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EEUU acusa a extesorera de Hugo Chávez por soborno y lavado de dinero

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El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de los delitos de “soborno y lavado de dinero”, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Ambos fueron acusados de su presunta participación en una “trama de lavado de dinero y cambio de moneda” por valor de “miles de millones de dólares”, señaló el organismo en un comunicado.

La acusación sustitutiva sobre los venezolanos Díaz Guillén, de 47 años, y Velásquez Figueroa, de 41 años, ambos residentes en Madrid (España), fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y otros dos por “blanqueo de capitales”.

La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén, y a Velásquez, en beneficio de ella “para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables”.

Gorrín, señala la acusación, “transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda”.

El empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de los mismos cargos de “conspiración para lavado de dinero” y “lavado de dinero”.

Por su parte, Andrade Cedeño, de 56 años, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su “participación en la conspiración para cometer lavado de dinero”.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados “a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.

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