Empleados de carrera del Gobierno de Puerto Rico demandaron al Ejecutivo de la Isla, Pedro Pierluisi, en el Tribunal Federal por ordenar la vacunación obligatoria contra el coronavirus.
Alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales. Por ello, solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna, reseñaron medios locales.
Proponen ante el Tribunal Federal que cada agencia pública permita a las personas que no quieren vacunarse trabajar de forma remota, sin necesidad de presentar una declaración jurada o certificado médico.
Asimismo, exigieron que se obligue al Gobierno a proporcionar las pruebas de Covid-19 requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.
“El Gobierno de Puerto Rico está siendo arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”, indica la demanda presentada por el abogado José Dávila Acevedo.
Los cinco demandantes expusieron ante el Tribunal Federal que la Orden Ejecutiva viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que defiende “el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse”.
Además, afirmaron que las estadísticas del virus demuestran que el Gobierno está “exagerando la severidad de la pandemia” e indicaron que no ha puesto en riesgo las operaciones del sistema de salud y que los casos son menores que en Estados Unidos.
Por su parte, Lisdián Acevedo, portavoz de prensa del Departamento de Salud, indicó en declaraciones escritas que “el bienestar común está por encima de cualquier interés particular”.
Los demandantes son Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila Liborio Carrasquillo y Julissa Piñero.
