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Gobierno de Puerto Rico, demandas, El American

Gobierno de Puerto Rico dice que demandas ante Tribunal Federal buscan “promover una agenda antivacunas”

El Departamento de Justicia sometió al juez Pedro Delgado Hernández dos escritos: uno que pide la desestimación de la demanda y otro en contra de la solicitud de interdicto de empleados públicos

El Gobierno de Puerto Rico pidió al Tribunal Federal que desestime las demandas en contra del primer Ejecutivo de la isla alegando que con ellas se trata de promover una agenda antivacunas.

El Departamento de Justicia sometió al juez federal Pedro Delgado Hernández dos escritos: uno que pide la desestimación de la demanda y otro en contra de la solicitud de interdicto que sometieron empleados públicos que retan la orden ejecutiva que estableció un mandato de vacunación para los empleados de la rama Ejecutiva.

La Institución alegó que todavía no ha ocurrido un caso a nivel federal que derrote un mandato de vacunación y en que sus Órdenes Ejecutivas con mandatos de vacunación cumplen con las exigencias constitucionales porque proveen alternativas para los que no quieran vacunarse, reseñó Noticel.

“La ciencia y seguridad pública tienen que prevalecer por encima de inconveniencias sutiles y agravios generales de aquellos que escogen no vacunarse”, concluyó el Gobierno de Puerto Rico.

A su vez destacó la posibilidad que tienen las personas que eligen no vacunarse de entregar una prueba negativa de COVID-19  o acogerse a licencias, con sueldo mientras le duren y sin sueldo cuando se le acaben, hasta que la emergencia por la pandemia finalice.

El juez Delgado Hernández negó celebrar una vista del interdicto hasta que el gobierno contestara la demanda y dio hasta este martes 31 de agosto para ello.

Por tanto, lo próximo es que el magistrado decida si el reclamo termina en esta primera etapa o prosigue.

Demandas al Gobierno de Puerto Rico

Este martes, un grupo de privados interpuso una demanda al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y a su secretario de Salud, Carlos Mellado, en el Tribunal Federal alegando que sufren daños tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el COVID-19 al sector.

La compañía de helados Tropical Chill; una empleada de una farmacia en el municipio Manatí, Alexandra Irizarry; una propietaria de Hillside Cabin, en Mayagüez, Yasmín Vega; y un empleado de almacén de un supermercado en San Germán, René Matos, solicitan al juez federal Raúl Arias Marxuach que declare inconstitucional el mandato sobre la vacunación.

Justifican la demanda al gobernador y el secretario de Salud en que se les viola el derecho a su integridad física, a la toma de decisiones médicas y a su privacidad. Además de que se viola su libertad económica y derechos propietarios. Es costoso hacerse la prueba semanalmente y eso afecta sus finanzas.

Asimismo, empleados de carrera del Gobierno de Puerto Rico interpusieron el 16 de agosto una demanda al gobernador Pedro Pierluisi, en el Tribunal Federal por ordenar la vacunación obligatoria contra el coronavirus. 

Alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales. Por ello, solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna.

Proponen en la demanda al gobernador ante el Tribunal Federal que cada agencia pública permita a las personas que no quieren vacunarse trabajar de forma remota, sin necesidad de presentar una declaración jurada o certificado médico.

Asimismo, exigieron que se obligue al Gobierno a proporcionar las pruebas de COVID-19 requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.

“El Gobierno de Puerto Rico está siendo arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”, indica la demanda presentada por el abogado José Dávila Acevedo.

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