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Joyas, viajes y artículos de lujo: 5 empleados del IRS acusados ​​de fraude a programas federales por COVID-19

IRS, El American

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El Departamento de Justicia (DOJ) informó este martes que cinco empleados y exagentes del IRS enfrentan cargos por participar en un esquema de fraude contra dos programas de estímulo federal: el Programa de Protección de Pagos (PPP) y el Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).

Los documentos judiciales indican que los demandados habrían obtenido fondos de los programas PPP y EIDL al presentar solicitudes de préstamo falsas y fraudulentas, saqueando más de $1 millón colectivamente.

Los fondos de de los préstamos fueron utilizados posteriormente para fines no autorizados, como la compra de automóviles de lujo, joyería y viajes personales a Las Vegas.

El fiscal general adjunto de la división criminal del DOJ, Kenneth A. Polite Jr., dijo en un comunicado que los acusados “abusaron de la confianza” de la ciudadanía. “La División Criminal se compromete a salvaguardar la confianza del público y a proteger los programas de ayuda ante la pandemia para el pueblo americano”, dijo Polite.

¿Quiénes son exempleados del IRS acusados?

Brian Saulsberry (46), exanalista de Riesgos y Evaluación de Programas en la Oficina de Capital Humano del IRS en Memphis, Tennessee, está acusado de dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero.

Según la acusación formal, Saulsberry presentó cuatro solicitudes fraudulentas del Programa EIDL, buscando al menos $501,400 en préstamos del Programa EIDL y obteniendo $171,400 en total. Saulsberry supuestamente gastó una parte de los fondos en un Mercedes-Benz y depositó fondos adicionales en una cuenta de inversión personal.

Courtney Quinshe Westmoreland (38) trabajó como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversión y Salarios del IRS en Cordova, Tennessee, y está acusada de tres cargos de fraude electrónico.

La acusación indica que Westmoreland presentó múltiples solicitudes fraudulentas del Programa PPP y EIDL en nombre de una supuesta empresa de ropa, para la cual buscó al menos $32,500 en préstamos y obtuvo $11,500.

Westmoreland supuestamente usó estos fondos para servicios personales, incluyendo manicuras y masajes, y para comprar ropa de lujo. Mientras era empleada del IRS, presentó solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo al Departamento de Trabajo de Tennessee, en las que afirmaba que no estaba empleada por el Gobierno federal, por lo que recibió unos $16,050.

Fatina Hewitt (35), quien trabajó como asistente de administración y programas en tecnología de la información del IRS en Olive Branch, Mississippi, está acusada de un cargo de fraude electrónico por presentar múltiples solicitudes fraudulentas del Programa EIDL en nombre de una supuesta empresa de moda, buscando $338,900 en préstamos del Programa EIDL y obteniendo $28,900.

Los documentos judiciales alegan que Hewitt gastó el dinero del préstamo en ropa Gucci y en un viaje a Las Vegas. El 4 de octubre de 2022, Hewitt se declaró culpable por defraudar al Estado.

Roderick DeMarco White II (27), quien trabajó como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversión y Salarios en el IRS de Memphis, está acusado de un cargo de fraude electrónico por presentar cuatro solicitudes fraudulentas de los programas PPP y EIDL en nombre de un supuesto negocio de ropa, buscando $113,311 en préstamos y obteniendo $66,666.

White supuestamente gastó los fondos del préstamo en artículos personales, incluida una cartera de Gucci. White también se declaró culpable de fraude el 25 de agosto de 2022.

Por último, Tina Humes (56), exasistente principal de administración y programas en la Oficina de Capital Humano del IRS en Memphis, está acusada de un cargo de fraude electrónico por cuatro solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL, buscando $133,812 en préstamos y obteniendo $123,612.

Humes supuestamente gastó los fondos en joyas y viajes a Las Vegas y se declaró culpable de fraude el 27 de julio de 2022.

De acuerdo con el DOJ, cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y la pena máxima por cargos de lavado de dinero es de 10 años. Un juez federal determinará las penas para cada uno de los acusados.

Tomás Lugo, journalist and writer. Born in Venezuela and graduated in Social Communication. Has written for international media outlets. Currently living in Colombia // Tomás Lugo, periodista y articulista. Nacido en Venezuela y graduado en Comunicación Social. Ha escrito para medios internacionales. Actualmente reside en Colombia.

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