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Recordemos que Colombia a finales de 2019 hasta el primer bimestre del año pasado, en el país tuvieron lugar numerosas protestas, aunque no consecutivas, todas ellas contra el presidente Iván Duque, pero lo significativo de estas es que fueron extremadamente violentas y coincidieron con una suerte de sincronía con las protestas de la misma naturaleza destructivas y caóticas que ocurrieron tanto en Ecuador como en Chile.
Por ello, el matón de Diosdado Cabello —el número 2 de la narcotiranía-neocomunista venezolana— aseguró que se trataba de una “brisa bolivariana”. Dicha declaración resultó clave, pues, la simultaneidad y sincronía de las protestas en los precitados países, dio claras luces que se trataba de la materialización de una agenda, una suerte de plan articulado y financiado desde Caracas por parte de la izquierda castrista, vale decir, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla en coligación con sus operadores internos en Colombia, como los guerrilleros de las FARC y la “Colombia Humana” del exguerillero del M19, Gustavo Petro, vale acotar que el M19 está vigente y convertido en una célula de terrorismo urbano.
Este nuevo ciclo de protestas de 2021 se inició, cuando torpemente el mandatario Iván Duque, tal vez, el único jede de Estado en todo el mundo que en medio de la pandemia del virus chino se atrevió presentar ante el Parlamento de su país un proyecto de reforma tributaria, al que llamó “transformación social solidaria”.
Lógicamente, la iniciativa buscaba aumentar la capacidad de recaudación de fondos por parte del Estado para garantizar la gratuidad de la educación en los grupos sociales más desfavorecidos, impulsar el proyecto empleo juvenil y atender la contingencia del sector salud.
Lo cierto del caso, es que la economía de Colombia, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, han experimentado una severa contracción producto de las cuarentenas o restricciones, a lo que siguió el cierre de comercios y despidos de trabajadores, en crudo toda una verdadera debacle económica que se suma a la crisis sanitaria. Por ello, la propuesta de reforma tributaria de Duque, por más que la edulcorara, no fue bien recibida por la inmensa mayoría de la población colombiana.
Dicho descontento generalizado se transformó en el caldo de cultivo perfecto para que los izquierdistas castro-chavistas aprovecharan el paro y las manifestaciones pacíficas para tornarlas violentas y vandálicas. Una suerte de hordas salvajes que arrasaron todo a su paso en Bogotá, además de Medellín, Manizales y Cali. Finalmente, un Duque derrotado, sucumbió ante los manifestantes retirando el proyecto del Congreso y aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda.
Pero esto deja importantes lecturas. La primera de ellas, si bien es cierto que la protesta siempre y cuando sea pacífica es legítima, propia de todo sistema democrático que se precie como tal, resulta absolutamente inaceptable que un puñado de cientos o tal vez miles de sujetos destruyan propiedad privada o pública como parte de su manifestación. Menos aún, atacar con armas de fuego puestos de policía, pues, el uso de la violencia es monopolio del Estado y quien la ejerza contra la Fuerza Pública constituye un crimen, por lo que deben ser sometidos a la Justicia.
En segundo lugar, levantando la mirada, más allá de la muy lamentable y triste situación que vive Colombia hoy, observamos que las mafias enquistadas en los aparatos estatales de Cuba y Venezuela (cartelizadas en espacios políticos como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla) no les conviene una situación de paz ni normalidad.
Esto permitiría —como debe ser— que los gobiernos democráticos tanto de la región como del resto del mundo libre, ejercieran todos los mecanismos diplomáticos, políticos y económicos que les permita liquidar el accionar de estos gobiernos que no son más poderosos actores del crimen trasnacional organizado que controlan tiránicamente el poder político en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, configurando así nítidos casos de narco-pretorianismo-neocomunista.
Finalmente, al quedar la atención focalizada a coyunturas y no en las problemáticas estructurales como las ya citadas, favoreciendo completa la agenda estratégica del castro-chavismo, como muy bien lo sintetizó Carlos Sánchez Berzain: “retener el poder a toda costa, desestabilizar y conspirar contra los que lo señalan de dictadura, politizar sus actos criminales y negociar donde Cuba que es el jefe de esta pandilla aparezca como mediador”.
El desafío de la democracia liberal es defenderse y actuar decidida y directamente contra el modelo “mafiocrático” emergido de La Habana.
Nahem Reyes is a PhD in history from the Andrés Bello Catholix University and associate member of the American Studies Center of the Central University of Venezuela. // Nahem Reyes es doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro asociado del Centro de Estudios de América de la Universidad Central de Venezuela.