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En la medianoche de este martes, el medio Politico publicó un borrador filtrado de la votación de la Corte Suprema en contra de la decisión Roe v. Wade, de 1973. Entonces, un fallo monumental le cambió la cara a la jurisprudencia sobre el aborto en Estados Unidos.
Dejando a un lado el debate sobre el aborto y Roe v. Wade, para que nuestra nación sobreviva como una república funcional debemos dejar algo muy claro: la filtración es un asalto intolerable a la integridad de la Corte Suprema y quien filtró debe enfrentarse a las consecuencias apropiadas por ello, independientemente de su estatus y/o posición.
La filtración de un borrador completo de una opinión mayoritaria de la Corte es un ataque claro y descarado a la funcionalidad y legitimidad del Poder Judicial. La Corte Suprema nunca ha sufrido una filtración en su historia reciente. Esto no ocurrió cuando la Corte decidió casos igualmente controvertidos como Bush v. Gore o el de National Federation of Independent Business v. Sebelius. Se trata de un intento de asaltar la confidencialidad que la Corte Suprema ha construido a lo largo de las décadas.
Los Padres Fundadores dejaron claro que la Corte Suprema, a diferencia de los otros dos poderes, debe ser siempre independiente de la política. Su legitimidad depende enteramente de la creencia del pueblo de que su proceso de toma de decisiones está definido por una discusión sincera y basada en argumentos legales entre las mejores mentes jurídicas del país, libre de influencias externas.
Someter a los jueces a la indignación pública y a la presión externa injustificada mediante la filtración de documentos a la prensa dinamita todo este proceso y da a grupos de interés una hoja de ruta para transformar efectivamente los casos de la Corte Suprema en el circo que son las audiencias del Congreso. La Corte Suprema debe tomar decisiones de acuerdo con lo que son las leyes, la intención de los Padres Fundadores y, lo que es más importante, el texto de la Constitución, no basarse en la cólera de la opinión pública o las turbas enfurecidas que gritan fuera del edificio.
Al filtrar el borrador, el informante no solo intenta dañar la legitimidad de la Corte Suprema, sino que también pretende asestar un golpe sin precedentes a su funcionamiento interno. El ambiente dentro de la Corte es íntimo y colegiado. Los jueces deben sentirse libres y seguros al compartir sus borradores y opiniones con otros miembros de la Corte, especialmente con aquellos que tienen una opinión opuesta, lo cual es una parte fundamental del proceso.
Lamentablemente, los jueces no trabajarán ahora bajo una atmósfera de deliberación, sino de profunda desconfianza y sospecha. Ahora saben que hay activistas dentro del edificio que están más que dispuestos a poner en peligro la integridad de la Corte Suprema para conseguir una victoria política.
Antes de que alguien intente argumentar lo contrario, el informante no es un “héroe”. Quienquiera que haya enviado el borrador a Politico tenía el objetivo explícito de provocar indignación pública para forzar a los jueces a cambiar su opinión. Si bien esta es una práctica tradicional en órganos electos como el Congreso, es inaceptable invocar el poder de la turba para presionar a nueve jueces a tomar una decisión que se basa en el puro miedo y no en la pura razón constitucional.
El presidente de la Corte Suprema, Roberts, dijo con razón que la filtración era un “atroz abuso de confianza” y ordenó una investigación sobre el origen de la filtración. El informante ha traicionado a la institución a la que supuestamente sirve. Si el informante era un funcionario o empleado, debería enfrentarse a las consecuencias proporcionales, incluido el despido inmediato o las sanciones disciplinarias a través del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Si el responsable ha sido un juez, entonces el Congreso debe avanzar inmediatamente con los artículos de impeachment y condenarle.
Esto debe hacerse independientemente de la ideología política del individuo responsable, si la filtración vino de la oficina de Sotomayor o Thomas es irrelevante a efectos de la consecuencia. El informante trató de asaltar la Corte y la Corte debe actuar adecuadamente.
Si fue un empleado/juez liberal quien filtró el borrador —con el objetivo de agitar a la opinión pública progresista para forzar al Congreso a ampliar la Corte Suprema o destruir el Filibuster (o ambos) para aprobar la legalización del aborto— entonces queda claro que el compromiso de la izquierda con las normas democráticas solo se aplica cuando es a su conveniencia. Esto demostrará que están más que dispuestos a dinamitar dos tercios de nuestras ramas de Gobierno para que las cosas salgan como ellos quieren.
Si la filtración no es debidamente castigada, se sentará el precedente de que las ofensas a la constitucionalidad de la Corte Suprema quedarán impunes y se completará su hiperpolitización, haciéndola impotente para resolver disputas. El padre fundador Alexander Hamilton advirtió en el Federalist 78 que la libertad del pueblo nunca puede estar en peligro “mientras el poder judicial siga siendo verdaderamente distinto del legislativo y del ejecutivo”. Lamentablemente, sin formas legítimas de resolver los desacuerdos legales de forma pacífica, de forma similar a lo que ocurre con el Congreso y la Casa Blanca, la República Americana estará en camino de su propia disolución. Debemos resolver esto ahora.
The Editorial Board