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En los casi catorce años que Evo Morales estuvo de presidente vía el MAS (Movimiento Al Socialismo), la convergencia de política, ideología y criminalidad se consolidó en Bolivia. Es lo que se ha llamado como el «narcosocialismo».
Y es que en suelo boliviano no solo se desplegaron acciones delictivas y corruptoras, también se persiguieron objetivos ideopolíticos como acompañantes estratégicos que aseguraron impunidades selectivas. Fue la entronización autoritaria de las organizaciones criminales sobre la base del poder político. Lo notable es que —en cierta réplica al fenómeno venezolano del chavismo— el componente ideológico jugaría un rol al darle un marco justificatorio al proyecto que alardeaba «luchar contra las injusticias sociales», el «racismo», la «discriminación» y hasta contra el «imperialismo» (la expulsión de la DEA antidrogas en 2008, por ejemplo, sirvió precisamente para robustecer de forma irreversible la expansión del narcotráfico).
¿Evo Morales es un narco, una variante del mexicano «Chapo» Guzmán, pero con poder político real? Para diversos investigadores y periodistas internacionales y sus fuentes de la DEA y otras agencias anticriminales y de seguridad, el cocalero expresidente es líder de un cártel de narcotráfico con epicentro en la zona del Chapare, el VRAEM boliviano en ruta a convertirse en Sinaloa.
En la provincia del Chapare (Cochabamba), Evo es dirigente vitalicio de las seis poderosas federaciones de cocaleros. «En esa región no rigen las leyes de Bolivia sobre la propiedad privada. Nadie puede ni vender ni comprar un bien inmueble sin el consentimiento del ‘sindicato’ correspondiente. Y todos los sindicatos, reunidos en federaciones, responden a Morales. Una dictadura que el cocalero quiso extender a toda Bolivia» (Vacaflor Ganam 24/10/2022). La hegemonía evista en su máxima expresión obra en ese territorio.
En noviembre de 2019, en torno al pillado fraude electoral que expulsó a Evo de la presidencia, el periodista peruano Jaime Bayly recurría a un informe del Departamento de Estado de USA y a fuentes de la DEA para comentar sobre los ingentes dineros que habría amazado el boliviano durante años; y que además el jefe del Cártel de Sinaloa, el mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán había sido su principal cliente a escala industrial (existe también registro de que dos hijos del Chapo estuvieron en suelo boliviano tomando clases de pilotaje con carnés falsos y bajo protección oficial en 2009 y 2015).
En suma, una serie de informaciones en las que no podía faltar la conexión con la estructura de mando cívico-militar que controla Venezuela desde hace más de dos décadas bajo el nombre de Cártel de Los Soles (a propósito, ver el libro del investigador brasileño Leonardo Coutinho: Hugo Chávez o espectro, 2018).
La evidencia acumulada durante años con respecto a Evo Morales y su relación con el tráfico de drogas (usado incluso como una herramienta para el «combate asimétrico» contra sus enemigos en las democracias liberales) no es menor y solo la ingenuidad o una agenda encubierta podrían negarlo.
Por supuesto, cada vez que estos temas han saltado a la discusión pública, el impune y multimillonario cocalero Morales se victimiza audazmente recurriendo al manoseado discurso de la «discriminación racial».
«Lo que ocurre es que cuando te metes con Evo te acusan de racista. Si uno lo critica, si digo que era un dictador, ‘soy un racista’. Si digo que hizo fraude electoral, ‘soy un racista’. Si digo que vendía cocaína en Bolivia al Cártel de Sinaloa, ‘soy un racista’. Entonces nadie se anima a criticar a Evo porque él juega a la carta racial para ser invulnerable a las críticas», advertía no sin razón el periodista peruano Jaime Bayly (2019).
Hoy, tras la neutralización —con suerte— el plan autoritario de Pedro Castillo y su socio cogobernante Vladimir Cerrón, Evo Morales se ha desatado incitando junto a una serie de cómplices internos e ideológicos, un proceso de violencia gradualizada al sur del Perú incluso con fines secesionistas. Tal como procedió interviniendo en el contexto chileno, el boliviano azuza la polarización «refundacional constituyente» sobre la base de un peligroso autoritarismo «plurinacional» y de «lucha de clases y razas». Una letal política del resentimiento.
No debe confundirse entonces la naturaleza de este elaborado e infiltrado sistema de tensiones de alcance transnacional: se trata de la mezcla o de la superposición de conflictos criminales (con objetivos económicos y que tiene al narcoterrorismo como recurso máximo) y de conflictos políticos (con fines de concentración de poder e impunidad).
Political analyst and columnist focused on issues of risk and political conflict, radicalization and violent political extremism // Analista político y columnista enfocado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento