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Zach Vorhies, exempleado de Google y autor, junto a Kent Heckenlively, de “Google Leaks: A Whistleblower’s Exposé of Big Tech Censorship”, afirma que “Google está jugando en ambos lados del juego […] Por un lado, dicen que son una plataforma y que son inmunes a ser demandados por el contenido que alojan en su sitio Web.
Por otro lado, actúan como un editor determinando la agenda editorial de estas ciertas compañías, y si las personas no se ajustan a su agenda editorial, entonces sus artículos de noticias se desestiman y se desvían, mientras que las personas que se ajustan a su agenda editorial, se potencian y se llevan a la cima”.
Los esfuerzos por descalificar a Vorhies, en lugar de responder a su argumentación, –sostenida en hechos– es una falacia de manual, no muy efectiva para convencer a personas racionales, pero perfecta para evitar que partidarios emocionales de una cultura política que la mayoría de esas grandes tecnológicas asumieron como propia, duden del aliado vital. Este fue el primer paso al que llegasen a dudar de la cultura política de la cancelación en cuanto tal al darles una excusa para evitar “exponerse” a hechos y argumentos tan verdaderos como “dolorosos” para ellos.
Que no falten quienes “argumenten” que ese dolor prueba algo más que la fragilidad emocional –e intelectual– de los dolidos, se debe a que en la cultura de la cancelación woke ya impera la absurda idea de que los “sentimientos son hechos”. Es decir que lo que los hace sentir mal –a ellos, no al resto, que no importa– tiene que ser rechazado –y eventualmente cancelado– como falso, aunque sea verdadero. Es un viejo juego y un tipo de locura que no se ha visto sino en los peores momentos de las grandes purgas totalitarias.
El gran tema de la neutralidad de red
Es el gran tema de la neutralidad de red. Una batalla que hoy debemos aceptar que se perdió, casi sin pelearse, en el terreno de la legislación y regulación, una y otra vez. Los negocios en línea, desde el alojamiento en servidores y servicios de soporte para negocios, pasando por buscadores, ventas en línea, publicidad en línea y concluyendo en las redes sociales, no se habrían desarrollado en su forma actual sin ciertos privilegios legales.
Obviamente, la justificación de esos privilegios y protecciones no se limitó a que un Internet comercial sería muy importante para la economía –lo que obviamente se argumentó. Y era cierto– o que implicaría una “primavera de libertad de información” –lo que hoy en día parece una broma de mal gusto– Sino, en una promesa incumplida: que las empresas que disfrutarían de esa protección especial, estarían comprometidas con la neutralidad de la red es lo que afirmaban, de una u otra forma.
Sobre practicarlo, la historia fue otra desde el principio y llegó a extremos hace relativamente poco tiempo. En los últimos tiempos se atrevieron a lo que antes no se habían atrevido. Pero puertas adentro, la cancelación es hegemónica en el grueso de esas empresas desde su fundación y tras el disfraz de inclusión se impone con totalitaria intolerancia. Sin resquicio a la menor disidencia.
Siempre ha sido así. Y nunca ha dejado de reflejarse sobre usuarios y clientes –sobre clientes en menor grado, porque para el grueso de las tecnológicas los usuarios no son el cliente y en cierto sentido llegan a ser el producto– pero durante mucho tiempo se esforzaron por negarlo, ocultarlo o minimizarlo. Lo asumen abiertamente al entrar en una abierta colusión con el poder político, mediante la cultura de la cancelación como ideología totalitaria común. Pero siempre estuvo ahí, más o menos implícito, más o menos negado, más o menos disimulado. Ahora finalmente está a la vista.
Y claro, las implicaciones son gigantescas. La Internet es lo que para buena parte de las personas y los negocios es todo, o casi todo. En la medida que más empresas que tienen posiciones claves en diferentes sectores del negocio en línea asumen la cancelación –mentalidad totalitaria, censura y persecución de la disidencia– se sienten en la necesidad de forzarla a sus clientes, proveedores e incluso competidores. Y como ya dijimos que se trata de una colusión con el poder político –y otros factores corporativos, especialmente en los medios y el entretenimiento– legitimada por la academia, tienen excelentes posibilidades de quedar impunes.
Aunque en cuanto a imponerse, el que tengan o no éxito está por verse. La competencia, por más que intenten restringirla, sigue existiendo y la verdad termina por abrirse paso tarde o temprano. Aunque a veces demasiado tarde.
Vemos esfuerzos de todo tipo contra esa colusión y sus prácticas. En ese sentido, las investigaciones del fiscal de Texas iniciaron una tendencia en la que autoridades estatales del GOP plantan cara a las grandes tecnológicas. Investigaciones, leyes estatales, multas e iniciativas antimonopolio. Todo comprensible, pero no necesariamente todo efectivo.
Pero no son un monopolio en el sentido que lo define las leyes antimonopolio –nada lo es realmente, pero ese es otro asunto– sino un cártel, respecto al sentido de que la colusión criminal para la que se legisló la ley RICO que en el de leyes antimonopolio.
No es que esté proponiendo investigarlos bajo la ley RICO por la posible parte no confesada de la conspiración públicamente presumida. De no existir una parte oculta que no han admitido todavía, no habría sido posible el éxito de aquello que sí admiten. Lo que propongo es orientar todos los esfuerzos hacia la promesa incumplida y el ideal perdido: la neutralidad de la red. Una neutralidad que sería la condición exigible a las empresas (a todas las empresas del sector) para disfrutar de todo el privilegio legal y como privilegio lo condiciona a esa neutralidad, que a su vez exige de clientes y usuarios, público y Estado, asumir sus responsabilidades en un marco de libertad y tolerancia. Ahí debe apuntar el GOP en todo éste asunto si pretende sobrevivir y prevalecer. Ni más ni menos.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros