Las manifestaciones de Hong Kong evidenciaron en la región las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de China. Y ha sido la administración del presidente Donald Trump la que más ha respaldado a las víctimas y ha tomado decisiones contundentes al respecto, mientras que China, Cuba y Rusia son electos en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sobre la región de Xinjiang (Uyghuristan), Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo que las autoridades de Beijing estaban perpetrando «algo parecido a un genocidio con su trato a los musulmanes». China ha construido en esa región campos de concentración con el fin de sinicizar el Islam, una política de línea dura que los observadores denominan «genocidio cultural» contra el grupo minoritario de Turkic y donde la ONU estima que más de un millón de musulmanes se encuentran confinados.
Ante las constantes violaciones contra los derechos humanos cometidos por el régimen del Partido Comunista Chino, Estados Unidos impuso sanciones contra Chen Quanguo, alto cargo del partido gobernante en Xinjiang; Zhu Hailun, secretario del partido en el Comité Político y Legal de la provincia, y Wang Mingshan, secretario del partido en la oficina de Seguridad pública de Xinjiang y otros veinte políticos de alto nivel de Hong Kong, dentro de los que se encuentra Carrie Lam, cabeza del Ejecutivo.
Trump prohíbe importaciones desde Xinjiang
En junio la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizó incautaciones de «cantidades masivas» de productos para el cabello hechos con cabello humano proveniente de Xinjiang y accesorios sospechosos de ser productos de trabajo forzado, a lo que O’Brien agregó:
«Los chinos están literalmente afeitando las cabezas de las mujeres uigures y fabricando productos para el cabello y enviándolos a Estados Unidos».
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su gira por Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica ha calificado de «impactantes» e «inquietantes» los informes que evidencian la esterilización y aborto como imposición, planificación familiar obligada y la represión cultural y religiosa contra los musulmanes en Xinjiang por parte del régimen comunista chino.
Mientras Beijing flexibiliza los límites sobre el tamaño de la familia, en Xinjiang se están endureciendo dichos controles, imponiendo multas y otros tipos de sanciones a las parejas uigures que tienen más de dos hijos, o tres si viven en el campo. Según un informe de junio de Associated Press, en China las mujeres uigures son obligadas a ponerse dispositivos intrauterinos para así limitar el crecimiento de este grupo.
En su reciente edición, enfocada en las víctimas de Xinjiang, The Economist informa que «Los sobrevivientes han testificado sobre un régimen obligatorio de píldoras e inyecciones, tratamientos que reflejan los que se administran a disidentes y presos de conciencia en otras partes de China. Los detenidos se ven obligados declamar consignas como “Soy chino” y “Amo a Xi Jinping“. Algunas instalaciones simplemente obligan a los internos a permanecer sentados en taburetes todo el día, rodeados de guardias, y ver repetidas transmisiones de televisión sobre la importancia del Partido Comunista Chino y la grandeza del presidente chino».
Pese a esto, el pasado 13 de octubre 45 países, encabezados por Cuba, elogiaron al régimen Chino por «salvaguardar los derechos humanos de todos los grupos étnicos en Xinjiang». Según el régimen cubano, las acciones de China en Xinjiang no son una violación a los derechos humanos, sino que afirman son un esfuerzo por contener el extremismo islámico y el terrorismo en la región.
Este grupo de 45 países apoyaron a China haciendo énfasis en el progreso económico y aludiendo que estas minorías musulmanas gozan de felicidad plena en un ambiente de estabilidad y transparencia. No es la primera vez que Cuba encabeza la defensa de las acciones de Beijing. En julio de 2019, junto con otras dictaduras como Venezuela e Irán, respaldó una carta en la que rechazaban las denuncias de las víctimas y resaltaban la labor de Beijing en Xinjiang.
El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ha ampliado el alcance de sus relaciones con Beijing fuera del ámbito comercial, llevando incluso a países de Europa a reconocer la amenaza que representa el Partido Comunista de China y forjando una alianza en defensa de la democracia, haciendo que los derechos humanos y la seguridad nacional, sean prioridad a la hora de evaluar sus relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen chino.
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