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El engaño del legalismo socialista en Cuba

Al régimen castrista se le están acabando los trucos en su intento de mantenerse en el poder

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El socialismo en todas sus variantes (comunismo, fascismo, etc.) ha disfrazado siempre, de manera innata y consistente, su orden dictatorial detrás de una estructura formal “legal”. El hecho de que tenga una cobertura jurisprudencial y que se racionalice con una moral sesgada, no lo hace moral, justo, o de alguna manera conectado con la noción republicana del Estado de derecho. El comunismo cubano se encuentra bajo la amenaza sistémica de las inminentes y masivas protestas populares convocadas para mediados de noviembre y de una huelga general que detonará sin fecha definida. Entre su armamento estratégico para la supervivencia del régimen está la argucia del legalismo socialista.

La Asamblea Nacional de Cuba comunista aprobó el jueves 28 de octubre un supuesto conjunto de “reformas” a los códigos penal y judicial del régimen castrista. Estas alteraciones, que entrarán en vigor el 1 de enero, según sus proponentes, están diseñadas para ampliar los derechos legales del pueblo cubano. Los jueces y legisladores de la dictadura marxista-leninista argumentan que estos “cambios” se derivan de la constitución socialista enmendada en 2019 y que mejorarán los defectos inherentes al sistema castrocomunista. Hay cuatro aspectos de estos supuestos ajustes judiciales y penales que han recibido especial atención.

Los funcionarios del régimen castrista se refieren a este chanchullo como una “modernización” de su ordenamiento jurídico socialista. Los cuatro puntos principales que la dictadura cubana está exhibiendo son (1) que se notifique a los acusados de los posibles cargos que se les imputan y que se conceda a los detenidos el derecho a un abogado en las 24 horas siguientes a su detención; (2) que los ciudadanos puedan acceder a sus propios expedientes penales y documentos judiciales; (3) el “derecho” contra la autoinculpación; y (4) que los detenidos tengan presunción de inocencia. Mientras que estos factores están intrínsecamente incorporados en los códigos constitucionales, legales y penales de los modelos de autogobierno democráticos legítimos, ya que están vinculados epistemológica y éticamente a los preceptos preordenados del Derecho Natural, en los regímenes comunistas las consideraciones sobre una “reforma” del código judicial y penal, operan dentro de los sistemas de legalismo socialista que están subyugados al dominio político. En otras palabras, son irrelevantes.

Hay más de 612 personas, en su mayoría jóvenes, que siguen detenidas por haber participado en las masivas manifestaciones públicas del 11 de julio (11-J) pidiendo el fin de la tiranía comunista. Muchos de ellos han sido absurdamente acusados de “sedición”. 75 de los encarcelados se enfrentan a penas de entre 13 y 27 años de prisión. Sus edades oscilan entre los 16 y los 21 años. El hecho de que el castrocomunismo considere como “sedición” las expresiones públicas de descontento y los llamamientos al cambio político, debería asegurar a cualquiera el alcance limitado de cualquier propuesta de “modernización”.

Al régimen castrista se le están acabando los trucos en su intento de mantenerse en el poder. Son numerosas las maniobras de liberación en las que está empeñado el pueblo cubano en la Isla. La Marcha Cívica por el Cambio prevista para el 15 de noviembre y el paro nacional pendiente son sólo dos proyectos. La concienciación del pueblo de Cuba está correctamente enfocada en la raíz del problema. La tiranía comunista tiene que desaparecer. No hay nada más que hacer. Como dijo el héroe nacional de Cuba, José Martí, en Escenas Norteamericanas, “No hay tirano que afronte a un pueblo en pie”.      

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