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Estado de emergencia: una amenaza para las libertades individuales

En el crucial debate entre la libertad y la seguridad, la sociedad civil deberá apostar por un punto de equilibrio entre una seguridad que nos protege y que, al mismo tiempo, sea capaz de hacernos libres

Una de las lecturas más claras que está dejando la gestión de la pandemia del Coronavirus es que, por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de gobiernos a nivel mundial se han alineado para utilizar la lucha contra el virus como pretexto para coartar libertades.

Nunca esta confabulación planetaria fue posible porque el éxito de un gobierno para luchar contra una enfermedad de esta naturaleza dependía de su capacidad para adelantarse a los acontecimientos, de la manera en que éste organizaba sus recursos para hacer frente a la de crisis sanitaria, y, sobre todo, de su liderazgo claro para saber unificar recursos públicos y privados en función de un interés general amenazado, siempre respetando los derechos y voluntades de la sociedad que defendían.

Pero en el mundo globalizado de nuestro tiempo, comienzan a percibirse otros mecanismos de poder más solapados que establecen el control de los ciudadanos sobre la base de las restricciones de sus derechos fundamentales.

En el mes de octubre de 2019, tan sólo dos meses antes de que el gobierno chino admitiera el primer contagio de Covid-19 en Wuhan, Nueva York acogió bajo el nombre de “Event 201” una curiosa reunión cuyo plato fuerte fue la coordinación de un simulacro para saber reaccionar ante una posible pandemia planetaria causada por un virus desconocido. Entre los organizadores del evento se encontraban el “Johns Hopkins Center for Health Security”, la “Bill & Melinda Gates Foundation” y el “World Economic Forum“.

A juzgar por las declaraciones de algunos expertos que asistieron al evento -figuras acreditadas en salud publica en representación de diferentes gobiernos y empresas globales- el objetivo de los patrocinadores era ofrecer recomendaciones para combatir la pandemia en todos los frentes. Una tarea que, en su opinión, requiere de una estrecha colaboración entre las diferentes administraciones y compañías privadas para garantizar el suministro de medicamentos y mercancías.

Sin embargo, durante las sesiones de este simulacro de emergencia trascendieron una serie de orientaciones precisas que llamaron la atención de los analistas, especialmente por la naturaleza totalitaria de las mismas. Para hacer frente a una crisis sanitaria, los organizadores aconsejaron suspender las redes sociales con el fin de evitar informaciones falsas. Y en su defecto, ofrecer a través de los medios de comunicación partes informativos seleccionados con noticias celosamente aprobadas por los organismos oficiales.

Es decir, un poder supranacional sería el encargado de monitorear el estado de emergencia global. Bajo un mecanismo de consentimiento y siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Saludo (ONU), el programa “Event 201” sugería que el mundo debería dirigirse hacia una centralización en la toma de decisiones, por encima de los Gobiernos nacionales.

Dadas las expectativas que había generado la cita, su resultado ofreció más dudas que certidumbre.

Tras haber superado la etapa de la dramática embestida de la pandemia y después de meses de enconado debate, que ha polarizado a la opinión pública mundial, los ciudadanos quieren saber cuáles son los límites del estado de alarma y de los poderes del Gobierno.

Existen motivos suficientes para tomarse en serio esta crisis sanitaria que sólo en EE.UU. ha registrado más de 12 millones de personas contagiadas y 257 mil muertes desde el comienzo de la pandemia. Pero de ahí a lanzar cifras y mensajes apocalípticos para que el miedo y las restricciones ganen terreno, no ayuda en nada a preparar a la población para luchar de manera efectiva contra el virus sin afectar sus derechos fundamentales.

Abuso de poder
Estado, Michigan, Gretchen Whitmer
Para hacer frente a una crisis sanitaria, los organizadores aconsejaron suspender las redes sociales con el fin de evitar informaciones falsas. (Flickr)

En Michigan, sin aprobación legislativa, la gobernadora Gretchen Whitmer no sólo impuso una medida que le otorga poderes plenos para cerrar por completo la industria del automóvil -que representa el 20% del producto estatal bruto de Michigan y el 14% de su fuerza laboral-, sino que además, desde que comenzó la pandemia ha suspendido todos los trabajos relacionados con el sector minorista, servicios, construcción, así como la mayoría de las actividades recreativas y de esparcimiento, permitidas en otros Estados.

La forma en que la gobernadora puso en marcha este estado de emergencia comenzó a suscitar muchas dudas entre los constitucionalistas. Con la casi la totalidad de los ciudadanos de Michigan recluidos en sus casas -a excepción de los que se dedican a los servicios esenciales-, con una Legislatura desmovilizada que no puede cumplir su función de control al Gobierno, y el ejercicio de los medios de comunicación limitados ante la exigencia de cumplir la distancia social que obliga muchas veces a realizar ruedas de prensa on line con mensajes oficialmente preparados, poco margen ha tenido la opinión pública durante estos largos meses para cuestionar la labor del Ejecutivo de Whitmer.

El pasado 3 de octubre, la Corte Suprema de Michigan invalidó las órdenes de la gobernadora de extender el estado de emergencia. Según los legisladores, la medida de Whitmer representaba un ejercicio inconstitucional de abuso de poder en toda regla. Y para demostrarlo el Alto Tribual citó la “Ley de Manejo de Emergencias de 1976” que establece que después de 28 días, la máxima autoridad del Estado debe emitir una orden ejecutiva para darla por terminado.

Con una desafiante actitud para continuar con el mando único y anular el papel de la más alta instancia judicial del Estado, la gobernadora aseguró que continuaría utilizando los poderes de emergencia por lo menos 21 días más hasta que entre en vigor la sentencia.

Whitmer no ha aclarado aún hasta cuando se mantendrá la situación de excepcionalidad, al advertir que las medidas de respuesta que ha puesto en marcha bajo el pretexto de controlar la propagación de Covid-19 podrían extenderse bajo procedimientos alternativos de autoridad, lo que supone un dictamen tan autoritario como salpicado de inconstitucionalidad.

Paradójicamente, Michigan es el estado que ha sufrido y sufre las mayores restricciones a las libertades, el que mayor freno ha puesto a la actividad económica y es uno de los que peores resultados arroja en la gestión contra la pandemia. Es la inconsistencia de un ejecutivo más entregado a las consignas políticas que a la gestión.

En honor a la verdad, durante todo este tiempo la gobernadora Whitmer no ha podido demostrar ni una sola norma que permita garantizar una respuesta eficaz contra el virus, más que la ambición de querer imponer una emergencia para gobernar sin tener que dar explicaciones.

Por su parte, los gobernadores de los estados de Nueva York, California, Illinois y Delaware están también manejando el miedo público con medidas severas de confinamiento, con el propósito evidente de prolongar el poder intervencionista de sus administraciones para priorizar asuntos de corte socialista en detrimento de otros más orientados hacia la generación de empleo y la reactivación del tejido productivo.

Lo que para la Organización Mundial de la Salud debería ser el último recurso para frenar el avance de la enfermedad, se ha convertido en la principal arma política, si no la única, de estos gobernadores demócratas.

En cambio, lo que está pasando en estados como Texas y Florida debería ser materia de análisis donde, mediante una gestión gradual y ordenada de la pandemia, se ha conseguido estabilizar la incidencia del virus sin recurrir a confinamientos ilimitados y masivos. Méritos atribuibles a los gobernadores, Gregory Wayne Abbott y Ron DeSantis, a quienes se le ha acusado injustamente de primar la actividad económica sobre la vida humana.

Libertad y seguridad

La desproporcionalidad de muchas medidas tomadas arbitrariamente que limitan la libertad de millones de ciudadanos, apoyándose en estados de excepción encubiertos, restricciones de movilidad y controles sanitarios de dudosa acreditación científica, está generando una ola de confusión e incertidumbre con una carga psicológica evidente entre la población, pero también económica.

No existe ningún mandato dentro de la Constitución de EE.UU. que autorice a los gobernadores a imponer una medida tan severa durante tanto tiempo, sin un mínimo de control legislativo y sin ofrecer explicaciones convincentes.

Cuando los gobernadores Whitmer (Michigan), Cuomo (Nueva York) o Newsom (California) ofrezcan cifras reales de los recuperados, de los que han muerto por otras causas y no por el efecto secundario del Covid-19, del alcance real de las pruebas aleatorias atendiendo a la población censada en cada uno de los territorios, se podrá valorar la eficacia del estado de emergencia que ellos mismos han establecido.

La pregunta es si estas tendencias gubernamentales de control de la población marcan una nueva era de gobernanza mundial o son un fenómeno transitorio. A diferencia de lo que sucede en los regímenes totalitarios, en un Estado democrático de Derecho el ejercicio del poder es limitado.

El libro “La gran mascarada”, de Jean François Revel, abunda en reflexiones que ayudan a comprender la deriva totalitaria del intervencionismo del Estado utilizando el modelo comunista como ejemplo.

“La genialidad del comunismo ha residido en autorizar la destrucción de la libertad en nombre de la libertad (…) El totalitarismo más eficaz, y por ello el único presentable, el más duradero, no fue el que realizó el Mal en nombre del Mal, sino el que realizó el Mal en nombre del Bien”.

¿Podríamos estar amenazados por una tendencia creciente de estatismo autoritario, que utiliza también el Covid-19 como tapadera para esconder el desastre de la gestión pública? A jugar por los hechos, todo parece indicar que sí.

Los gobernadores de Michigan, Illinois, Nueva York y California llevan más de seis meses justificando sus medidas de emergencia sin que los datos de contagio por Coronavirus hayan mejorado y sin aportar un solo testimonio fehaciente que demuestre que a nivel de todo el Estado su gestión haya sido suficientemente correcta.

Demasiado tiempo como para que estos gobernantes proclives al victimismo y a controlar de manera arbitraria a las más altas instancias judiciales para encubrir todos sus posibles despropósitos en la lucha contra la pandemia, les impulse a sustituir paulatinamente un régimen de libertades por otro intervencionista y autoritario que busca desactivar los mecanismos de control constitucional al poder político.

El Covid-19 representa ya una enorme tragedia para la humanidad y nadie puede sentirse satisfecho con tantos fallecidos en el mundo, pero no todos los lideres políticos presentan el mismo balance en su gestión a la hora de luchar contra esta controversial enfermedad, respetando las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el crucial debate entre la libertad y la seguridad, la sociedad civil deberá apostar por un punto de equilibrio entre una seguridad que nos protege y que, al mismo tiempo, sea capaz de hacernos libres. Y en este desafío los estados democráticos se juegan su credibilidad y su futuro.

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