Por Robert Law
En el 2020, el entonces candidato Joe Biden y los demás candidatos demócratas para presidente de los Estados Unidos prometieron suspender todas las deportaciones durante los primeros 100 días de sus administraciones prospectivas e intentar impulsar una amnistía masiva.
Esa promesa y las desastrosas políticas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde la toma de posesión de Biden, han creado una crisis fronteriza histórica y sostenida. En mayo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 239,416 extranjeros indocumentados, rompiendo el récord de abril de 234,088, que había superado el récord de marzo de 222,339 detenciones. En comparación, mayo del 2019 fue testigo de 144,116 detenciones y mayo del 2021 tuvo 180,597.
En total, los pasados cinco meses de la administración Biden han promediado 200,000 detenciones mensuales, un umbral que había ocurrido una sola vez en la historia de nuestra nación. Lo que la mayoría de los americanos quizás no saben es que estas cifras no incluyen a los niños extranjeros no acompañados, que ingresan por contrabando o son traficados al país cuando los malos actores se aprovechan de una política pública de fronteras abiertas.
La explotación a gran escala de niños extranjeros no acompañados comenzó en 2012 después de que la administración de Barack Obama y Joe Biden creara ilegalmente la amnistía ejecutiva para los inmigrantes ilegales “jóvenes” conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). DACA permitió a estos inmigrantes indocumentados obtener permisos de trabajo, números de Seguro Social y licencias de conducir, todo menos un camino hacia la ciudadanía americana. Aunque la elegibilidad para DACA estaba restringida a inmigrantes indocumentados que ya estaban en el país desde el 2007 (y no abierta a aquellos recién llegados), los cárteles de droga y redes de tráfico utilizaron su propia existencia para convencer a futuras oleadas de inmigrantes indocumentados menores de edad de que se beneficiarían de una próxima amnistía ejecutiva.
El aumento dramático en las detenciones de niños extranjeros no acompañados desde que se dio a conocer DACA demuestra este nexo desgarrador. Las detenciones de 38,759 niños extranjeros no acompañados en el año fiscal 2013, el primer año fiscal completo después de que se anunció DACA, fueron más del doble de las detenciones de 15,949 en el año fiscal 2011. Entre el año fiscal 2013 y 2016, CBP detuvo a 206,962 niños extranjeros no acompañados con un récord de 68,541 en el año fiscal 2014.
El 15 de junio de 2022, el presidente Biden y el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, esencialmente organizaron una fiesta para celebrar el décimo aniversario de DACA. Teniendo en cuenta el aumento asombroso en el tráfico y el contrabando de niños extranjeros no acompañados durante la última década, las terribles condiciones a las que han sido sometidos estos niños vulnerables, no debería ser motivo de celebración.
Los esfuerzos de la administración de Donald Trump en cerrar este flujo de niños extranjeros traficados se vieron frustrados por una sección en la ley que impide el pronto regreso de niños que no son de descendencia mexicana o canadiense. Esta ley tenía por objeto proteger a las víctimas de la trata, pero ha tenido el efecto de fomentar el movimiento ilícito de niños extranjeros.
Hoy, el problema es agravado por la política pública de entregar rápidamente a los niños extranjeros no acompañados a un “patrocinador”, un hecho bien conocido por los traficantes, contrabandistas y padres que ya se encuentran en el país. La investigación de antecedentes de los patrocinadores es a menudo incompleta, lo que plantea la posibilidad de que los niños extranjeros no acompañados se entreguen a un adulto que los someta a más tráfico, abuso físico o sexual u otras formas de negligencia.
La administración Trump entregó a la administración entrante de Biden la frontera más segura en la historia. Parte de ese legado incluyó interrumpir significativamente esta red de explotación infantil a través de varias políticas públicas exitosas, incluido el uso de la autoridad de salud de emergencia del Título 42 para expulsar a todo extranjero indocumentado detenido en la frontera sur como una herramienta para detener la propagación del COVID-19.
El alivio para los niños migrantes de las redes de contrabando y tráfico duró poco debido al desdén de la administración Biden por la aplicación de la ley de inmigración. Específicamente, en este contexto, Biden se negó a aplicar el Título 42 a niños extranjeros no acompañados. Esta decisión, que la administración duplicó después de que los tribunales intentaran detenerla inicialmente, garantizó el ingreso al país de todo niño extranjero no acompañado detenido en la frontera.
La consecuencia trágica, pero predecible, fue que esta política reavivó la tubería a un nuevo nivel insondable. En el año fiscal 2021, CBP detuvo a 144,834 niños extranjeros no acompañados en la frontera sur, casi el doble del récord anterior establecido en el año fiscal 2019 de 76,020. Por malos que sean esos números, el año fiscal 2022 será peor cuando el calendario llegue al primero de octubre (el primer día del año fiscal 2023). Entre octubre 2021 y mayo 2022 ya se han sido detenidos 100,336 niños extranjeros no acompañados. Bajo la supervisión del presidente Biden, un total de 227,058 niños extranjeros no acompañados han sido detenidos en la frontera sur, un nivel asombroso de sufrimiento humano.
Estos niños no hicieron el viaje al norte por su propia cuenta. A pesar de que muchos fueron contrabandeados, sea voluntariamente o no por sus padres, un número incalculable de niños fueron traficados. Todos fueron sometidos a varios tipos de abuso físico y emocional en el camino. Esta política inhumana demuestra el costo humano de las fronteras abiertas. No hay nada de compasión en políticas públicas que fomentan el maltrato y el abuso de niños. Un Gobierno federal comprometido con principios de América Primero no funcionaría como un equivalente a un socio comercial de los cárteles de drogas y traficantes de personas.
Robert Law es director del Centro de Seguridad Nacional e Inmigración del America First Policy Institute y sirvió como funcionario Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump.
