Se muestran crecientes las sospechas ciudadanas con la casi nula reacción por parte del régimen de Pedro Castillo ante la arremetida violenta dentro de la ya famosa “conflictividad social” en Perú.
Por ejemplo, el brutal ataque incendiario de grandes proporciones —terminando octubre y al parecer muy bien planificado— contra una compañía minera aurífera (Apumayo) de capital privado en la región Ayacucho al sur del país y contra otras empresas, perpetrado por extremistas sorprendió a la opinión pública nacional.
Estos eventos sazonados con una prédica gobiernista ambigüa o arisca con las inversiones privadas en general parecen pugnar por convertirse en la nueva “normalidad” para apalancar los “cambios profundos” del ultraizquierdismo gobiernista. Gradualmente, los desastrosos efectos económicos, pero sobre todo políticos, se van vistiendo de afanes ideológicos, antisistémicos y estatistas de vieja data.
¿Es posible que quienes controlan hoy el Gobierno estén “dejando hacer, dejar pasar” a los calculadores infiltrados que van incendiando los contextos e infiltrando las legítimas demandas —ahí donde las hay— para canalizarlas de forma no institucional y violenta?
La instrumentalización de las tensiones a favor del plan político de “destruirlo todo para refundarlo todo”, de crear el “momento constituyente” para el cambio total de la Constitución, elevando la intensidad de los conflictos estimulados es perfectamente posible. Es incluso hasta previsible si atendemos a lo que ha sucedido por ejemplo en Chile, donde el extremismo —de signo terrorista, no menor pese a la resistencia en reconocerlo— logró parir a la actual Convención Constituyente. Bingo.
Hace ya casi diez años anotábamos que era crucial que los peruanos no perdieran de vista el escalamiento de conflictos sociales en territorio chileno, el cual podría más o menos replicarse. En Chile el “problema mapuche”, por ejemplo, se escogió como una de las principales palancas y se infiltró desde el exterior, explicando hoy el serio entrampamiento socioeconómico y político del sureño país.
Ciertamente sectores mapuches prodemocráticos y pacíficos han hecho bien en apartarse de los violentistas; pero no ha bastado para romper el influjo de los actores calculadores e ideológicos o de los que persiguen réditos económicos. No solo hubo amenazas de violencia y muertes ejecutadas, sino un bien planeado ciclo de atentados incesantes contra las inversiones y la infraestructura privada. Los incendios y la quema de camiones logísticos y distribuidores de las empresas es imparable; y hasta se denuncia la entrada de recursos del narcotráfico (las “ex”-FARC colombianas han sido protagonistas subterráneos del proceso) que facilitaron y facilitan hasta el momento la polarización con objetivos innegablemente políticos —por sobre los fines crematísticos—.
Lamentablemente gran parte de la ciudadanía, como sucede ahora en Perú, en Ecuador y como ocurrió en Bolivia en torno al “problema de la hoja de coca”, se negó a medir las advertencias y los riesgos (viendo solo peligros en la ultraderecha mientras ilusionaba y aplaudía a la ultraizquierda supuestamente “comprometida con la libertad y la democracia”). Hoy Chile vive una Convención Constituyente bajo la presidencia de una dirigente mapuche muy relacionada a personajes como Evo Morales, Rafael Correa y otros más; es decir, al operante y subestimado castrochavismo regional.
Cierto es que aún persisten problemas y que el sistema chileno –como el peruano– es perfectible, pero de ningún modo reformable vía el caos o la incitada violencia —sobre esto hemos escrito con anterioridad— “Castillo Petruzzi, exterrorista del MRTA en Perú, incita la violencia en Chile” y “Células narcochavistas y proterroristas se infiltran entre los mapuches en Chile”.
¿A qué viene todo esto? Que hoy en Latinoamérica no es necesario formar grupos abiertamente insurgentes o terroristas para tumbarse al sistema; basta que los extremistas violentos —que ya no son solo “radicales”— y los actores calculadores se infiltren como dirigentes y manipulen a discreción la “conflictividad social”, desplazando a los reales actores desposeídos con legítimas demandas y que rechazan la violencia.
La letalidad se acrecienta cuando —en el colmo de la democracia boba— los “refundadores” antisistema logran entrar y comienzan a usar los resortes gubernamentales (esto incluye la crucial información de los órganos de seguridad e inteligencia) para empujar el proceso “refundador” y la concentración de poder autoritario, hasta la militarización de las calles para luchar supuestamente “contra la inseguridad ciudadana” puede usarse en ese sentido.
En Perú la opinión pública se ha comprado la novela de un régimen que se encuentra estancado por las “peleas internas” entre sus “facciones”. O que Castillo “es un improvisado” que “no sabe qué hacer” o “sin capacidad de gobernar”.
El asunto es que en realidad es todo lo contrario. Castillo y asociados –no “peleados” sino coordinando tras escenarios– no buscan gobernar en realidad: buscan implosionar el sistema. Les urge generar las condiciones precisas tanto para sobrevivir (gracias al ingenuo “voto de confianza” otorgado por el Parlamento) como para continuar tensionando y dividiendo en paralelo a la población (el “pueblo” versus el “antipueblo”).
Es el avance gracias a los sondeos lentos hacia el caos administrado como escalera al éxito. Por supuesto, este plan debe responder a lineamientos que llegan inclusive desde fuera del país (la actual primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, es miembro activo del transfronterizo Grupo de Puebla).
El juego político actual en Perú va mostrándose obvio: el Gobierno formal ha sido tomado —gracias al voto ingenuo o cómplice— pero faltan controlar los factores de poder real, “relocalizarlos”, si es posible estimulando o permitiendo desafíos violentos. Hay que repetirlo: cuando un sistema político intenta activar a la mala todos sus conflictos a la vez, puede terminar por reventar en pedazos. Esto lo advirtió cierta rama de la politología hace más de cincuenta años. Y el prosenderismo chavistoide presidencial en Perú ya parece saberlo.
En ese sentido, no es a corto plazo la venezolanización directa del proceso peruano (se requiere tiempo para instalar en otro país una réplica de poder cívico militar de alcance transnacional como el de Chávez y Maduro); es la bolivianización y la chilenización táctica y estratégica lo que la precaria democracia liberal peruana enfrentará inicialmente vía la manipulación calculada del sistema de conflictos.
Political analyst and columnist focused on issues of risk and political conflict, radicalization and violent political extremism // Analista político y columnista enfocado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento