El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró este miércoles que LUMA Energy sí cumplirá con la ordenanza judicial de la entrega de documentos solicitados por la Cámara de Representantes, pero que lo hará cuando exista una “decisión final y firme de los tribunales de justicia”.
Según Pierluisi, no debe haber excepciones para nadie al acatar la ley y por esa razón LUMA continúa esperando el veredicto final en tribunales para cumplir con lo que ordenen.
“Tan pronto haya una decisión final y firme, de los tribunales de justicia, LUMA lo va a tener que acatar. No hay excepciones, aquí todos tenemos que acatar la ley. Lo que sucede es que la decisión de ayer no fue una decisión final y firme. Lo que hizo el Tribunal Supremo fue que devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. Ahora hay que ver que es lo que resuelve el juez de primera instancia. Cuando ese caso llegue a feliz término, LUMA lo va a tener que acatar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
Además, Pierluisi acotó que entendería la razón de LUMA a no entregar información si se tratara de asuntos relacionados a datos personales.
“El único planteamiento que desde mi punto de vista puede tener alguna validez es asumiendo que estén pidiendo nombres, direcciones, seguro social, números de teléfono o información privada del personal, pues ahí yo podría entender la objeción”, añadió.
La declaración llega luego que el Tribunal Supremo comunicara este martes, por segunda ocasión, que “no ha lugar” a la apelación de la compañía eléctrica para evitar entregar información a la Cámara de Representantes, que investiga el contrato de la compañía con el gobierno de Puerto Rico.
Wayne Stensby, presidente de LUMA Energy, reaccionó ante la decisión con un comunicado en donde ratificó nuevamente que no entregará lo solicitado y que regresará al Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico.
“Ninguno de los foros apelativos ordenó que LUMA contestara los requerimientos impugnados. Los méritos de las objeciones de LUMA serán dilucidados cuando el caso regrese al Tribunal de Primera Instancia”, dijo Stensby sobre el caso.
“Ninguna compañía debiera ser forzada a revelar la identidad y salarios de sus empleados, secretos de negocio, información sensitiva de la operación y de infraestructura ausente un objetivo legislativo legítimo; aún más, sin cumplir con las leyes aplicables y el debido proceso de ley al solicitar la información. El mensaje que esta investigación envía es que, si la reputación y misión de una compañía y sus empleados debe ser destruida por ganancia política, así será. Esto es contrario al interés de la transformación del sistema eléctrico”, finalizó.
