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Gobierno de España reembolsará a multados por saltarse las cuarentenas

Gobierno de España, El American

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El Gobierno de España se verá obligado a reembolsar las multas a todos los ciudadanos que fueron sancionados por saltarse las restricciones impuestas el año pasado durante el estado de alarma decretado por la pandemia de COVID-19.

Esto se debe a la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución española, de declarar ilegales los estados de alarma decretados por el Gobierno en marzo y octubre de 2020, así como la prórroga del segundo.

Un estado de alarma de un año

En marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus acababa de ser formalmente decretada, España se convirtió en uno de los primeros países en establecer fuertes cuarentenas y restricciones en todo el territorio nacional, e impuso multas contra los ciudadanos que se atrevieran a romperlas.

El decreto, que en primera instancia se dictó con una duración de 15 días, obligaba a toda la ciudadanía a permanecer en sus casas e impedía todo tipo de interacción en espacios públicos y privados.

Además, el mandato permitía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “practicar comprobaciones” de personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que considerasen necesarios, así como impedir que se llevasen a cabo los servicios y actividades que considerasen de alto riesgo.

Las restricciones limitaban la libertad de circulación y permitían requisas temporales de la propiedad privada de los españoles. El gobierno de España cerró restaurantes, escuelas, empresas públicas y privadas, clausuró eventos deportivos y prohibió manifestaciones religiosas (incluyendo ceremonias fúnebres), e incluso quiso cerrar el Congreso.

El estado de alarma de marzo se prorrogó un total de seis veces, y los quince días establecidos en el primer decreto se convirtieron en cuatro meses de intensas cuarentenas a escala nacional. La medida terminó el 21 de junio.

Cuatro meses después, entre el 9 y el 24 de octubre, el gobierno estableció un nuevo estado de alarma que sólo cubría algunos municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El 25 de octubre, apenas concluyó la restricción en Madrid, el gobierno decretó un segundo estado de alarma nacional. Aunque suponía restricciones menos estrictas, limitaba fuertemente la libertad de circulación y establecía un horario de libre tránsito.

El segundo estado de alarma debía terminar en noviembre pero, una vez más, el gobierno lo extendió a último momento, en esa oportunidad por un período de 6 meses. Finalmente terminó el 9 de mayo de este año.

Es decir, el gobierno de España liderado por el socialista Pedro Sánchez, mantuvo a los españoles en un complejo estado de alarma durante más de un año, con excepcionales atribuciones para las autoridades.

VOX vs Gobierno de España: recurriendo a los estados de alarma

En abril de 2020, luego de la primera prórroga al estado de alarma, los 52 diputados del partido conservador Vox presentaron un recurso ante el TC, argumentando que el decreto suponía restricciones de ciertas libertades que no estaban previstas en la Constitución y que otras suspensiones dictadas por el Gobierno de España sólo habrían sido posibles en la fórmula de un estado de excepción.

“Por muy grave que sea la situación a que deba hacerse frente, la misma debe siempre abordarse dentro de la Constitución y conforme a la misma, y no con una clara vulneración de su supremacía y de los más elementales derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el caso. En el estado de alarma, el Gobierno no puede hacer cualquier cosa, sino que ha de ceñirse a las medidas permitidas para dicho estado por el bloque de la constitucionalidad”, afirmó Vox en su recurso.

Luego, en noviembre del año pasado, Vox recurrió ante el TC el segundo estado de alarma y la prórroga del mismo decretada ese mes.

En julio de este años, el TC falló a favor de Vox respecto al primer estado de alarma y lo declaró inconstitucional dado que se extralimitó en restringir libertades a los españoles.

Finalmente, el TC estimó el último recurso de Vox y también declaró inconstitucional el segundo estado de alarma este miércoles.

Esta decisión supone el tercer golpe contra la estrategia jurídica de Sánchez para manejar la crisis sanitaria generada por la pandemia, dado que el alto tribunal declaró también que la suspensión de la actividad parlamentaria fue ilegal.

Al respecto, el portavoz de Vox en el Congreso nacional, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que las tres sentencias mencionadas del TC deberían ser motivo suficiente para exigir la “renuncia en bloque” de Pedro Sánchez y sus ministros.

“Pedro Sánchez y su cuadrilla de enemigos de España secuestraron a los españoles durante seis meses de manera inconstitucional en una violación flagrante de sus derechos”, dijo Espinosa.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, emitió un tweet afirmando que su partido “es la alternativa” al citar sus victorias legales contra el gobierno socialista.

Por su parte, la ministra de Justicia de Sánchez, la socialista Pilar Llop, afirmó este miércoles que el Gobierno respeta y acata, aunque no la comparte, la sentencia del TC que declara ilegal el segundo estado de alarma y dio por hecho que las sanciones impuestas bajo ese paraguas serán devueltas.

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