El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, propuso a la Legislatura un incremento del salario mínimo en tres fases hasta el año 2025 para llegar hasta $10.50 la hora.
Pierluisi hizo la propuesta producto del informe del Grupo Asesor ante los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y establece que se haga un aumento automático a $8.50 la hora, a partir de enero del próximo año 2022. Además, se recomienda un segundo aumento a $9.50 la hora en el mes de julio de 2023 y un tercer aumento a $10.50 la hora en el mes de enero de 2025.
Incremento del salario mínimo condicionado
No obstante, condicionó el proceder de la medida a métricas de estabilidad y desarrollo económico. “Este incremento del salario mínimo estaría sujeto a que se cumplan con ciertas métricas de estabilidad y desarrollo económico, para garantizar que no se pierdan empleos y se afecte la economía”, explica una nota de prensa compartida por La Fortaleza.
El gobernador afirmó que resulta insostenible vivir con un salario de $7.25 por hora más aún cuando han pasado 12 años desde que se determinó que ese sería el salario mínimo.
“La realidad del Puerto Rico del año 2009 es muy distinta al Puerto Rico de 2021 porque los costos de vida han incrementado considerablemente y es necesario hacer justicia a la clase trabajadora, a la misma vez que atendemos las preocupaciones de los pequeños y medianos comerciantes”.
Por su parte, la secretaria de la Gobernación y presidente del Grupo Asesor, Noelia García Bardales, indicó que la recomendación de este Comité para el incremento del salario mínimo podría significar, desde enero de 2022, aproximadamente $2,400 más al año para quienes trabajan a tiempo completo.
“Confío en que todos estamos en la mejor disposición de unir propósitos para que se evalúe una medida legislativa de consenso que esté basada en datos y que responda a los reclamos tanto de la clase trabajadora como a los sectores principales de nuestra economía”, expresó.
El informe se produce en 90 días en cumplimiento con el mandato de la Orden Ejecutiva 2021-035 del gobernador, que creó el Grupo Asesor, precisa la comunicación.
“En dicho documento se indica, que, según los resultados más recientes del Censo, Puerto Rico tuvo una reducción de 439,915 habitantes durante la pasada década. Además, la participación laboral en la isla se mantiene rezagada en comparación con los estados en alrededor del 40 %”.
De acuerdo con el comunicado, el Grupo Asesor está integrado por tres organizaciones sindicales, representantes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); además de representantes de la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la Asociación de Contratistas Generales y por tres economistas.
Repercusiones del incremento
A principios del mes de julio, Antonio Fernós Sagebién, economista con doctorado en finanzas en Tulane University, Nueva Orleans, y especializado en finanzas corporativas y mercados de deuda municipal, llamó a los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo a considerar esta situación como algo de equidad más que de justicia.
«Hay que tener cautela no vaya a ser que le hagamos más daño a unos sectores tratando de mirar esto como que es bueno para todo el mundo en todo momento. Creo que es hora de dejar de mirar esto como una cuestión de justicia y más como una cuestión de equidad. Aquí todavía hay industrias en específico en Puerto Rico que ganan muy bajo, como lo son la agricultura y algunos servicios, como en el área de restaurantes, barras y demás que cobran menos de $3 la hora», explicó en declaraciones a Telemundo Puerto Rico.
«Puede haber un disloque todavía peor y se pueden terminar perdiendo muchos más empleos (en comparación) a la equitatividad que se quiere dar a un sector», añadió.
Fernós Sagebién propuso que cualquier tipo de incremento del salario mínimo debe evaluarse industria por industria, considerando el contexto de la pandemia y los beneficios de desempleo que ofrece el Gobierno, para evitar lo que denominó «desempleo de lujo».
Además, considera que el Departamento del Trabajo debe asesorar a la Asamblea Legislativa con mejores datos, principalmente en las clasificaciones interindustriales y comenzar evaluando a los sectores que cobran debajo del salario mínimo.
