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No somos pocos los que creemos que gracias a los continuos avances científicos y tecnológicos, nuestra sociedad no solo es más productiva en su día a día (cuestión también económica), sino que también tiene mayor esperanza de vida así como más probabilidad de sobrevivir a enfermedades que otrora le causarían la muerte.
Gracias a distintos métodos orientados en la prueba y en el error, hemos conseguido dar pasos hacia delante. No obstante, esa mentalidad (que no es nada incompatible con el criterio del binomio “razón y fe”) está siendo bastante damnificada por las degeneraciones ideológicas y filosóficas que son intrínsecas al proceso revolucionario.
Esto no solo se ha puesto de manifiesto con los postulados de la ingeniería de género, que procuran destruir una concepción antropológica intrínseca a nuestro orden natural. Desde el pasado mes de marzo del año 2020, esto entró bastante de lleno, a raíz de una circunstancia epidemiológica que conocemos muy bien.
En absoluto voy a negar la existencia de ese patógeno que resulta ser un coronavirus codificado como COVID-19, sino que, más bien, me inclino hacia la tesis que, en su momento, motivó al expresidente americano Donald J. Trump a hablar de la existencia de un “virus chino”.
Voy a abordar cuestiones concretas acerca de la línea en la que la mayoría de administraciones políticas han tratado el asunto, de una manera bastante cientifista pero, sobre todo, favorable a una considerable invasión de libertades (oportunidad estatista) y al estrangulamiento económico de la sociedad.
Hablaré de la vacunación obligatoria y el intríngulis de los “famosos” pasaportes de vacunación, también conocidos como “pasaportes COVID”. Ambas son medidas cuya aplicación es pretendida en los Estados Unidos, aunque no son exclusivas del mismo territorio (podemos echar una ojeada a Europa).
Vacunación obligatoria y prohibición de discusión
Uno no es un enemigo con base en lo que algunos llaman “medicina moderna”. Tampoco se va a dudar de que el desarrollo de la vacunación a lo largo de la historia ha ayudado a prevenir muertes o cuadros de convalecencia de considerable gravedad (por ejemplo, alergias determinadas o afección por culpa del tétanos, el polio y la meningitis).
Tampoco voy a dudar de que, al menos, atendiendo a datos oficiales, muera menos gente por culpa del COVID-19 (por ejemplo, personas mayores internadas en centros de atención geriátrica). Es cierto, aunque no voy a negar que los accidentes de tráfico y los ataques cardíacos siguen siendo factores mayores de mortalidad en Occidente.
Ahora bien, no estoy de acuerdo con que la soluciones inmunológicas de laboratorios como Pfizer, Johnson and Johnson sean consideradas como algo “obligatorio” en la “religión estatalista”, como algo cuyos beneficios sean absoluta y plenamente “incuestionables”.
Es verdad que todos los medicamentos acarrean efectos secundarios, pero también uno es libre de cuestionar la autorización de emergencia de ciertas autoridades y de considerar como más aptas y beneficiosas otras soluciones como la inmunidad natural u otros tratamientos in situ como la hidroxicloroquina o la ozonoterapia.
Tampoco es de recibo que el coronavirus, pese a no ser la mayor causa de mortalidad en el mundo, sea el único condicionante sanitario a la libertad de circulación y de reunión, sin importar cualquier otro cuadro patológico infeccioso y propagante (ya ni digamos del descontrol migratorio que promueve el “imperante” consenso progre).
La privacidad no está reñida con la calidad asistencial y la prevención
Honestamente, no creo que todas las aplicaciones sanitarias sobre la minería de datos tengan que implicar una invasión absoluta de nuestras libertades. Existen múltiples técnicas de anonimización que, en este contexto, podrían aplicarse sobre los cuantiosos registros de pacientes y clientes de las farmacias.
La anonimización impide que existan conceptos de datos que faciliten la identificación de personas concretas (la pseudoanonimización de los datos, por el contrario, simplemente se limita a editar la información determinante, por ejemplo, sustituyéndola por códigos aleatorios, difíciles de asociar a alguien en un principio).
No obstante, no interesa a los Estados modernos, promotores de aplicaciones de rastreo (con la colaboración de las grandes corporaciones tecnológicas, que no necesariamente son las mejores defensoras del libre mercado y el principio de subsidiariedad) que los datos se puedan limitar a mejorar la investigación sanitaria y científico-tecnológica.
Se ve una oportunidad “de oro” para monitorizar a la población (también es cierto que para entrar en algunos países europeos ha sido necesario y obligatorio cumplimentar formularios que informasen a las autoridades estatales de los mismos sobre tus planes de viaje así como sobre posibles actividades de la previa quincena).
Con lo cual, apostar por un desarrollo científico que no esté exento de libre discusión (insisto, sin negar la existencia del COVID-19) no implica avalar la provocación de miedo histérico en la sociedad a fin de que esta asimile con mayor facilidad aquellas medidas orientadas a vulnerar la objeción de conciencia, la privacidad (intrínseca a la propiedad) y la libre circulación.
Ángel Manuel García Carmona es ingeniero de software, máster en Big Data Analyst, columnista y tradicionalista libertario // Ángel Manuel García Carmona is a software engineer, master in Big Data Analyst, columnist and libertarian traditionalist.