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Para estudiar los efectos de las instituciones en el desarrollo económico y qué instituciones concretas promueven el crecimiento económico, debemos pensar en primer lugar qué entendemos por instituciones. Es muy útil pensar en las instituciones como restricciones políticas que estructuran las interacciones sociales y económicas (North, 1991), que contribuyen a la creación de orden y a la reducción de la incertidumbre en los procesos de intercambio económico y social.
Podemos clasificar las instituciones en dos grupos principales: formales; como es el caso de las constituciones o los derechos de propiedad, e informales; como los códigos de conducta o la tradición. Las instituciones afectan a las decisiones económicas de diferentes maneras. Junto con otros condicionantes económicos y sociales, afectan a los costes de transacción y producción, a la viabilidad de una determinada actividad económica e influyen en las decisiones de los agentes económicos.
Las instituciones han demostrado ser dinámicas a lo largo de la historia, evolucionando continuamente y tendiendo un puente entre el pasado y el presente. Los incentivos mueven la economía y el mundo, y las instituciones son la representación más clara de la estructura de incentivos de una economía (North, 1991), configurando la dirección del cambio económico y, en cierto modo, determinando la ruta del desarrollo económico. Siguiendo esta narración, pasaré a describir con más detalle cómo las instituciones afectan a las decisiones económicas y mostraré cómo las instituciones pueden causar crecimiento o declive, dependiendo de cuál de ellas describamos.
Las instituciones son conjuntos de restricciones e incentivos con efectos directos sobre las decisiones económicas. Las instituciones de cambio, como la moneda, permiten realizar transacciones de bajo coste, mientras que otras, como la educación, permiten la especialización y la cooperación eficiente en el contexto de individuos racionales que maximizan la riqueza. El efecto de las instituciones sobre las decisiones económicas está directamente relacionado con la eficacia de su aplicación, especialmente en el caso de las instituciones políticas y jurídicas.
Como describen Glaeser et al. (2004), las instituciones, cuando son eficaces, aumentan el beneficio obtenido de las soluciones cooperativas y hacen que las ganancias potenciales del comercio sean realizables, al reducir los costes de transacción y producción. Por lo tanto, las instituciones jurídicas, políticas y económicas son fundamentales en la matriz institucional para determinar el desarrollo económico. Los mercados se sustentan, protegen y legitiman mediante instituciones, tanto formales como informales, como es el caso de los códigos legales o las constituciones, para los primeros, o los códigos de conducta y la tradición, para los segundos.
Pero ahí no acaba la historia. El comercio a larga distancia y los beneficios que de él se derivan fueron posibles gracias a las instituciones, ya que la negociación y el cumplimiento de los contratos en regiones ajenas del mundo requirieron el desarrollo de ciertos códigos de conducta estandarizados, leyes e incluso pesos y medidas, que hicieron posible la realización de transacciones y el comercio internacional de forma efectiva (Rodrik, 2011).
En cuanto a las instituciones jurídicas, observamos una diferencia crucial al estudiar los efectos económicos divergentes de las distintas tradiciones jurídicas como la del Common Law frente al Civil Law. Mientras que el Common Law está formado por jueces de apelación que establecen precedentes mediante la resolución de disputas legales, el Civil Law se basa en los códigos legales establecidos y en los estatutos como medio principal para ordenar el material legal. Mientras que la primera de estas tradiciones es común en los países de tradición anglosajona, la segunda es la más antigua e influyente, relacionada sobre todo con los países europeos, africanos y latinoamericanos.
La Porta et al. (2008) han documentado empíricamente que las leyes de los países de la Common Law eran más protectoras de los inversores internacionales que las de los países de derecho civil, siendo la protección legal de los inversores un fuerte proxy histórico del desarrollo financiero. Las instituciones relacionadas con la propiedad y la regulación gubernamental también desempeñan un papel decisivo por su impacto en los mercados, estando los países con tradición de Common Law asociados con una aplicación más eficiente de los contratos, mercados laborales más flexibles y una mayor protección de los derechos de propiedad, en contraste con los países de tradición de Civil Law. La Teoría del Origen Legal muestra que estas dos tradiciones legales tienen puntos de vista subyacentes diferentes en cuanto al control social de la vida económica, y mientras el Common Law busca apoyar los resultados del mercado privado, el Civil Law busca reemplazar esos resultados con asignaciones forzadas deseadas por el Estado. Por tanto, podríamos decir que mientras el Common Law tiene una tradición más de “apoyo y protección del mercado”, el Civil Law está más orientado a la formulación de políticas intervencionistas.
A lo largo de la historia, las instituciones políticas de gobierno limitado han demostrado apoyar sólidamente el crecimiento económico y el desarrollo, y según Glaeser et al. (2008) “el crecimiento reciente se ha acercado a un consenso intelectual de que las instituciones políticas de gobierno limitado causan el crecimiento económico”. Este punto de vista considera que las políticas favorables a la inversión y al crecimiento son una consecuencia de las restricciones políticas del gobierno. Glaser et al. (2008) muestran que los índices tradicionales de calidad institucional están fuertemente correlacionados entre sí, así como con los niveles de renta per cápita.
La evidencia presentada en su trabajo muestra una correlación significativa entre el crecimiento económico durante un periodo determinado y la valoración media de la calidad institucional medida como “restricciones al gobierno”, siendo esto: restricciones al ejecutivo, riesgo de expropiación o eficacia del gasto público. A medida que estas evaluaciones mejoran, la economía crece a mayor ritmo. Sin embargo, los autores no pueden confirmar la dirección de la causalidad y presentan una hipótesis alternativa que también podría apoyarse en estos resultados empíricos.
La teoría alternativa deriva de la hipótesis de Lipset, que puede resumirse en que el crecimiento y el desarrollo económico conducen a mejores instituciones políticas. Lipset (1960) apoyó la idea de que las personas educadas son más propensas a resolver los problemas a través de la negociación y la cooperación que a través de disputas violentas, mientras que la alfabetización fomenta la difusión del conocimiento. Esta teoría establece que las diferencias de los países en cuanto a sus reservas de capital humano y social determinan la divergencia de resultados en cuanto a la calidad institucional y el desarrollo económico.
Hay que tener en cuenta que, además de la educación para la formación de capital humano, Lipset (1960) también establece que la seguridad de los derechos de propiedad es una condición necesaria para apoyar la inversión y la formación de capital físico y, en consecuencia, el desarrollo económico a largo plazo. Glaeser et al. (2008) también apoyan este punto de vista, mostrando que a partir de 1900, para predecir el crecimiento económico, los niveles de capital humano son una mejor aproximación que las instituciones.
Sin embargo, también insisten en que las instituciones relacionadas con las restricciones gubernamentales son necesarias para el desarrollo económico y destacan cómo los países en desarrollo deben promover políticas económicas que garanticen los derechos de propiedad privada y sistemas legales fiables, en busca de una mejora institucional. Esta interpretación también es coherente con las pruebas presentadas por Alesina et al. (1996), que demuestran que la estabilidad política y jurídica predice el crecimiento económico a largo plazo.
Por otro lado, hay algunas instituciones que pueden perjudicar el crecimiento económico y el desarrollo. A estas se las ha denominado recientemente “instituciones extractivas”, un término ampliamente popularizado por Acemoglu y Robinson tras la publicación de su exitoso libro Why Nations Fail (2012). Según la teoría de Acemoglu y Robinson, las instituciones económicas extractivas van unidas a instituciones políticas extractivas, siendo ejemplos de ello Corea del Norte, China bajo el régimen de Mao o la Unión Soviética. En estos casos, el poder político está estrechamente y estrechamente mantenido, y este poder suele emplearse para enriquecer a las élites políticas y económicas del país, que suelen estar entrelazadas a través de conglomerados públicos en las principales industrias. Además, esta riqueza se utiliza posteriormente para afianzar su poder político.
El verdadero problema surge cuando los países se encierran en instituciones políticas, jurídicas y económicas extractivas. Las instituciones extractivas perjudican a la gran mayoría de la población, pero benefician a la élite que ostenta el poder político y legal. Un claro ejemplo de ello fue Zimbabue bajo el régimen de Mugabe. Si Zimbabue hubiera tenido instituciones inclusivas en ese momento, su desarrollo económico habría sido mucho más rápido y sus ciudadanos habrían disfrutado de un nivel de vida más alto. Sin embargo, Mugabe y la élite gobernante se beneficiaron de esas instituciones extractivas como un sistema legal politizado o medidas políticas autoritarias.
La historia ha demostrado que las instituciones extractivas conducen al declive económico, mientras que las instituciones inclusivas garantizan la prosperidad y el desarrollo, aunque sea a largo plazo. Acemoglu y Robinson (2012), a través de su teoría de las instituciones, han desarrollado una forma convincente de entender cómo las instituciones afectan al desarrollo económico, y por qué el hecho de que las instituciones políticas y jurídicas sean inclusivas o extractivas es importante para ese fin, apoyando su teoría con empirismo causal.
Para concluir, a lo largo de este texto hemos visto cómo las investigaciones existentes muestran que las instituciones políticas y jurídicas relacionadas con una mayor limitación y transparencia del gobierno son favorables al crecimiento y al desarrollo. Sin embargo, sigue sin haber una relación causal clara entre las instituciones y el desarrollo económico. Algunas investigaciones han demostrado que el capital humano, más que las instituciones, tiene un efecto causal sobre el crecimiento económico, siendo este crecimiento, el factor que conduce a un mayor desarrollo institucional. En este marco, como sostienen Lipset, Przeworski o Barro, las instituciones tendrían sólo un efecto de segundo orden sobre el desarrollo económico, viniendo el efecto de primer orden del capital humano y social disponible.
Álvaro Martín es licenciado de la Universidad de Harvard, con una maestría en administración de empresas de esta misma universidad. Comentarista puertorriqueño que ha trabajado para ESPN Deportes y NBA League Pass // Álvaro Martín is a graduate of Harvard University, with a master's degree in business administration from the same university. He is a Puerto Rican commentator who has worked for ESPN Deportes and NBA League Pass.