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EXCLUSIVA: Irregularidades advierten fraude electoral en Colombia

SE ACERCAN las elecciones presidenciales en Colombia y, a medida que pasan los días, crece la desconfianza en el sistema electoral que en recientes comicios evidenció vulnerabilidades que podrían poner en tela de juicio los resultados de la primera y segunda vuelta.

Hace exactamente dos meses, en marzo de 2022, se llevó adelante un controvertido proceso electoral para elegir a los legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado. Estas elecciones fueron trágicas para el sistema electoral colombiano, pues desde todos los partidos y frentes ideológicos se elevaron denuncias por irregularidades en el proceso que, a posteriori, terminaron desnudando un sistema que tiene muchas lagunas y puntos ciegos. Empezó el ruido de que se podría estar preparando un fraude electoral de cara a las Presidenciales del próximo 29 de mayo.

Las irregularidades son diversas y se presentan de muchas maneras, pero lo principal es entender el proceso, pues el sistema electoral de Colombia ofrece los resultados en dos tiempos diferentes.

El primero —en manos del consorcio Disproel, donde participa la compañía Thomas Greg & Sons— se da la misma noche de las elecciones cuando se publica un preconteo informativo que se realiza manualmente y que es sistematizado por teléfono desde las mesas de votación a un centro de contabilización en Bogotá.

Y el segundo momento se da días después con los resultados definitivos, los cuales son procesados por un software de la empresa española de tecnología Indra, contratada y controlada por el Estado (en este caso, el Consejo Nacional Electoral). La encargada de velar por ambos resultados es la Registraduría Nacional.

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Las dudas e irregularidades surgen cuando el preconteo dice un número y el conteo final es muy diferente a la información inicial. Además del ya conocido fraude manual o físico, con actividades que van desde la compra de votos hasta el fraude en la inscripción de los documentos de identidad —situaciones que en reiteradas ocasiones han sido denunciadas por organizaciones como Transparencia Colombia y medios de comunicación nacionales e internacionales.

El millón y medio de votos “atrasados”

EL PASADO 15 de marzo, al día siguiente a las elecciones legislativas, el Pacto Histórico, movimiento izquierdista liderado por el candidato socialista Gustavo Petro, denunció públicamente que a su agrupación política no le contaron cerca de 500,000 votos en el preconteo electoral en las diferentes carreras por el Senado.

Luego, en la segunda fase, tras el reclamo de Petro, se le adjudicaron 390,152 votos más de los 2,302,847 del conteo preliminar; lo que le permitió al Pacto Histórico sumar tres escaños más en la Cámara Alta, convirtiéndose en una de las principales fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

El anuncio final de los resultados estuvo en manos del registrador Alexander Vega, quien confirmó que la diferencia numérica entre el preconteo y el escrutinio final era de más de un millón de votos, lo que generó dudas entre los colombianos sobre la veracidad del proceso —y, sobre todo, desconfianza en el software de Indra que halló esa discrepancia.

Pero a esta primera diferencia de votos que generó dudas en los colombianos, se suma el pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que estimó que los votos no transmitidos entre el conteo preliminar y el escrutinio fue un aproximado de 1,500,000; una cifra inusualmente elevada que genera aún más sospechas sobre un sistema puesto en tela de juicio.

El procurador Vega alegó que el problema estuvo en “votos atrasados” por los formularios o actas de escrutinio E-14 —los documentos que almacenan datos electorales como el número de votos de los partidos o la cantidad de votos nulos y en blanco—, explicando que la complejidad del diseño y el mal estado de muchas papeletas impidió el buen, rápido y efectivo desempeño en el conteo preliminar.

Sin embargo, del millón y medio de votos “atrasados”, unos 500,000 pertenecieron a las elecciones para la Cámara de Diputados, cuyos talonarios de votación eran más simples para el conteo.

23/05/2022.- El candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, participan en un debate de candidatos a la presidencia de Colombia. (EFE)

“Le va a quedar muy difícil al registrador explicar lo sucedido con el medio millón de votos de la Cámara. Si en el Senado el problema estaba en los formularios E-14, para la Cámara no pudo pasar lo mismo porque los formularios eran muy diferentes. El problema debe ser otro”, escribió el reconocido economista Pedro Medellín en el diario El Tiempo.

Para Medellín, el problema real estuvo en la trazabilidad de los votos: “Pudo producirse en una de las fases o puntos del protocolo de transmisión de los datos que manejaba la empresa contratista. Bien en la transmisión o bien en el software que recibe, procesa y emite los datos. Si el registrador no está siendo capaz de explicar con claridad lo que ocurrió, entonces va a tener que ser la empresa contratista, encargada del proceso, que sí debe saber bien qué fue lo que sucedió”.

De acuerdo con observadores electorales, la discrepancia normal entre el preconteo y el escrutinio es menor al 1 %; sin embargo, esta vez la diferencia fue de entre 6 y 7 %.

“No se puede seguir poniendo el foco, solo y exclusivamente, a los jurados de votación y al diseño del E-14. Eso no explica por qué estamos hablando de una diferencia de alrededor del seis al siete por ciento entre lo que se transmitió y lo que realmente se escrutó”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE. 

Registraduría de Colombia está inundada en cuestionamientos

MIENTRAS que en otros países es la autoridad electoral la que lidera los procesos electorales, en Colombia la Registraduría es la institución que tiene mayor peso al momento de tomar decisiones electorales en cuanto a organización y convocatoria. Pero últimamente ha estado inundada de cuestionamientos, entre ellos la adjudicación de contratos controvertidos a empresas privadas beneficiadas de un sospechoso sistema de licitación y las graves irregularidades denunciadas durante las elecciones legislativas.

De hecho, el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, acusó al ente electoral de alterar los resultados favoreciendo al Pacto Histórico de Gustavo Petro; denuncia a la que se le suman las declaraciones de la senadora conservadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien cuestionó al gerente de informática de la Registraduría, Alejandro Campo Valero, de trabajar para Indra y supuestamente reunirse con agentes de las embajadas de Rusia y Bielorrusia.

La senadora María Fernanda Cabal, de hecho, aseguró en Blu Radio que Campo Valero incurrió en un grave conflicto de intereses.

“Revisando los antecedentes y cargos anteriores, vemos que el señor Alejandro no solo trabajó en la empresa Indra que después se gana la licitación por encima de todos sus oponentes, sino que también trabajó en la empresa Thomas Greg & Sons que terminó ganándose la contratación los últimos 18 años. Si esto no es un conflicto de intereses, entonces, ¿cuáles son? Porque parece que en Colombia las entidades tienen dueño”, dijo la senadora.

Campo Valero se defendió y dijo que no se reunió con agentes extranjeros y estuvo vinculado a Indra entre el “01 de marzo de 2016 al 31 de julio de 2017″, tres años antes de unirse a la Registraduría el 03 de febrero de 2020.

Más allá del ruido que hoy se genera en torno a la Registraduría, el principal apuntado es el propio registrador Vega, en quien recae una acción popular (un medio procesal en Colombia) que busca su suspensión y que fue aceptada para estudio en un Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Bogotá. La acción popular se da por las irregularidades que hubo en los comicios para el Congreso.

De hecho, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, así como los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez e Ingrid Betancourt, fueron citados por el Tribunal para dar sus declaraciones sobre el caso el pasado 18 de mayo.

Las miradas han girado tanto hacia Vega, que incluso hay quienes cuestionan su elección como registrador. Tal es el caso de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien aseguró en RCN Mundo que el proceso de elección de Vega estuvo plagado de irregularidades desde el 2019.

Además de las denuncias de Enciso, el jefe de la Registraduría también “tiene varias demandas de nulidad a su elección” en el Consejo de Estado, según un reporte de El Espectador. Al igual que las peticiones de distintos sectores políticos para que renuncie.

Pero la duda más grande que se postra sobre los hombros de Vega está a cargo del abogado y presidente de la veeduría electoral Colombia Transparente, Sergio Alzate, quien asegura que el registrador cometió “fraude electoral”.

El jefe de la Registraduría respondió a las acusaciones de Alzate denunciándolo ante la fiscalía por “incurrir en falsas acusaciones” y cometer supuestamente los siguientes delitos: fraude procesal, falsa denuncia, terrorismo, injuria y calumnia.

Desde Colombia Transparente aseguran que hicieron 100 pruebas de las elecciones legislativas y encontraron varias irregularidades, entre ellas, las expuestas por el propio Alzate en un artículo reseñado por El Expediente: habilitación a los jurados de votación para que pudieran ejercer su derecho a votar dos veces; alteración de los sistemas de votación al cruzar los votos del preconteo con el voto del escrutinio final en softwares distintos; y, por último, lo más grave según el abogado en su denuncia contra la Registraduría: “Se evidencia un fraude a resolución judicial mediante el cual se desobedecen las ordenes del Consejo de Estado respecto a implementar un software único de escrutinio con trazabilidad unitaria desde la mesa hasta la elección de los candidatos, el cual debe ser operado en forma exclusiva por personal de la entidad y el registrador nacional ha hecho caso omiso a dicho deber”.

¿Se está gestando un fraude electoral en Colombia?
15/03/2022.- La congresista María Fernanda Cabal habla durante un encuentro del partido político Centro Democrático en Bogotá (Colombia). (EFE)

En una entrevista para El American, Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma —organización que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital y especialista en análisis de datos— explicó que las denuncias de fraude se han visto amplificadas debido a que las autoridades competentes no han sido transparentes.

“Aunque la Registraduría ha mantenido la calma (ante las denuncias) no necesariamente ha dado todas las explicaciones, incluso en ocasiones llegó a dudar de su propio proceso cuando alcanzó a hablar de reconteo general”, explicó Botero.

¿Hay preferencias en la Registraduría por el Pacto Histórico?

LA CAMPAÑA de Gustavo Petro afirmó que la clave para detectar la discrepancia entre el preconteo y el escrutinio final estuvo en la conformación de un equipo especialista —liderado por el abogado Álvaro Echeverry, quien trabajó 26 años en la Registraduría y conoce como pocos el sistema electoral colombiano— para analizar mesa por mesa las irregularidades estadísticas que pueden presentarse en el preconteo.

En total, la campaña de Petro detectó que no había votos por el Pacto Histórico en 29.425 mesas de votación en las elecciones legislativas. Todo eso lo verificaron en tiempo real, ¿pero cómo lo hicieron?

En una entrevista con Cambio Colombia, Echeverry reveló que su objetivo desde su base de operaciones es “determinar en qué puestos y mesas se presentaron votaciones irregulares, analizando 45 criterios de fraude para emitir las reclamaciones oportunamente”.

Por supuesto, el abogado no reveló cuáles son esos 45 criterios —“Esa es la fórmula del pan, no se la puedo dar”. Sin embargo, algo es muy claro: necesitan, además de un gran equipo capacitado, muchos jurados electorales.

En un reporte de El Colombiano, donde se explica que la campaña de Petro creó una suerte de “registraduría paralela” (que está intentando ser imitada sin éxito y sobre la hora por otros partidos), se lee que Echeverry “es la persona detrás de la inscripción de 39.840 jurados de votación del Pacto Histórico para los comicios presidenciales que se avecinan, aunque no todos fueron aceptados por el ente electoral. Ningún movimiento sumó tal cantidad de personas entre sus inscritos”.

La cantidad de jurados electorales que logró inscribir el Pacto Histórico tanto para las próximas elecciones presidenciales como para las anteriores legislativas son objetos de polémica, pues otras bancadas políticas denunciaron que existe un favoritismo por parte de la Registraduría con la coalición izquierdista.

“Mientras a la Colombia Humana le tocaron 23.384 jurados, al Partido Liberal le correspondieron 2.582; al Centro Democrático, 1.798; al Partido Conservador, 6.371; al Partido de ‘la U’, 4.797; a Cambio Radical, 3.580. Y reitero, a la Colombia Humana, 23.384 jurados”, dijo la senadora del Centro Democrático Milla Patricia Romero.

Colombia Humana es el partido político de Petro cuya coalición electoral es el Pacto Histórico.

El físico venezolano Guillermo Salas —experto en fraudes y fundador de la organización de contraloría electoral ESDATA, responsable de denunciar varias de las manipulaciones electorales de Hugo Chávez— explicó a El American que para “hacer un fraude con voto manual es imprescindible controlar al menos una porción significativa de las estaciones de votación, y sobre todo garantizarse que en ellas el adversario no tenga representante”.

Salas, quien es una de las personas que detectó cómo se gestó el primer fraude electoral en Venezuela, manifestó preocupación por la disparidad de jurados entre coaliciones y afirmó que existen “similitudes en lo que está sucediendo en Colombia y lo que ha venido sucediendo en Venezuela por años” con la selección de jurados.

“Poco antes de la llegada del chavismo al poder, en 1998, en Venezuela se aprobó una ley que normaba de forma muy estricta la transparencia electoral. Se llamaba Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Si esta ley se respetaba, era prácticamente imposible que alguna de las partes pudiese perpetrar un fraude electoral”, dijo Salas a El American. “Según esta ley, era el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no los partidos políticos, quienes debían designar a los miembros de mesa, quienes dirigen y controlan las estaciones de votación. Pero establece una serie normas muy estrictas y rígidas, con las que este organismo debe seleccionarlos”.

El físico explicó que, a partir del 2006, “el chavismo no hizo otra cosa más que ignorar y violar” la ley electoral. “De allí en adelante, la selección de los jurados de mesa la hizo el CNE mediante un nada transparente sorteo electrónico, que se realiza en una de sus computadoras”.

“Veo con preocupación cómo, aparentemente, en Colombia está sucediendo algo similar. Como si la Registraduría estuviese procurando que ciertos candidatos no tengan presencia en un número importante de centros electorales. Esto podría tratarse de la preparación de un ‘fraude selectivo’, tal como los que se vienen realizando en Venezuela desde la llegada del chavismo o el que la OEA puso al descubierto en Bolivia 2019”, dijo el experto. 

No obstante, la Registraduría se defendió de las acusaciones de favoritismo, explicando que son las agrupaciones políticas las que postulan a las personas que consideran capaces para ser jurados y que, en última instancia, es su responsabilidad contar con más o menos jurados.

AME1824. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/05/2022.- El candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez (i), y el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, participan en un debate de candidatos a la presidencia de Colombia, hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Thomas Greg & Sons, la eterna compañía electoral en Colombia

AUNQUE las irregularidades electorales han puesto a la Registraduría en una situación incómoda de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, los cuestionamientos van mucho más allá, alcanzando incluso a las empresas privadas que se encargarán del proceso electoral en Colombia.

El año pasado, en septiembre de 2021, medios colombianos criticaron a la Registraduría por adjudicar un “contrato billonario” a la Unión Temporal 2021, conformada por las sociedades Thomas Greg & Sons y otras empresas, para la administración y logística de los comicios del 2022.

Según lo acordado, Thomas Greg & Sons se debe encargar de lo relacionado con casi todo el desarrollo de las jornadas electorales; desde proporcionar el software para la inscripción de votantes y candidatos, selección de jurados, revisión de firmas, hasta encargarse de proveer sistemas de autenticación biométrica. Además, debe digitalizar, publicar y custodiar los resultados electorales.

Las críticas surgen debido a que Thomas Greg & Sons lleva 18 años ganando todas las licitaciones para encargarse de los procesos electorales de Colombia; los críticos aseguran que las condiciones que pone la Registraduría se ajustan siempre a la medida de dicha compañía sin que exista una competencia justa.

Según el diario independiente Criterio, el tipo de software requerido y la condición de tener experiencia electoral solo puede ser cumplida por Thomas Greg & Sons. Asimismo, también se cuestiona que casi toda la organización del proceso electoral se centralice en una sola compañía.

Además, hasta políticos colombianos progresistas como la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dudan de la imparcialidad política de la firma a raíz de que el expresidente Juan Manuel Santos formó parte de la junta directiva de Thomas Greg & Sons entre los años 2002 y 2006.

Las críticas contra Thomas Greg & Sons crecieron luego de las irregularidades presentadas en las legislativas de marzo, no solo por las disparidades entre el preconteo y el escrutinio, sino porque tan solo cinco días después —de acuerdo con un reporte de Blu radio— la Registraduría le otorgó otros 100 millones de pesos a la propia empresa para realizar “las elecciones atípicas que se avecinan”.

A todo esto se suman denuncias sobre el software que utiliza la compañía para el proceso electoral. El mismo abogado Sergio Alzate, de Colombia Transparente, dijo a Red Mas Noticias que “el software de Disproel al ser privado no se le puede hacer un estudio o una investigación o un análisis al código fuente; y en el código fuente es la programación donde se dan las órdenes, donde puede haber fraude”.

Botero coincide con las afirmaciones de Alzate y dijo a El American que “muchos de los temas (de fraude) que señalan están dirigidos a problemas que estarían en el software de Disproel, específicamente lo relacionado con el escrutinio hasta el nivel departamental. De otro lado, hay temas de corrupción como la posible relación del registrador con la empresa Indra que son temas que salen de la esfera de lo que Karisma analiza, pero que también deberían ser explicados”.

Indra: contratos millonarios y un software vulnerable

LA OTRA CARA inmersa en la polémica en estas elecciones no es otra que la empresa española Indra, encargada de proporcionar el software para realizar el proceso de escrutinio en Colombia.

Se trata de una compañía donde el gobierno español posee de un 28 % de la propiedad a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por el Ministerio de Hacienda.

El primer cuestionamiento provino del expresidente Andrés Pastrana, quien en febrero acusó al candidato Gustavo Petro de reunirse con el presidente de Indra, Marc Murtra. Sin embargo, Indra respondió a Pastrana explicando que dicha reunión no se podría llevar a cabo porque el CEO de la empresa no se encontraba en España.

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, durante la convención nacional del PP en Cartagena. (EFE)

No obstante, la empresa española sí admitió que dos de sus altos representantes —el director general de Administraciones Públicas y Soluciones Electorales de Indra-Minsait, Juan Pedro Rodríguez Veiga; y la entonces consejera delegada de Indra-Minsait (relevada el pasado mes de abril), Cristina Ruiz Ortega— asistieron a un acto organizado por la Fundación Euroamérica para impulsar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En su versión, Indra arguyó que era un evento abierto donde asistieron 30 empresas más y que no se sostuvieron relaciones bilaterales.

Pero más allá de la supuesta reunión entre un candidato presidencial, que marcha primero en las encuestas, y un emisario de Indra, las principales polémicas en relación con la empresa española están ligadas a situaciones contractuales.

De acuerdo con el reporte de la red independiente Noticias Uno, la Registraduría adjudicó un “extraño” contrato a Indra el 29 de diciembre por 27 mil millones de pesos, en el que se encarga a la empresa española del escrutinio final de las elecciones.

Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, explicó que el proceso de contratación fue poco transparente, pues Indra no tuvo competencia en la licitación abierta el 7 de diciembre pasado.

Políticos como la senadora María Fernanda Cabal o el expresidente Pastrana se han hecho eco de estas denuncias; además, la Procuraduría de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra el registrador Vega para ahondar en la firma del contrato entre la Registraduría y la firma española.

Tanto la MOE como Karisma denunciaron en su momento que es la primera vez que en Colombia dos empresas privadas manejarán los datos y resultados finales sin ningún tipo de supervisión o auditoría externa.

Polémicos softwares de Indra y Thomas Greg & Sons alarman a expertos

LA FORMA como se adjudicaron los contratos a las firmas privadas que se encargarán del proceso electoral en Colombia no es la única preocupación que existe. Los expertos en seguridad están alertando sobre las evidentes vulnerabilidades que presenta la tecnología proporcionada por ambas empresas.

Un reportaje del diario español El País explica que los softwares de Indra y Thomas Greg & Sons, a pesar de trabajar en procesos diferentes, operan interconectados en un sistema piramidal que separa la información zonal y municipal de la nacional.

Según Stéphane Labarthé, experto del Laboratorio de Seguridad digital y privacidad K+LAB de Fundación Karisma, el problema de estos dos sistemas es que tienen “cajas negras”, es decir, zonas inaccesibles que, por supuesto, no facilitan la transparencia.

Esta situación, según se lee en el propio reportaje, también fue denunciada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Pares: “Al no acceder al código fuente del software no pueden saber si todos los componentes funcionan bien. La Registraduría argumenta que no puede dar acceso porque se trata de una empresa que alquila ese programa al Estado por 4 años”.

El problema para Labarthé es que, además de no tener acceso a los códigos, tampoco se tiene un registro pleno del resto del proceso.

“Entonces no es solo conocer el código instalado en cada uno de esos computadores, también es importante la trazabilidad. Esa es una de las vulnerabilidades. Un sistema electoral debe garantizar la integridad y que en ninguna de las etapas se vayan a alterar los resultados”, dijo Labarthé a El País explicando que en cada uno de los procesos de la pirámide pudieran alterarse los resultados. “No es únicamente en los formularios al inicio, sino en las bases de datos del servidor, en muchas partes se podría pensar una alteración”.

Por supuesto, la discrepancia entre el preconteo y el escrutinio, sumado a que no existe una auditoría que explique claramente qué fue lo que pasó en el proceso y por qué hubo una diferencia tan elevada entre ambos conteos, solo aumenta la preocupación entre los partidos políticos y los ciudadanos.

La controvertida empresa auditora que espera contrato de la Registraduría

AHORA se suma una nueva denuncia contra la Registraduría: la posible contratación de una empresa de auditorías de dudosa credibilidad.

Se trata de la compañía costarricense Datasys, elegida para inspeccionar y auditar los procesos previos a las elecciones presidenciales. De acuerdo con la senadora Cabal, esa empresa “carece de experiencia en auditoría electoral y fue sancionada por las autoridades de Honduras” por supuestos incumplimientos.

La congresista denunció que un ingeniero costarricense de nombre Dennis Cascante Hernández —que actualmente funge como coordinador de la Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022 en Colombia— presuntamente “tiene un contrato por $ 1,000 millones de pesos para su equipo de trabajo por parte de la Registraduría Nacional”.

“Sobre Cascante Hernández, se conoció que en el año 2013 fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica, entidad en la cual laboraba, como consta en diversos medios de comunicación de dicho país”, dijeron desde el departamento de prensa de la senadora Cabal.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien recientemente criticó duramente a la Registraduría en una entrevista con la emisora W, había confirmado la contratación de Datasys.

Sin embargo, la compañía emitió un comunicado negando las denuncias y afirmando que participó de “forma exitosa en el primer proceso electoral transparente en Honduras”, y señaló que “es la segunda empresa de mayor nivel en apoyo tecnológico para procesos electorales en la región”. Asimismo, criticó y lamentó que los colombianos no cuenten con una auditoría ni vigilancia necesaria para confiar en el proceso.

Hasta el momento, el contrato con Datasys no se ha firmado y tanto la Registraduría como el CNE están revisando los documentos para determinar si continúa la contratación.

Sin auditorías externa, sin información y con mala organización

EL PROBLEMA con las auditorías no es que no existieron, la cuestión es que no hubo una que otorgue seguridad y garantías al electorado y a las campañas políticas. Y la Registraduría tuvo mucho que ver en esto.

En el apresurado contrato que la Registraduría firmó con Indra se estableció que el software diseñado por la firma española debía tener una auditoría independiente por parte de una institución educativa superior con el fin de garantizar el proceso del escrutinio. Se abrieron las competencias para buscar a la universidad que colaboraría con la auditoría y todo parecía apuntar a que la Universidad Nacional de Colombia se iba a encargar de este proceso. Pero que el proceso de contratación de una universidad fuera tan improvisado, fue objeto de críticas por parte de organizaciones como Karisma.

Lo que sucedió posteriormente solo acrecienta las dudas sobre la buena fe de la Registraduría. De acuerdo con un reportaje del portal independiente La Silla Vacía, el 7 de marzo, apenas una semana antes de las elecciones legislativas, Indra dijo a la Registraduría que finalmente no pudo encontrar a una universidad que se encargue de la auditoría externa.

La empresa española, según el reportaje publicado el 24 de mayo, explicó que “hizo una convocatoria a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), a la Tecnológica de Pereira y a la Pedagógica de Bogotá, y que ninguna aceptó. No revela los detalles del por qué el rechazo, que hasta ahora no se había reportado”.

Como el incumplimiento contractual era claro, Indra pidió a la Registraduría que hiciera un cambio al acuerdo para que la auditoría no la hiciera una universidad, sino una empresa especializada. Eso, a priori, era un paso de transparencia, pero dio como resultado más opacidad en este proceso electoral, pues la empresa española para no quedar “atrasada con la creación del software había hecho por su cuenta esa auditoría preliminar con otra empresa española. Esa auditora se llama Sia, y es la empresa de ciberseguridad del grupo Indra”.

Modificación del contrato Indra con la Registraduría. (La Silla Vacía)

Es decir, Indra, que se había comprometido con una cuestionada auditoría universitaria, terminó presentando para las legislativas una auditoría que se hizo a sí misma.

Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, confirmó a El American que el reportaje de La Silla “es cierto, salvo que la responsabilidad de cuadrar la auditoría no es de Indra, sino de la Registraduría, que debía garantizar auditoría externa sobre los softwares de Indra y Disproel, pues es la Registraduría la que la contrata. Como esto no se hizo, finalmente fue Mcgregor la que la terminó haciendo”.

Jahv Mcgregor SAS. fue la firma contratada en noviembre de 2021 por la Registraduría para hacerle una auditoría interna clasificada al consorcio Disproel y al software de Thomas Greg & Sons.

Fue “un contrato de 11 mil millones para hacer la auditoría contable, técnica y administrativa a la distribución del material electoral, la capacitación de jurados y en general la organización”, se lee en La Silla Vacía. Para hacerle la auditoría a Indra, la Registraduría tuvo que añadir 2,300 millones de pesos al contrato original y se justificó diciendo en que esto ayudaría a mejorar la transparencia del proceso.

No obstante, la justificación es controversial porque para los magistrados del CNE, las auditorías realizadas o acordadas por Mcgregor no son suficientes para devolver la fiabilidad al proceso, y por ello solicitaron la realización de una auditoría internacional tanto para el software de Indra como el de Thomas Greg & Sons.  

La auditoría internacional jamás se realizó. La W radio informó que se estuvo cerca de cerrar un acuerdo con una empresa alemana llamada Darmalog, pero, tras denuncias de inexperiencia en el campo del escrutinio y preconteo, la operación se cayó. Algo similar ocurrió con la firma costarricense Datasys, denunciada por la senadora Cabal.

OG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/05/2022.- El candidato de derechas a la Presidencia de Colombia Federico Gutiérrez se mostró este miércoles “muy preocupado” por la falta de una auditoría externa internacional en las elecciones convocadas este domingo, tras las irregularidades denunciadas en las pasadas legislativas de marzo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Por qué la auditoría interna no sirve para la confianza?

MANCERA, de la Misión de Observación Electoral, explicó a El American que uno de los grandes problemas de este proceso es que la auditoría interna realizada por la firma McGregor no se ha “socializado”, es decir, no se transmitió a ninguna de las campañas políticas ni al público en general.

Esto se debe a dos grandes cuestiones. La primera es que, tal y como se explicó, Thomas Greg & Sons se niega a abrir las cajas negras por sus derechos de propiedad intelectual. La segunda es que la Registraduría organizó e hizo los contratos sobre la hora, generando un proceso electoral complicado e irregular. Ahora todas las miradas se postran sobre el escrutinio que, según comentó Mancera a El American, es vulnerable, pues la Registraduría contrató sobre la hora a dos empresas para que cada una hiciera una de las dos partes del conteo.

“Fue una contratación que se hizo de forma tardía, muy encima de las elecciones, lo que generó muchos inconvenientes en la implementación de las soluciones tecnológicas que se habían establecido a través de la contratación para realizar correctamente el escrutinio. Ese es el primer problema”, dijo Mancera a El American. “Un segundo problema se da porque en la contratación del escrutinio se partió en dos contratos distintos. Partiendo, así mismo, el proceso de escrutinio en dos partes”.

“Entonces tenemos a la Unión Temporal Disproel, que tiene a su carga el proceso de escrutinio y la transmisión de los resultados electorales desde la mesa hasta el escrutinio departamental. Y después el software de Indra se hace cargo del escrutinio nacional. ¿Qué ocurre con eso? Una vez usted parte el escrutinio, cuando quiere hacer una trazabilidad de los datos sobre los resultados electorales, usted tiene que pasar por dos sistemas completamente distintos y eso genera complejidades”, agregó el coordinador.

Mancera dijo que es importante tener en cuenta que solo uno de estos softwares es propiedad del Estado, “lo que limita un eventual proceso de auditoría porque la empresa puede alegar que por motivos de propiedad intelectual y acuerdos de confidencialidad no se puede tener libre acceso a la información o el código fuente”.

“Desde la MOE hemos insistido a la Registraduría que haga una auditoría externa a todo el proceso electoral. No solo al tema de escrutinio”, mencionó Mancera, quien además destacó un “cambio de tono” positivo y una mayor apertura de información por parte la Registraduría hacia las veedoras y las misiones observatorios, pero lamentó que “el tema de la auditoría no se terminó de dar y es una lástima”.

A tres días de las elecciones presidenciales más importantes de la historia moderna de Colombia, Mancera dijo que hay dos ítems importantes para recuperar la confianza en la institucionalidad electoral. “Seguir trabajando el tema de acceso a la información por parte de la Registraduría que ciertamente ha mejorado; y que se entregue a todas las organizaciones políticas, a la observación electoral y a la ciudadanía los resultados de la auditoría interna hecha por McGregor que fue contratada por la Registraduría”.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina. A los cantos de “fraude”, se les suma el hecho de que no hay una auditoría externa, que el público está con muy poca información y, finalmente, que ya no hay tiempo de organizar mejor unos comicios con vulnerabilidades que pueden llevar a Colombia a una elección fraudulenta.

POCOS días después de las elecciones legislativas de marzo, la organización Transparencia por Colombia, capítulo para el país de la ONG Transparency International, publicó un comunicado exigiendo que se aclare el ruido en torno a los comicios. El texto, titulado Denuncias y alertas de fraude electoral requieren una acción pronta y rigurosa de las autoridades, señala que “resulta lamentable que las elecciones se vean opacadas por cuestionamientos que generan mayor desconfianza en el proceso democrático”.

Para Transparencia por Colombia “desde antes de la jordana electoral del 13 de marzo de 2022 ya existían dudas fundadas sobre la organización y confianza del proceso electoral”. La organización destaca las irregularidades que rodean el preconteo, “así como las denuncias que se han realizado sobre delitos electorales como la participación de funcionarios en política, la inscripción fraudulenta de cédulas, la compra de votos, la presión a los votantes y la alteración de los resultados de votación”.

Transparencia por Colombia hace una serie de recomendaciones que, al día de hoy, han sido desoídas. A poco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las dudas no solo se mantienen intactas sino que el ruido ha empeorado.

En el último debate de candidatos presidenciales, tanto Federico Gutiérrez como Sergio Fajardo pusieron sobre la mesa su desconfianza sobre el proceso electoral. Ambos expresaron su sospecha sobre el hecho de que en las elecciones de marzo al único partido al que le “aparecieron votos” fue al de Gustavo Petro.

El temor sobre qué podría ocurrir sigue íntegro. Demasiadas irregularidades advierten la inminencia de que la voluntad de los colombianos podría ser manipulada.

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