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La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal al Estado venezolano “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”. Así se informó tras la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan.
“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, dice un comunicado firmado con Venezuela y leído frente a Khan y a Nicolás Maduro.
El documento también recoge que en la fase preliminar no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona.
En el mismo informe se menciona que el régimen venezolano no está de acuerdo con la decisión, pero que la respetará debido a que Venezuela suscribe al Estatuto de Roma.
El fiscal también pidió que se le permita a su oficina cumplir con su trabajo en Venezuela. Además, las partes acordaron que Venezuela “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
Posteriormente, Maduro expresó: «El fiscal decidió avanzar a la siguiente fase. Respetamos su decisión aunque le hemos manifestado que no la compartimos».
El fiscal de la CPI llegó a Venezuela el pasado domingo y el día siguiente mantuvo un encuentro con Maduro en el Palacio presidencial. La reunión generó diversas opiniones en la sociedad venezolana.
Por ejemplo, familiares de los presos políticos en Venezuela consideraron que la agenda de Karim Khan fue «secuestrada» por el chavismo. Así lo afirmó en unas declaraciones recogidas por el diario El Nacional, Andreína Baduel, hija del fallecido preso político general Raúl Isaías Baduel, al tiempo que reiteró su llamado a Khan a escuchar a los prisioneros por razones políticas y sus familias.
El caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional
El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió una remisión de un grupo de Estados Partes al Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) con relación a la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En la solicitud pedían que se iniciara una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, con miras a determinar si una o más personas deben ser acusados como autores de tales delitos.
Nunca antes desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en La Haya (Holanda) en 2002, se había dado el caso de que Estados parte del Estatuto de Roma (la norma internacional que creó la CPI) pidieran abrir un procedimiento contra otro Estado miembro. Así lo explicó Juan Navarrete, exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en conversación con BBC Mundo.
En febrero de 2018, se informó que se abría un examen preliminar para evaluar la situación en Venezuela. La medida fue celebrada por el presidente de Colombia, Iván Duque, que fue uno de los que impulsó la investigación.
Finalmente, en diciembre de 2020, la fiscalía comunicó que, sobre la base de la información a la cual tuvo acceso durante su examen preliminar, había hallado motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
