El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi propuso dos alternativas para la Ley de Retiro Digno con la intención de que la Junta de Control Fiscal respalde la posición del Ejecutivo de cero recortes a las pensiones de los jubilados.
“Presento estas medidas como una solución al impasse actual. Que la junta insista de su parte en los recortes a las pensiones y en no brindar un retiro justo, a lo único que llevará es a un tranque en la reestructuración, que todos queremos, de la deuda. Por otro lado, mi exhortación a toda la comunidad de servidores públicos de Puerto Rico es que estas dos alternativas que presento hoy son mucho mejor a lo que la junta propone y es una solución realista ante la quiebra del Gobierno”, explicó el gobernador en un comunicado de prensa.
Estas dos alternativas surgen luego de que la junta federal impugnara la Ley 7-2021 en el Tribunal Federal. Además de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una demanda contra el gobernador Pierluisi y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
Dos alternativas para cero recortes en las pensiones
La primera de las dos alternativas se llama “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”, la cual se alínea a la política de no reducir las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal de Titulo III.
Consiste en tratar las obligaciones de pensiones a través del proceso presupuestario y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley PROMESA —Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, por sus siglas en ingles—.
“A esos fines, se propone enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año”, explica el comunicado.
Dicho proyecto tendrá un impacto fiscal de $1,500 millones por los próximos 20 años.
“Básicamente le estamos diciendo a la Junta que respetamos la prioridad de pago que tendrá la deuda reestructurada en el proceso de quiebra, y que las pensiones vendrían por encima de las demás prioridades, elevando la prelación de pago a las pensiones como política pública”, expuso el gobernador Pierluisi.
Por otra parte, la segunda de las dos alternativas propone proteger las pensiones de aquellos empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el Gobierno de Puerto Rico, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida.
Llamada “Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa”, pretende que esos empleados tengan el derecho al pago de una pensión equivalente a 50 % de su salario cuando se retiren del servicio público.
Se estima que 38,000 servidores públicos se beneficiarían de esta medida.
“Esta medida atiende a todos esos servidores públicos que entraron antes del 2000 con las expectativas de una pensión justa y razonable, pues les brinda una compensación de un 50 % de su sueldo. El costo estimado es de poco más de $2,000 millones a lo largo de los próximos 20 años, unos $100 millones anuales. Esto es una cantidad sostenible a base de las proyecciones de recaudo que espera el gobierno, por lo que se puede solventar”, indicó Pierluisi.
El gobernador instó a los presidentes de los cuerpos legislativos a atender la protección de las pensiones públicas en la Sesión Ordinaria que comenzará el próximo mes de agosto.
De la misma manera, el comunicado indica que Pierluisi dirigió una misiva a los miembros de la Junta y a su directora ejecutiva Natalie Jaresko, en la que les solicita que “evalúen las dos alternativas de forma objetiva para lograr un acuerdo que sea fiscalmente responsable y que proteja a los pensionados”.
