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El objetivo del Partido Comunista chino de destruir las libertades que los ciudadanos de Hong Kong han disfrutado durante décadas sigue avanzando sin descanso. Esta semana, el gobierno de Hong Kong, encabezado por la leal a Pekín Carrie Lam, dijo que iba a aprobar un proyecto de ley que obliga a los funcionarios electos a prestar un juramento de lealtad a la Constitución de la ciudad o a arriesgarse a ser inhabilitados para el cargo.
Para entender lo que está ocurriendo en Hong Kong necesitamos primero un poco de contexto histórico. En 1998, el Reino Unido aceptó ceder su soberanía de Hong Kong a China con la condición de que la isla se rigiera por el principio de “un país, dos sistemas”. Según este acuerdo, que tiene la fuerza de un tratado internacional, Hong Kong (al menos hasta 2047) formaría parte de China, pero mantendría un alto nivel de autonomía y conservaría las libertades civiles que fueron norma común durante los años de dominio británico.
Sin embargo, en los últimos años, el PCCh (Partido Comunista de China) ha dedicado muchos esfuerzos a acabar con cualquier vestigio de libertad que quedara en la otrora ciudad isleña británica. Los hongkoneses han respondido del mismo modo, con protestas masivas que estallaron en la ciudad en 2014 y 2019.
En 2014, la “revolución de los paraguas” estalló para impedir el intento de Pekín de reformar unilateralmente la ley electoral que había regido en Hong Kong, con el fin de garantizar el nombramiento de políticos leales al PCCh para los más altos cargos de la isla. Aunque ese movimiento no impidió que el jefe del Ejecutivo controlado por China aprobara la legislación propuesta, fue un recordatorio para el Gobierno de Xi Jinping de que Hong Kong no se sometería en silencio.
En 2019, otra oleada masiva de protestas consumió la ciudad durante meses, en protesta por una propuesta que permitiría la deportación de ciudadanos de la isla (que tiene un sistema legal diferente) al continente, lo que posiblemente abriría la puerta a que los activistas políticos fueran detenidos y enviados a enfrentarse a un juicio en los tribunales controlados por el PCCh. Los manifestantes consiguieron incluso entrar en el edificio del Consejo Legislativo, en el aniversario de la entrega de Hong Kong de manos británicas a chinas, y obligar al gobierno a retirar ese proyecto de ley concreto.
Los hongkoneses han mostrado su descontento con Pekín no solo en las calles, sino también en las urnas. En 2019, solo unos meses después del apogeo de las protestas, los partidos prodemocráticos obtuvieron una histórica victoria aplastante en las elecciones al consejo de distrito de la ciudad, obteniendo aproximadamente el 90 % de los escaños. Sin embargo, a pesar de la tenacidad y la determinación de los ciudadanos de Hong Kong para mantener sus libertades, Pekín estaba igualmente decidido a aplastarlos.
Un país, un sistema
El año pasado, mientras el mundo se consumía en una pandemia creada en gran medida por la incompetencia y la opacidad del PCCh, Pekín vio la oportunidad de llevar a cabo una ofensiva reaccionaria en la ciudad y obtener la ventaja definitiva en su larga lucha contra la ciudadanía. Pekín aprobó una muy criticada Ley de Seguridad Nacional, que pasó por encima del Consejo Legislativo local, que amplió de forma descomunal los poderes y la autoridad de la policía en la ciudad y aumentó sustancialmente las penas por delitos de “secesión, subversión, terrorismo y connivencia con fuerzas extranjeras”.
Como se prohibieron las grandes multitudes debido a las normas de distanciamiento social, la respuesta de la población de Hong Kong fue muy limitada. Pekín utilizó la válida preocupación por la salud pública para imponer leyes draconianas que empezaran a alejar a la isla del acuerdo de “un país, dos sistemas” y convertirla en el régimen de partido único que le gusta a Pekín.
Desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional el año pasado, ha aumentado considerablemente el número de detenciones políticas realizadas por la policía de Hong Kong, y varios de los más importantes líderes prodemocráticos han sido arrestados bajo la acusación de violar dicha ley. Con estas detenciones, China ha decidido tirar por la borda cualquier pretensión de respetar los derechos tradicionales de la población de Hong Kong y ha decidido obligar a la isla a ser una copia del continente: privada de cualquier derecho político y viviendo bajo los caprichos del PCCh.
Este último proyecto de ley es un paso más en esa dirección. El Secretario de Asuntos Constitucionales y del Continente dijo abiertamente que “no se puede decir que se es patriótico pero no se quiere a la dirección del Partido Comunista chino”. Para Pekín el mensaje es claro, ser chino es ser un miembro leal del PCCh, y como Hong Kong es una parte de China (como a Pekín siempre le gusta recordarnos), ser un buen ciudadano de Hong Kong significaría necesariamente ser un partidario comprometido del PCCh.
El último empujón del Gobierno chino (un régimen que comete un genocidio contra los uigures) para imponer la tiranía en Hong Kong no es más que la última muestra de que, a pesar de las fuertes diferencias que podamos tener con el Partido Demócrata o la izquierda en general, la mayor amenaza para la supervivencia de la libertad en el mundo tiene un nombre claro: el Partido Comunista chino.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.