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Pro Act, Pelosi

Demócratas buscan imponer sindicalización forzada con la Pro Act

La economía digital tampoco se salva de la Pro Act, pues permite que los contratistas de estas empresas, como Uber o Door Dash, se sindicalicen

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La Cámara de Representantes acaba dar un viro de 180 grados a las leyes federales del trabajo tras la aprobación de la llamada Acta de Protección del Derecho a Organización (H.R. 842), también conocida como Pro Act.

El acta pasó debate en la Cámara Baja, con una votación de 225 votos a favor y 206 en contra, cuya presidente, Nancy Pelosi (D-CA), celebró el resultado y calificó el proyecto de ley como un paso para «ayudar a combatir la aceleración de la desigualdad económica que sabotea a la clase media, que ha empeorado durante los últimos años».

La Cámara de Comercio de Estados Unidos afirmó que la Pro Act destruiría trabajos y adelantó que se opondrá a su aprobación en el Senado. «El proyecto de ley eliminaría deliberadamente los derechos básicos de los empleadores, como el derecho fundamental de tener legitimación en casos de representación ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales», afirmó la Cámara de Comercio en un comunicado.

El Partido Republicano también alzó su voz en contra de la Pro Act. Una de ellas fue la del representante Madison Cawthorn (R-NC), quien afirmó que detrás del acta se encuentran «grupos de interés y grandes donantes» que no representan los intereses del pueblo americano.

¿En qué consiste la Pro Act?

La Pro Act les garantiza a los empleados del sector privado el derecho a establecer sindicatos, entablar negociaciones colectivas y tomar acciones como huelgas. Entre otros cambios, el acta prohíbe que los empleadores tomen acciones para desincentivar la sindicalización y anula las leyes estatales del “derecho al trabajo” que les permite a los empleados no pagar las cuotas requeridas por los sindicatos en espacios. Básicamente el proyecto de ley fuerza a los trabajadores a responder financieramente por los costos del sindicato independientemente de si están afiliados o no.

A las compañías se les prohibiría establecer lo que califican como “audiencias captivas”, que consisten en llamar a reuniones con sus empleados para escuchar argumentos que los disuadan de sindicalizarse.

El Partido Demócrata celebró que la Pro Act pasará debate en la Cámara de Representantes. (EFE)
El Partido Demócrata celebró que la Pro Act pasará debate en la Cámara de Representantes. (EFE)

El acta también permite que la Junta Nacional de Relaciones Laborales imponga multas contra compañías acusadas de práctica laborales injustas, e intermediar en las disputas laborales en caso de que empleadores y sindicatos no lleguen a un acuerdo.

El sistema de votación también se modificaría sustancialmente, pues les permite a los sindicatos sostener elecciones sin consentimiento alguno de la compañía en la que trabajan y habilitando las votaciones por email o a través de balotas electrónicas.

La confidencialidad del voto también quedaría eliminada bajo la Pro Act, pues, en caso de que el sindicato pierda alguna votación, este puede acusar al empleador de interferir en las votaciones y develar quien votó en conta de los proyectos favorecidos por el sindicato.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales podría descartar las elecciones y reconocer al sindicato si la mayoría de los empleados firmaban tarjetas antes de las elecciones. Este proceso, conocido como “control de la tarjeta”, se lleva a cabo a la intemperie, haciendo que los trabajadores sean vulnerables a la intimidación, ya que los organizadores sindicales y sus colegas podrían ver si los empleados votan a su favor o no.

La Pro Act también afectaría empresas de la economía digital como Uber, Lyft o Door Dash cambiando la legislación para considerar a sus contratistas empleados formales de la compañía. (EFE)
La Pro Act también afectaría empresas de la economía digital como Uber, Lyft o Door Dash al cambiar la legislación para considerar a sus contratistas empleados formales de la compañía. (EFE)

La economía digital tampoco se salva de la Pro Act, pues permite que los contratistas de las empresas de economías digitales, como Uber o Door Dash, se sindicalicen en caso de cumplir ciertas condiciones, ya que consideraría a estas compañías como empleadores y no meramente contratantes de servicios independientes.

En caso de aprobarse la Pro Act, esta usaría los mismos lineamientos de la ley californiana conocida como A.B.5 para determinar si los contratistas de compañías de apps pueden ser considerados como empleados.

La A.B.5 asume que los contratistas son empleados de las compañías de aplicaciones, a menos que estas logren probar bajo un test denominado ABC:

  1. El contratista es libre de prestar servicios sin control o dirección de la compañía.
  2. Las labores que el contratista está desempeñando se encuentran por fuera del foco de negocios de la compañía.
  3. El contratista se dedica habitualmente a una ocupación o negocio establecido independientemente de la misma naturaleza al trabajo realizado para la compañía.

En caso de que la Pro Act pase el debate en el Senado, se impondrían los lineamientos de la ley californiana en toda la nación, obligando a las empresas de economías colaborativas a iniciar largos procesos legales para determinar si sus usuarios son contratistas o empleados.

Por si fuera poco, la Pro Act obliga a los empleadores a revelar si han recibido asesoría jurídica en materia de sindicalización en caso de que haya una disputa entre el sindicato y la compañía, violando completamente la confidencialidad entre abogado y cliente.

En definitiva, la Pro Act da un cambio total a las actuales leyes del trabajo en beneficio de los sindicatos, que por el momento representan menos del 10.5 % de la fuerza laboral en los Estados Unidos.

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