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A inicios del siglo pasado el progresista movimiento americano “Por la Templanza”, insistía en solucionar los males sociales asociados al alcoholismo prohibiendo el licor. Lo lograron. Y los efectos del crimen organizado se extienden hasta nuestros días. La Decimoctava Enmienda y la “Ley Volstead”, aprobada en 1919, prohibieron la fabricación y venta de licor embriagante para uso recreativo.
Los prohibicionistas esperaban que reduciría la violencia doméstica y la delincuencia menor en las calles como así también, que incrementaría la productividad laboral. Y causaría una caída de los crímenes violentos. Obtuvieron justo lo contrario. El crimen en las ciudades de los Estados Unidos aumentó a una media de 24 % entre 1920 y 1921. Y los homicidios crecieron 13 % en ambos años. Por lo demás, las evaluaciones serias indicaban que el número de alcohólicos se había duplicado, o estaba próximo a duplicarse Y el crimen organizado a gran escala emergió del mercado negro del licor.
Es economía básica, no se puede tener éxito prohibiendo un producto cuya demanda casi no se reduce con el incremento del precio. Es el caso del licor y cualquier droga recreativa. Así que la prohibición fue para los delincuentes una oportunidad para enriquecerse rápidamente, vendiendo algo cuya demanda casi no se reducía por más que el precio aumentará.
Sí, los riesgos de la ilegalidad reducían la oferta y aumentaban los precios. Pero la demanda no caía y los delincuentes se enriquecían. Y claro que la corrupción entre autoridades a cargo de imponer lo imposible –e impopular– se extendería rápida e inevitablemente. Cada sincero esfuerzo represivo elevó los precios y como la demanda no caía, el efecto no intencionado era mayores ganancias ilegales. Y más corrupción.
Aquella prohibición fue el inicio del crimen organizado a gran escala al norte de México. De hecho, los que eventualmente serían carteles empezaron como carteles del licor ilegal. El “Cártel del Golfo” tuvo sus orígenes en la operación de contrabando de licor de Juan Guerra hacia los Estados Unidos en 1929. Guerra, no tardó en controlar violentamente la mayor parte del contrabando de licor del norte de México al sur de Texas. Sobornó a políticos y agentes de la ley en ambos lados de la frontera. Como así también financió iglesias y escuelas, obteniendo popularidad e influencia superior al mafioso ordinario.
El único golpe devastador al ascendente crimen organizado fue el fin de la prohibición. Y los intereses de la delincuencia organizada y las agencias a cargo de la perseguirlo quedaron paradójicamente alineados. El fin de la prohibición fue seguido de prohibiciones administrativas a otras drogas.
Intensas campañas de prensa contra la heroína y la marihuana –con los mismos argumentos que llevaron a la fallida prohibición del licor– pronto lograrían la prohibición de esas drogas. En 1937, el Congreso cerró un cerco fiscal a la marihuana que funcionó como prohibición disfrazada. Y ese nuevo mercado negro salvó el negocio del capo de Matamoros. Guerra se pasó al negocio de la Marihuana desde 1933. Con la prohibición los precios subieron pero la demanda no sólo no cayó, sino que creció rápidamente.
Sucedió a Guerra su sobrino Juan García Ábrego en 1970. Y llegó a la cabeza del cártel con el recrudecimiento de la guerra a las drogas decretada por Nixon. El negocio mejoró. La cocaína desplazaría en importancia a la marihuana, en parte porque la estrategia de la DEA de concentrar esfuerzos represivos contra drogas duras las hizo cada vez más rentables. Y en la década de los ‘80 el Cártel del Golfo, obtenía la mitad de la cocaína que contrabandeaba a los Estados Unidos. del “Cártel de Cali”.
Y así llegamos al otro efecto devastador de la fallida prohibición: Capos de cárteles como el famoso Pablo Escobar, pagaron y armaron fuerzas irregulares para enfrentar a las guerrillas –y de ser necesario al Estado colombiano– porque los carteles primero combatieron y luego negociaron con guerrillas que intentaban extorsionarlos.
Pero que rápidamente entraron directamente al negocio de la droga mucho más rentable que el secuestro y la extorsión. Y las FARC emergieron triunfantes a finales de los años ‘80 de la guerra entre carteles, autodefensas, guerrillas y Estado como la más poderosa alianza criminal en control –directo o indirecto– del grueso del mercado de exportación de droga desde Colombia.
La guerra a las drogas creó el financiamiento del actual eje entre redes de terrorismo global, ideología totalitaria y crimen organizado. Terroristas e ideólogos sin escrúpulos no podían dejarlo pasar. Tampoco los que pretendiendo no saberlo, se financian de aquello, a cambio de su soporte propagandístico o logístico (intelectuales y políticos incluidos) Y claro, cada caudillo caído es rápidamente sustituido por otro, en efecto, de cada organización desarticulada surge otra, tanto en el terrorismo como en las mafias de drogas ilegales. Es lógico, han confluido en el mismo negocio.
La prohibición es un fracaso muy peligroso, -la de las drogas fracasa hoy igual que la del licor ayer- y los esfuerzos represivos hacen subir el precio, pero la demanda no cae. Las ganancias suben y con ellas la capacidad de superar los esfuerzos represivos –de unos u otros criminales– mediante violencia y corrupción.
Ninguna prohibición evitó los males del consumo (que existen y son importantes) y toda prohibición agregó a esos males del consumo los del crimen organizado y la corrupción. Y finalmente, hemos llegado al peor de esos males: financiar estúpidamente al terrorismo y la agitación revolucionaria antioccidental globalmente. Es tiempo de cambiar de estrategia y darle un verdadero golpe devastador a las redes en que confluyen el crimen organizado, el terrorismo y la agitación socialista revolucionaria y violenta.
También es tiempo de atender los males del consumo por medios que sí funcionen. Porque la prohibición sigue siendo la primera fuente de financiamiento del crimen organizado global. Lo que hoy incluye a terroristas con agenda política. En efecto, la única herramienta viable de los Estados contra quienes se financian de la prohibición es la despenalización. Las drogas recreativas pueden ser un problema. Pero la prohibición, no lo soluciona y crea otros mucho mayores.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros