Este lunes 16 de agosto entró en vigor la Orden Ejecutiva 2021-058 que obliga a los empleados de las agencias del Gobierno a estar vacunados o por lo menos comenzar el proceso de vacunación con la primera dosis.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) prevé tener un estimado de cuántos trabajadores públicos solicitaron exención a la inmunización obligatoria contra el COVID-19 para finales de esta semana.
“Las agencias se encuentran recopilando esta información y esperamos ya para esta misma semana empezar a recibir los datos y, tan pronto tengamos algunos más comprensivos, los estaremos compartiendo”, indicó Zahira Maldonado, directora de la OATRH, en entrevista a El Nuevo Día.
Aunque los empleados públicos tienen hasta el 30 de septiembre para cumplir con la pauta completa de inoculación contra el coronavirus, hasta el 17 de septiembre las dependencias públicas tendrán que notificar el balance entre empleados que no han cumplido con la orden ejecutiva y los que están vacunados.
“Las agencias están recibiendo a sus empleados, cerciorándose de que estén vacunados o que presenten evidencia de que han iniciado el proceso de vacunación y aquellos que han solicitado alguna exención que presenten evidencia de la misma junto con una prueba negativa”, aseguró Maldonado, respecto a la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva.
La funcionaria afirmó que demandan a las agencias confidencialidad sobre la información de sus empleados y concluyó que cualquier reclamo particular debe ser gestionado por el departamento de recursos humanos de la agencia para la que labora.
Las excepciones a la Orden Ejecutiva
La Orden Ejecutiva 2021-058 de vacunación obligatoria, que entrará en vigor a partir del próximo 16 de agosto de este año, contempla dos excepciones para las personas que aleguen no poder vacunarse y una alternativa para aquellos que de plano la rechacen.
“Estarán exentos de este requisito de vacunación obligatoria las personas que tienen condiciones médicas preexistentes que impidan su inmunización o que manifiesten condiciones religiosas de manera legítima para no poder vacunarse”, señaló el gobernador Pedro Pierluisi.
“Se le va a requerir una declaración jurada firmada de un ministro o líder eclesiástico cuando una persona indique que sus condiciones religiosas impiden que se vacune y lo mismo para las condiciones preexistentes, en este caso tendrá que avalarlo un médico”, agregó.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi ordenó la vacunación obligatoria contra el coronavirus para todos los empleados públicos de la rama ejecutiva, a razón del aumento de casos en la isla y el estancamiento de la campaña de inmunización.
“Todo empleado público deberá tener al menos una dosis de la vacuna antes del 16 de agosto y debe haber completado el ciclo de la vacunación antes del 30 de septiembre”, señaló Pierluisi en una conferencia de prensa transmitida en redes sociales.
En caso de que el empleado público de la rama ejecutiva rechace inmunizarse deberá presentar semanalmente una prueba negativa de COVID-19 o una positiva con un certificado médico que diga que ya no es contagioso.
“Cualquier empleado que se niegue a cumplir con estas directrices no podrá acudir al trabajo y deberá agotar tiempo compensatorio o licencias regulares. De no tener disponible, deberá estar en licencia sin sueldo durante la vigencia de esta orden”, advirtió.
