El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se mostró cauteloso respecto a implementar en la Isla el anuncio que realizó el presidente Joe Biden en el que obliga a vacunarse a todos los empleados federales y contratistas del Gobierno.
“La voy a evaluar detenidamente y tengo que pensar que debe haber como mínimo una excepción para las personas que por condición médica certificada no pueden vacunarse”, expresó Pierluisi tras la convención de la Asociación de Contratistas Generales, reseñó El Nuevo Día.
Pierluisi expuso que, hasta ahora, su política ha sido darle alternativas a las personas que no deseen vacunarse por motivos religiosos o de salud con la posibilidad de presentar una prueba negativa semanalmente.
Mientras que en lo que respecta al anuncio de Joe Biden, el primer ejecutivo de la isla señaló: “Voy a revisar bien la orden para ver qué se dispone y si la veo razonable, me voy a inclinar a aplicarla en Puerto Rico. Pero tengo que revisarla. No necesariamente porque el presidente Biden imponga esa regla a nivel federal yo la tengo que imponer en Puerto Rico. Eso va a depender de mi propio criterio”.
Vacunación obligatoria en Puerto Rico, vigente con excepciones
En Puerto Rico, están vigentes diferentes Órdenes Ejecutivas que hacen compulsoria la inmunización contra el Covid-19 a los empleados de la rama ejecutiva, los contratistas del Gobierno, trabajadores de la salud, trabajadores y huéspedes del sector turismo, como así también salones de bellezas, barberías, spa, gimnasios, guarderías de niños, supermercados, casinos y tiendas en gasolineras.
Aunque, están exentos de este requisito de vacunación obligatoria las personas que tienen condiciones médicas preexistentes que impidan su inmunización o que manifiesten condiciones religiosas de manera legítima para no poder vacunarse. La medida podría cambiar si el gobernador de Puerto Rico decide aplicar una medida similar a la del presidente Biden.
El costo de la Órdenes Ejecutivas de Pierluisi: dos demandas ante Tribunal Federal
La decisión de hacer obligatoria la inoculación contra el Covid-19 le ha costado al gobernador dos demandas, una contra su persona, y otra que incluye además al secretario de Salud, Carlos Mellado.
La primera fue interpuesta por empleados de carrera del Gobierno que alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales y solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna.
La segunda, vino de parte de un grupo de privados que exponen los daños que sufren tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el Covid-19 al sector.
Justifican la demanda al gobernador y el secretario de Salud en que se viola el derecho a su integridad física, a la toma de decisiones médicas y a su privacidad. Además de que se viola su libertad económica y derechos propietarios.
Aunque en un principio Pierluisi manifestó no estar preocupado por estar “totalmente confiado de que ese caso no tiene méritos”, el juez federal Pedro Delgado Hernández le ordenó al Gobierno de Puerto Rico indicar cuáles son las fuentes de los “datos empíricos, estadísticos y científicos” que se usan de justificación en la Orden Ejecutiva.
