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Elecciones en EEUU: los medios contra la libertad de expresión

Una estrategia muy bien calculada en la que no importa tanto la verdad, sino esa parte de la verdad que puede contribuir a liquidar a Trump

El poder mediático lo tiene claro: la negativa de Donald Trump a aceptar el resultado de las elecciones debe convertirse en una nueva arma para desautorizar al presidente. A tal efecto, ha lanzado una concertada campaña de desinformación y propaganda cuyo objetivo es encubrir las investigaciones en marcha sobre un posible fraude electoral.

El panorama es de todo punto vergonzoso. Los medios de comunicación vinculados al Partido Demócrata, es decir, prácticamente todos salvo honrosas excepciones, están desempeñando un papel central en la estrategia de intoxicación informativa y agitación callejera puesta en marcha desde que proclamaron presidente a Joe Biden, de manera ilegítima, antes de verificar los resultados.

A través de la desinformación, la mafia mediática construye una narrativa que se consolida entre los lectores adocenados como creencia religiosa. El mensaje que predomina en la opinión pública norteamericana es inequívoco: Trump se niega a aceptar el resultado, obstaculiza la transición de poderes y socava el sistema democrático.

Entre las noticias y artículos de opinión que se han publicado en los últimos días podrían destacarse tres, especialmente manipuladores contra el Estado de derecho: “William Barr autoriza a los fiscales a investigar el fraude electoral, a pesar de la falta de pruebas” (CNN); “Barr aprueba investigaciones sobre irregularidades en la votación a pesar de la falta de evidencia de fraude masivo” (USA TODAY); “en un torrente de falsedades, Trump afirma que las elecciones están siendo robadas” (The New York Times).

En una clara operación de descrédito institucional contra el tercer poder del Estado, CNN, USA TODAY y The New York Times, ponen en duda la labor del procurador general, William Barr quien, desde la independencia del ministerio fiscal, tiene la jurisdicción exclusiva de investigar las denuncias de mala conducta criminal por parte de los jueces federales, además de supervisar la investigación y el enjuiciamiento a nivel nacional de los delitos electorales.

¿Cómo es posible que estos medios hayan fabricado un mensaje sectario que distorsiona la realidad, si las leyes y la Constitución están del lado de las instituciones encargadas de velar por la buena praxis del proceso electoral?

Apagón informativo

Estados Unidos sufre una de las peores crisis institucionales de su historia. Y los grandes oligopolios mediáticos, en lugar de cumplir con la función reservada a la prensa en las sociedades libres: fiscalizar el poder y velar por el buen funcionamiento del sistema democrático, con calculada desidia se dejan comprar y devienen maquinarias de agitación al servicio de un grupo de poder con una agenda muy bien definida que intenta subvertir por cauces no democráticos las garantías constitucionales de la sociedad norteamericana.

A medida que pasan los días, se van conociendo más detalles sobre presuntas irregularidades en el marco de las elecciones. Algunos funcionarios a cargo de la supervisión presumen que detrás de este fraude podría estar el Partido Demócrata. Ante este escándalo gigantesco, los principales medios deberían estar informando de manera prudente sobre las demandas judiciales que se llevan a cabo en cada uno de los Estados claves en disputa, para garantizar a los estadounidenses la transparencia e integridad de las elecciones. Pero no es así. Pareciera que existe temor a que otra verdad termine imponiéndose.

Ni las cadenas NBC, ABC y CBS -incluso Fox News, prácticamente la única referencia con que contaba el Partido Republicano- ofrecen absolutamente nada sobre el tema en sus parrillas informativas, convirtiéndose en la representación misma del descredito de la profesión periodística.

El apagón informativo de esta operación concertada no tiene precedentes. Hasta el punto de que la semana pasada la mayoría de las cadenas decidieron interrumpir, en horario de máxima audiencia, la retransmisión de la comparecencia del presidente, Donald Trump, desde la Casa Blanca, cuando el mandatario alertaba de la posibilidad de un “robo” en las elecciones.

Su doble vara de medición los delata: visibilizar al máximo la interferencia rusa, pero ocultar las acusaciones sustanciales de irregularidades originadas a causa del masivo voto por correo que ellos mismos se prestaron a justificar hasta la saciedad por la pandemia.

Estos medios, al servicio de oscuros intereses económicos y políticos, han perpetrado un increíble atentado contra el sistema democrático: dar por ganador a un candidato en unas elecciones en las que aún no ha terminado el recuento electoral y en la que los resultados no son aún confiables. Pero ninguno, hasta ahora, ha pedido disculpas.

El debate sobre el papel de la prensa y sobre la credibilidad que merecen sus informaciones sobre el proceso electoral que tiene lugar en EE.UU., no ha hecho más que comenzar. Y no se trata de un caso aislado, sino de la crisis de reputación que sufren los periodistas -y también los encuestadores- que durante estos cruciales comicios ha alcanzado su nivel más alto.

A los hechos me remito. En la mayoría de los sondeos -promovidos por los principales medios- Biden partía como “super favorito” para ganar las elecciones. También aseguraban que Donald Trump perdería en los Estados claves y que las comunidades minoritarias de los EE.UU. le darían la espalda al presidente. Nada de ello pasó. El recuento de los votos continúa y la narrativa de los periodistas que se prestaron para deformar la realidad y crear una utopía propagandística, se desacredita con el paso de los días.

El corresponsal de Fox News, Brian Flood, (tal vez uno de los pocos profesionales que ha optado por expresarse con libertad), ha señalado que más allá de quién gane las elecciones presidenciales, nunca “hubo una ola azul, no hubo una oleada abrumadora contra Trump y el presidente actual no fue rechazado como un fanático racista”.

Si la instrumentalización del Estado de derecho es la gran basa de los medios para ponerlo al servicio de sus intereses y expectativas electorales, el pánico infundado por el Coronavirus es la gran tapadera para ocultar las supuestas violaciones en el sistema electoral.

Conspiración mediática

Los directores de los medios que forman parte de esta conspiración mediática “campeones de la independencia periodística” aseguran no defender interés innoble alguno, sino el fin más altruista posible: salvar a los estadounidenses del empeño de Trump y los republicanos de socavar la confianza en el resultado de las elecciones.

El criterio de que cualquier medio vale para conseguir un fin ha sido aplicado sobre la base de una estrategia de deslegitimación cuyo mensaje se repite días tras día en todos los informativos: la resistencia de Trump de abandonar el poder está causando crispación en la sociedad y generando inestabilidad. Una estrategia muy bien calculada en la que no importa tanto la verdad, sino esa parte de la verdad que puede contribuir a liquidar a Trump e imponer la victoria de Biden.

Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, ha asegurado tener pruebas suficientes para demostrar que ha habido fraude electoral. “El margen en Pensilvania es de 41,000 votos, y ya hemos detectado 450,000 que están en duda. Nos referimos al voto por correo. No teníamos ni un observador para más de 350,000 votos enviados. Para verificar esos votos debe haber un republicano a un lado, un demócrata al otro y un delegado electoral delante. Enseguida se abre el sobre, se corrobora que es oficial y luego se coloca para que sea procesado por el distrito correspondiente. Si hay objeciones, un juez independiente decide qué hacer. Nada de eso ocurrió, por lo tanto, los votos han podido ser falsificados y entonces se habrá cometido un delito. Tenemos cientos de declaraciones firmadas, testigos y vídeos que lo prueban”, ha señalado Giuliani.

Asimismo, el equipo de abogados del presidente estrecha el cerco sobre la empresa “Dominion Voting Systems“, poseedora del monopolio del sistema electrónico electoral que se ha utilizado en varios estados donde se denuncia fraude en las elecciones estadounidenses de 2020.

El pasado viernes, Donald Trump señaló que “Dominion” supuestamente había eliminado 2,700,000 votos que le pertenecían en todo el país.

“El análisis de datos encontró que 221,000 votos de Pensilvania fueron cambiados de Trump a Biden. 941 mil fueron borrados. Estados que utilizaron el sistema de votación Dominion cambiaron 435,000 votos de Trump a Biden”, indicó el presidente a través de su cuenta en Twitter.

Un reportaje exclusivo publicado ayer por este medio pone al descubierto que el software que se utilizó para el sistema de voto electrónico en Michigan, Pensilvania y Wisconsin -estados donde el voto cambió sospechosamente de la noche a la mañana a favor de Biden- fue el de la compañía canadiense “Dominion Voting Systems”. El software en cuestión fue utilizado en 28 estados del país, incluidos varios de los swing states, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

En el informe de El American -el más completo que se ha realizado sobre la trama que vincula a las empresas tecnológicas del entorno chavista con el posible fraude electoral en EE.UU.- se recoge que en 2006 la congresista demócrata Carolyn Maloney solicitó una investigación al Departamento del Tesoro, tras la compra de “Sequoia” por parte de “Smartmatic”, empresa montada por tres venezolanos muy cercanos al dictador Hugo Chávez para amañar elecciones en el mundo. En declaraciones al New York Times, Maloney indicó: “El Gobierno debería saber quién posee nuestras máquinas de votación. Esta es una preocupación de seguridad nacional”.

El escándalo saltó en 2010 cuando se hicieron evidentes los vínculos de “Sequoia” con Hugo Chávez. Ese mismo año, en el marco de una suspicaz maniobra financiera, “Dominion Voting Systems” adquirió “Sequoia”. La operación le garantizaba aproximadamente el 20 % del mercado electoral americano.

Pero para los reporteros este no es un asunto que revierta gravedad. Sin molestarse por investigar a fondo cada una de las denuncias, para los medios de comunicación ninguna de las informaciones que salen a la luz son creíbles. Forman parte de las teorías de la conspiración orquestadas por Trump.

Juez y parte

Con su actitud, este grupo de medios complotados está utilizando el encumbramiento de “su verdad” para atemorizar a quien pretenda ejercer la libertad de información. Y con su posición están justificando, con una coartada profesional inadmisible, un estado de censura propio de regímenes autoritarios que fiscalizan al ciudadano con verdades oficiales.

La prensa no puede ser selectiva y no puede erigirse en juez y parte de lo que es verdad o no. Esta norma de elegir arbitrariamente lo que se debe emitir y publicar, no es un remedio contra la mentira sino una estratagema de abuso de poder contra el sistema democrático.

Los propietarios de las empresas desde las que se lleva a cabo esta operación debieran también decir algo sobre la instrumentalización política y el sometimiento ideológico de sus medios a las fuentes oficiales y a los poderes fácticos.

Hace algunos años atrás, este espectáculo de periodistas confabulados hubiese sido algo inimaginable en una democracia consolidada como la de EE.UU. y constituye una infamia para una profesión que basa su credibilidad en el rigor y en la independencia. Bajo el pretexto del “pluralismo” y la “libertad de expresión” disparan contra todo aquel que no se supedite a su periodismo de salvoconducto. Conviene recordar que hace 46 años, la prensa libre e independiente destapó el “Watergate”, hito del periodismo de investigación. Con este tipo de trabajo periodístico gana la democracia.

Aunque el derecho a la libertad de expresión se ejerce todos los días en la mayoría de las jurisdicciones de la vida social, es en los medios de comunicación donde adquiere su verdadera naturaleza. Por tanto, mientras más incierta sea su credibilidad y más sesgado sea su posicionamiento, más dañino es el impacto que causan sobre este derecho fundamental de las sociedades libres, como demuestra la posición que están asumiendo una inmensa mayoría de los medios -liberales y conservadores- con respecto a la negativa de defender la integridad en el resultado de estos cruciales comicios.

La fabricación y el consentimiento de falsedades deberían ser incompatibles con el código ético de los partidos políticos, de sus voceros, de los grupos mediáticos, de las plataformas de Internet y de las redes sociales. Cualquier perversión de la información con el propósito de confundir a los ciudadanos debe ser sancionada.

Los estadounidenses requieren del ejercicio de un periodismo de investigación riguroso, que se convierta en altavoz de una sociedad civil que necesita confiar en las instituciones como salvaguarda del buen funcionamiento del sistema democrático. Y la prensa debería ser la primera en dar ejemplo.

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