas como republicanos, han hecho un llamado para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la gestión de la gobernación en los asilos. Ambos grupos acusan a Cuomo de cometer un «delito criminal intencional».

En efecto, los legisladores acusan a Cuomo de “obstrucción a la justicia” al retener información de la cantidad de ancianos fallecidos en asilos, en un intento por eludir una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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