Lisie Burgos Muñiz, representante del partido Proyecto Dignidad ante la Cámara, radicó este lunes una medida para evitar que los patronos pidan evidencia de vacunación en Puerto Rico.
La Resolución Concurrente de la Cámara 32, propuesta por Burgos Muñiz, pretende eliminar las Órdenes Ejecutivas OE-2021-058, OE-2021-062, OE-2021-063 y OE-2021-064 relacionadas a la vacunación compulsoria emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi.
Evitar que pidan evidencia de vacunación, mas no el uso de mascarillas
La también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, indicó mediante sus redes sociales que de aprobarse la resolución se suspendería la obligación de los patronos, públicos y privados, de exigir a sus trabajadores evidencia de vacunación o resultado negativo semanal de Covid-19. Así como, la obligación de los comercios de exigir evidencia de inmunización o prueba negativa a sus clientes.
Criticó que las mencionadas Órdenes Ejecutivas imponen un ambiente de segregación entre los ciudadanos de Puerto Rico. “Es irrazonable que a los vacunados no se les exija una prueba negativa en sus trabajos o en los comercios, cuando sabemos que los vacunados también pueden contagiarse y transmitir el virus. Un vacunado puede contagiarse en su trabajo o en un negocio, y luego transmitir el COVID-19 a un familiar en su casa, independientemente si dicho familiar se encuentra o no vacunado”, resaltó.
“Por esta razón, las Órdenes Ejecutivas del gobernador no buscan detener el contagio, más bien son órdenes coercitivas para presionar a la ciudadanía a vacunarse. Me reitero que gobernar a través de la coerción y la intimidación es muy peligroso para nuestra democracia”, añadió.
Burgos Muñiz precisó que su Resolución deja intacta la Orden Administrativa 512 del Departamento de Salud. “Esto significa que toda operación privada o pública, en lugares cerrados, continuará exigiendo a sus visitantes el uso de mascarilla, independientemente estos se encuentren vacunados o no. Por otro lado, en lugares abiertos, todas las personas, vacunadas y no vacunadas, deberán utilizar mascarilla cuando no puedan guardar el distanciamiento social de seis pies. De esta manera brindamos a la ciudadanía una medida de protección más razonable contra el Covid-19”, expuso.
En agosto, la legisladora del partido Proyecto Dignidad calificó las medidas como “dictatoriales”. “Nos resulta sumamente alarmante que el gobernador continúe con la triste saga de Órdenes Ejecutivas dictatoriales que atentan contra los derechos y las libertades de los puertorriqueños. Con esta nueva Orden Ejecutiva, el gobernador continúa limitando la capacidad de las personas de llevar el sustento a sus hogares a través del trabajo, imponiendo condiciones onerosas dirigidas a obligar a toda la fuerza laboral a vacunarse, destruyendo la salud mental y la economía de Puerto Rico”, expresó Burgos Muñiz.
