Read in English
La Asociación Médica Católica, en representación de más de 3,000 profesionales de la salud, demandó a la administración Biden sobre una Orden Ejecutiva que requiere que los médicos realicen procedimientos transgénero en violación de sus creencias religiosas o juicio médico.
Junto con los abogados de Alliance Defending Freedom (ADF) que representan al Colegio Americano de Pediatras, la Asociación Médica Católica presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por una Orden Ejecutiva en la que se reinterpreta la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio.
La Orden Ejecutiva de Biden ordenó que la Sección 1157 y el Título IX se reinterpreten para incluir las nociones de “orientación sexual” e “identidad de género” en la definición de “sexo” estimada en la ley. Según la nueva interpretación, las objeciones al tratamiento de niños con terapias relacionadas con el género se considerarían discriminación.
“La ley y la profesión médica han reconocido y respetado durante mucho tiempo las diferencias biológicas entre niños y niñas y las necesidades únicas que cada uno presenta en el cuidado de la salud. Obligar a los médicos a recetar hormonas de transición a niños de 13 años o realizar cirugías que alteran la vida de los adolescentes es ilegal, poco ético y peligroso”, dijo el asesor principal de ADF, Ryan Bangert en un comunicado. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente Biden se extralimita enormemente en su autoridad y, al hacerlo, pone en peligro la salud física y psicológica de los niños”.
Bangert expresó que sus representados se oponen legítimamente por motivos médicos, éticos, religiosos y de conciencia a este “mandato ilegal” del Gobierno de proporcionar procedimientos de transición de género a menores de edad.
Por su parte, la asesora principal de ADF, Julie Marie Blake dijo que “los médicos nunca deben verse obligados a realizar un procedimiento controvertido y, a menudo, médicamente peligroso que vaya en contra de su mejor juicio, su conciencia o su religión, especialmente cuando se trata de niños vulnerables que experimentan confusión mental y emocional”.
“Obligar a los médicos a participar en la medicina experimental que representa un riesgo para los pacientes, o enfrentar enormes sanciones financieras, retirar fondos federales o eliminar su capacidad para practicar la medicina, es una violación extrema de los derechos constitucionales de los médicos y ciertamente no en el mejor interés de los pacientes a los que sirven”, finalizó.
