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La extrema izquierda vio la pandemia global de COVID-19 como la oportunidad perfecta para centralizar el poder a través de la extralimitación ejecutiva y los poderes policiales ejecutivos. El abuso de estos poderes está distorsionando nuestra forma de gobierno, haciendo caso omiso de los controles y equilibrios, e impulsando a nuestro país hacia un camino sin precedentes y sin retorno.
La Constitución de los Estados Unidos y las leyes electorales fueron violadas imprudentemente en nombre de COVID. Pocos contraatacaron porque temían ser acusados de restar importancia a una pandemia grave. El gobierno prestó mucha atención, y ahora, están de vuelta con la misma estrategia para impulsar una agenda radical de cambio climático, leyes contra los derechos de armas y reformas contra la policía lideradas por el groupo marxista BLM (“las vidas negras importan”)—todo en nombre de las epidemias de salud y pandemias
El “racismo sistémico” y la brutalidad policial como una supuesta crisis de salud pública: otra pandemia
En 2020, la ACLU emitió un informe titulado “La otra epidemia: tiroteos policiales fatales durante COVID-19,” afirmando falsamente que hay una “epidemia de violencia policial” que se dirige “desproporcionadamente” a los estadounidenses negros. En un artículo del Washington Post, Osagie K. Obasogie escribió que “la policía que mata a personas negras también es una pandemia”, comparando a nuestra gran fuerza policial con el mortal virus COVID-19. Obasogie argumenta ambiguamente que “la violencia policial es una crisis de salud pública”. De manera similar, Len Strazewski escribió para la Asociación Médica Estadounidense (“AMA”), sin pruebas, que “la brutalidad policial es una cuestión de salud pública“. No parar esta pandemia, según la AMA, conduciría a “lesiones innecesarias y costosas” y, en última instancia, a la “muerte”.
Las universidads y el Partido Demócrata impulsan su agenda
Las universidades, tambien izquierdistas, se ha unido a este movimiento, con Harvard afirmando en un artículo que “el racismo es una crisis de salud pública“. En el mismo artículo, Harvard celebró la presentación de la congresista Ayanna Pressley (D-MA) y la senadora Elizabeth Warren (D-MA) de un proyecto de ley que busca abolir el “racismo” en la “salud pública”. Irónicamente, el mismo proyecto admite que el gobierno federal no tiene “suficiente información” sobre el supuesto racismo sistémico en salud pública, por lo que están pidiendo la creación de un “Centro Nacional de Antirracismo”, que le daría al gobierno autoridad burocrática definida más vagamente para hacer cumplir su agenda progresista. En la práctica, el centro estaría a cargo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (“CDC”).
Sin embargo, el CDC ya ha pedido reformas propias para “enfrentar los sistemas y políticas” que han dado lugar a “un aumento de las desigualdades de salud raciales y étnicas”, afirmando en última instancia que “el racismo es una grave amenaza para la salud pública”. La revista The Lancet, a través del profesor de Estudios Afro-Americanos en la Universidad de la Ciudad de Birmingham Kehinde Andrews, presentó un artículo titulado “El racismo es la crisis de salud pública”.
Es difícil no ver una tendencia aquí.
“Epidemia de violencia armada”
La administración de Biden emitió una hoja informativa que destaca sus acciones para frenar la llamada “epidemia de salud pública por violencia armada”. El Washington Post celebró rápidamente el tema demagógico, publicando un artículo titulado “finalmente, un presidente toma la epidemia de violencia armada en Estados Unidos“. En el mismo comunicado, el cual incluye un puñado de órdenes ejecutivas potencialmente inconstitucionales, la Casa Blanca se enorgullece de decir que “no esperarán a que el Congreso actúe”.
Estas órdenes, como se esperaba, limitan la libertad garantizada constitucionalmente de los ciudadanos del pais para defenderse con armas. El objetivo de esta administración, basado en sus propias políticas anti-armas y promesas de campaña, es quitarles las armas a los estadounidenses.
Quienes se niegan están perpetuando una epidemia de salud y causando la muerte.
Uso de poderes de emergencia para abordar la supuesta “emergencia” del cambio climático
El cambio climático también supuestamente ha contribuido al “aumento vertiginoso de las tasas de enfermedades infecciosas”, al menos eso dice Abrahm Lustgarten de ProPublica. Lustgarten sostiene que “ignorar” el cambio climático y las pandemias sería un “engaño peligroso”.
Es casi imposible ignorar el patrón aquí: elegir una agenda política, agregar “epidemia” o “pandemia” al tema de conversación y etiquetar a quienes se oponen a ella como anti-salud pública o incluso como contra los humanos.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (D-NY), está presionando a Biden para que declare una “emergencia climática”, lo que desbloquearía poderes ejecutivos sin precedentes para resolver el supuesto problema del cambio climático. Estos poderes ejecutivos dañarán a Estados Unidos con planes costosos e ineficaces.
Estos poderes ejecutivos mejorados, explicó el Washington Post, incluirían “la gestión de la tierra y el despliegue militar”. Pero, ¿por qué el gobierno federal necesitaría el despliegue de nuestro ejército para hacer frente al cambio climático? ¿Pueden los militares detener cualquier cambio potencial en el clima? No pueden. Sin embargo, el gobierno puede utilizar a los militares para evitar que los ciudadanos contaminen y continúen con la “emergencia climática”. Creando en si un sistema militarista.
Poderes ejecutivos y anarquía de las elecciones de 2020
Esta técnica recién descubierta del Partido Demócrata, si se practica de manera consistente y exitosa, dará un gran golpe a los controles y contrapesos de nuestro país, dejando a una de las partes en pie. Sucedió durante las elecciones presidenciales de 2020: se ignoraron las leyes que protegen las firmas de los votos ausentes, se consolidaron los centros de escrutinio y al mismo tiempo se limitaron los trabajadores electorales, se enviaron por correo millones de votos ausentes no solicitados, se eliminó la cadena de custodia de los votos, se impidió a los estados cumplir con sus deber constitucional de proteger sus elecciones. Todo en nombre de la pandemia.
Quienes se atrevieron a pedir investigaciones o auditorías fueron flagrantemente amenazados con investigaciones penales por parte del estado, como sucedió en 2020 con la fiscal general de Michigan contra funcionarios locales y estatales.
Camino sin retorno
COVID-19 se utilizó para aprobar algunas de las políticas de izquierda más radicales que nuestro país ha presenciado. El poder ejecutivo (estatal y federal) ha aumentado a niveles peligrosos y nuestros tribunales lo permitieron. Con esta tendencia creciente, esta avalancha interminable de emergencias estatales aplastará nuestras libertades civiles. Argumentarán que hay una epidemia contra el aborto y una emergencia del capitalismo. Etiquetarán a los disidentes como “radicales” en contra de la salud. Esto, entre otras técnicas, conducirá a una completa centralización del poder y a un cambio de nuestros controles y equilibrios. Si permitimos que nuestro gobierno federal tome este camino, la Constitución y la estructura de gobierno de nuestro país serán irreconocibles.
Este artículo apareció originalmente en la American Voter’s Alliance.
Luis Cornelio is the English Editor-in-Chief at El American. After graduating cum laude from the Colin Powell School for Civil and Global Leadership, he went on to intern at the Heritage Foundation. Most recently he served on President Donald Trump's re-election campaign, writing research articles on topics including law and order, immigration, and the Supreme Court. He also currently works as the Director of Communications for Got Freedom and researcher for the election integrity watchdog Amistad Project. A Dominican-American, he was granted U.S. citizenship in February 2020.
// Luis Cornelio es el English Editor-in-Chief de El American. Después de graduarse cum laude de la Escuela Colin Powell de Liderazgo Civil y Global, pasó a ser pasante de la Heritage Foundation. Recientemente, participó en la campaña de reelección del presidente Donald Trump escribiendo artículos de investigación sobre temas como la ley y el orden, la inmigración y la Corte Suprema. Actualmente trabaja como director de Comunicaciones de Got Freedom y es investigador para el grupo de integridad electoral, el Amistad Project. Un dominicano-americano, se le otorgó la ciudadanía americana en febrero de 2020.