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Dejábamos en la entrega anterior a Reid quebrando la narrativa demócrata desde el New York Times y al general Sickles poniendo en pie de guerra al Partido Republicano. En los días siguientes las pruebas del fraude electoral adelantado por los demócratas –mediante la intimidación, el terror y el engaño– se fueron acumulando de tal manera que, viéndose expuestos, se aferraron a la supuesta legalidad formal de unos resultados obtenidos con el terror y el engaño. Los republicanos resistieron con todas las armas a su alcance.
Y el país terminó con estados que enviaron no una, sino dos listas de electores designados como compromisarios de los colegios electorales –tres en Florida–. Situación para la cual la Constitución de los Estados Unidos no ofrecía clara solución. Y complicada más por la división política del legislativo donde cada partido dominaba una de las cámaras, cerrando las salidas constitucionales que deducían los juristas.
El fraude demócrata se estrella con la Comisión Electoral
La única salida fue el nombramiento de una Comisión Electoral de Juristas de prestigio, reglamentada por el Presidente Grant –con miembros nombrados por la Cámara de Representantes, el Senado y el Tribunal Supremo– para dilucidar la legalidad de las elecciones en los estados en litigio. Y dictaminar que lista de compromisarios de los colegios sería legal en cada caso. Definiendo así quién –y cómo– había ganado legalmente la elección. Los demócratas del norte mantenían una agresiva campaña “Tilden or blood” sin demasiado respaldo del Sur, donde ya habían hecho correr sangre para imponer la agenda racista –y a Tilden– pero temían otra guerra civil que los arrasaría nuevamente.
La Comisión Electoral quedó en manos de Henry B. Payne, Eppa Hunton, Jonah G Abbot, George F Hoar y James A Garfield por la Cámara de Representantes; George F. Edmunds, Oliver P. Morton, Frederick T. Frelinghutsen, Allen G. Turman y Thomas F. Bayard por El Senado; y Nathan Clifford, Samuel Miller, Stephen Field, William Strong y Joseph Bradley por el Tribunal Supremo. El viernes 9 de febrero de 1877 la Comisión certifica que los cuatro votos compromisarios del estado de Florida correspondían a Hayes como Presidente y a Wheeler como Vicepresidente.
El viernes 16 de febrero de 1877 decide la Comisión que la lista constitucionalmente valida de compromisarios de Luisiana es la de los que votarían por Hayes y Wheeler. Sobre la hábil maniobra del gobernador demócrata Grover en Oregon para nombrar al único compromisario que requería Tilden en dónde ningún demócrata reclamaba que lo hubiera ganado, simulando imitar la respuesta de autoridades republicanas a las irregularidades de las State Canvassing Board de los estados en disputa –que en Oregón no existía– aprovechando la temporal inelegibilidad de un compromisario, la Comisión concluye que el gobernador había excedido sus funciones y da por válida la lista final notariada remitida por los tres compromisarios legítimos, el 23 de febrero de 1877. Ya el 27 de febrero de 1887, como un asunto de mero trámite, la Comisión aplicó para Carolina del Sur el mismo criterio que en el resto de los estados. Y Hayes pasó a ser de iure presidente electo de los Estados Unidos.
Los demócratas perdieron con el fraude pero ganaron con la negociación
Para un compromiso político hubo contactos tempranos entre líderes republicanos de alto nivel y representantes de los estados sureños. En diciembre de 1886 entre William Henry Smith por los republicanos y a Andrew Kellar por el ala sureña del Partido Demócrata. El representante demócrata Casey Young por su parte ofreció al republicano William Williams que si Garfield ofrecía líneas de políticas de Hayes para los estados del sur aceptables al bloque sureño, cincuenta demócratas sureños obstaculizarían todo intento de la Cámara de Representantes de impedir la toma de posesión de Hayes.
Con el nombramiento de la Comisión las negociaciones se enfriaron. Hasta el 26 de febrero de 1877, ya con los resultados de la Comisión sobre la mesa, se reunieron los representantes de Hayes, Stanley Matthews, John Sherman, James Garfield y William Dennison y los demócratas sureños Henry Watterson de Carolina del Sur y John B. Gordon de Georgia. De aquello salió la declaración pública:
“Referring to the conversation with you yesterday, in which Governor Hayes´s policy as to the status of certain states was discussed, we desire to say that we can assure you in the strongest possible manner of our great desire to have him adopt such a policy as will give to the people of the states of South Caroline and Louisiana the right to control their own affairs in their own way, subject only to the Constitution of the United States and the laws made in pursuance thereof, and to say further, that from an acquaintance with and knowledge of Governor Hayes and his views, we have the most complete confidence that such will be the policy of his administration.
Respectfully.
Stanley Matthews.Charles Forster”
Los republicanos únicamente habían logrado que la investidura de Hayes transcurriera más o menos pacíficamente. Porque una vez investido los demócratas iniciaron una intensa campaña de deslegitimación contra Hayes, atribuyendo “el fraude del siglo” que ellos habían intentado sin éxito, a la Comisión Electoral. Y al débil presidente Hayes.
La elección del republicano Hayes puso así fin a la reconstrucción. En cumplimiento del acuerdo político el presidente Hayes retiró los destacamentos federales de los estados del sur. Los demócratas perdían una Casa Blanca que no habían ganado realmente. Y que la Comisión Electoral ya les había negado. Y a cambio de nada, recuperaban el control total de los estados sureños para imponer por casi un siglo la supremacía blanca que los republicanos habían combatido –sin pausa, aunque con mayor o menor intensidad– hasta ese día.
El gran fraude demócrata de 1876 perdió de iure ante los juristas de Comisión Electoral. Pero ganó de facto en los salones de la política.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros