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El presidente Biden anunció las seis políticas de control de armas de su administración para frenar la violencia armada en una conferencia de prensa celebrada el jueves por la tarde en la Casa Blanca. Biden, cuya administración había barajado previamente la posibilidad de tomar medidas ejecutivas para abordar la cuestión del control de armas, se refirió a la violencia armada en Estados Unidos como una “epidemia” que hay que frenar.
Biden también hizo una controvertida declaración mientras se dirigía a la prensa, al afirmar que aunque el derecho a portar armas está recogido en la Constitución a través de la Segunda Enmienda, “ninguna enmienda de la Constitución es absoluta”, argumentando que siempre han habido algunas limitaciones sobre quién puede poseer armas de fuego.
El anuncio se produjo tras los recientes tiroteos masivos en Colorado y Atlanta, donde murieron casi 18 personas. Además de presentar sus acciones ejecutivas sobre el tema, el presidente también llamó al Senado a votar a favor de los dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, sobre el tema del control de armas.
La legislación sobre armas, sin embargo, se enfrenta a algunas dificultades importantes para pasar por el Congreso, ya que los demócratas tendrían que convencer a 10 senadores republicanos para que estén de acuerdo con ellos o destruir el filibuster legislativo de una vez por todas.
Dado que una legislación generalizada sobre el control de las armas parece, en el mejor de los casos, una quimera, la mayor parte de las medidas que Biden puede adoptar de inmediato sobre la cuestión serían a través de su poder ejecutivo.
Explicación de las 6 políticas de control de armas de Joe Biden
Prohibición de las “armas fantasmas”
El presidente anunció que su administración trataría esas armas de fuego bajo la Ley de Control de Armas, que obligaría a los vendedores con licencia a realizar comprobaciones de antecedentes a los posibles compradores y a dotar a las piezas clave de las armas de números de serie, para que puedan ser rastreadas por las autoridades federales y estatales pertinentes.
El término “armas fantasma” se utiliza para referirse a las armas de fuego que se envían por piezas al comprador, que finaliza el montaje del arma por su cuenta. Las autoridades llevan tiempo preocupadas por el aumento de este tipo de armas, ya que no se pueden rastrear y no requieren una comprobación de antecedentes, debido a que técnicamente no son armas cuando se venden.
Regular los tirantes estabilizadores
Otra de las acciones que Biden anunció durante su conferencia fue la adición de nuevas regulaciones en relación con la venta de tirantes estabilizadores, que son dispositivos que se fijan en la culata de una pistola y que permiten al usuario asegurar el arma en su antebrazo (como un rifle), facilitando el manejo de armas más pesadas.
La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) ha mantenido durante mucho tiempo una política estándar que considera que comprar una culata y acoplarla a un arma regulada transformaría dicha arma en un rifle de cañón corto. Sin embargo, la oficina también ha declarado que el uso de tirantes estabilizadores no entra dentro de esta norma, una decisión que Biden pretende efectivamente eliminar.
Biden ha decidido incluir este accesorio para armas en la Ley Nacional de Armas de Fuego, lo que podría obligar a los compradores a pagar una tasa de 200 dólares y a presentar su nombre al Departamento de Justicia, el mismo requisito que se necesita para comprar un silenciador para un arma.
Énfasis en las leyes de bandera roja
Biden también dijo que el gobierno federal, concretamente el Departamento de Justicia, publicaría una ley estándar de bandera roja que serviría de modelo para que las legislaturas estatales redactaran sus propias leyes. Según el presidente, la aplicación a nivel nacional de este tipo de proyectos de ley reduciría significativamente el número de muertes causadas por armas en el país, ya sea por asesinato o por suicidio.
Según el Servicio de Investigación del Congreso, las leyes de “bandera roja” varían según el estado, pero siguen el mismo razonamiento básico: permiten que los individuos soliciten a los tribunales que impidan temporalmente el acceso a las armas a determinadas personas, ya que podrían suponer un riesgo para ellos mismos o para los demás. Por lo general, quienes pueden solicitarlo son los agentes de la ley y los miembros de la familia o del hogar. En agosto de 2019, 17 de los 50 estados de Estados Unidos han adoptado algún tipo de ley de bandera roja.
Nombramiento de un nuevo director para la ATF
La ATF es una de las agencias gubernamentales más involucradas en el tema de las armas, como su nombre indica, y ha permanecido sin director permanente desde 2015 y ha funcionado con directores interinos desde entonces. Incluso Trump se vio obligado a retirar a su candidato en 2020 después de que muchos senadores conservadores expresaran su preocupación por sus intenciones de restringir el acceso a las armas.
Biden nominó a David Chipman como su elección para dirigir la ATF, y dijo que confiaba en que era la “persona adecuada” para dirigir la agencia en este momento. Chipman, que ha trabajado en la ATF durante 25 años, se enfrentará a un duro reto en su proceso de confirmación en el Senado, ya que es seguro que muchos republicanos cuestionarían sus opiniones sobre las armas.
Financiación de las propuestas locales de control de armas y encargo de un estudio federal sobre la violencia armada
Biden anunció finalmente que su administración aumentará la financiación de las propuestas comunitarias destinadas a frenar la violencia armada, haciendo especial hincapié en las comunidades urbanas, donde los asesinatos son más elevados que en el resto del país. El presidente pregonó los beneficios económicos que este tipo de programas podrían aportar al país, ya que dijo que la violencia relacionada con las armas cuesta 280,000 millones de dólares al año al contribuyente americano, una cifra que fue denunciada en 2018 por la organización Everytown for Gun Safety, un grupo sin ánimo de lucro a favor del control de armas.
Por último, la Casa Blanca anunció la creación obligatoria de un informe anual encargado por la ATF destinado a informar de las nuevas tendencias, datos y novedades que han surgido sobre el tema de las armas en Estados Unidos.
Biden cerró su discurso presionando al Congreso para que adopte un papel activo en la aprobación de la legislación aprobada por los demócratas en la Cámara de Representantes, afirmando que esta cuestión no debe ser partidista.
La administración quiere mostrar su fuerza y demostrar que está comprometida con la aplicación de políticas significativas de control de armas durante su mandato, lo que explica las medidas ejecutivas adoptadas por Biden el jueves. Sin embargo, cualquier acción significativa debe venir del Congreso, no del Despacho Oval, y Biden lo sabe.
