A mediados del 2022, Joe Biden anunció un plan para cancelar deuda estudiantil. Este contemplaba hasta 20.000 dólares por persona e iba a implementarse mediante una orden ejecutiva, saltando la autoridad del Congreso. Casi un año después, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS, por sus siglas en inglés), que ya escuchó los argumentos orales en Biden v. Nebraska.
La demanda está comandada por seis estados republicanos: Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas, Carolina del Sur y, por supuesto, Nebraska. Estos argumentan que el plan de la administración Biden representa una amenaza para sus futuros ingresos fiscales y que se pretende evitar la supervisión del Congreso.
Los argumentos orales tuvieron lugar el 27 febrero y dejaron sobre la mesa la postura de cada uno de los jueces sobre el caso. El debate se centró en dos cuestiones principales: el derecho legal a demandar por parte de los estados y el alcance de la Ley de Oportunidades de Alivio de Educación Superior para Estudiantes (HEROES), en la que Biden se basa para afirmar que la cancelación de deuda es constitucional.
Todo está en la Ley HEROES, según administración Biden
Elizabeth Prelogar, procuradora general del Gobierno federal, enfatizó una y otra vez que la cancelación de deuda estudiantil estaba respaldada por la Ley HEROES, que data de la administración de George W. Bush y fue diseñada para permitir que el gobierno brinde alivio de la deuda estudiantil a los soldados que se vieron obligados a retirarse de la universidad para entrar en servicio activo.
Según la legislación, el secretario de Educación tiene la facultad de “renunciar o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable a los programas de asistencia financiera estudiantil bajo el título IV”, durante un tiempo de “guerra u otra operación militar o emergencia nacional”.
Para Biden, el COVID-19 es la emergencia nacional de turno y esta le daría base legal a la cancelación de deuda estudiantil. Los críticos no tardaron en recordar que, semanas después de anunciar su plan, el presidente aseguró que la pandemia había terminado.
“Y si el Tribunal anula ese lenguaje claro de la Ley HEROES aquí, creo que solo podría frustrar la intención del Congreso en esta postura particular de asegurar que usted tiene las herramientas, el secretario tiene las herramientas que necesita para cuidar de los americanos en una situación de emergencia nacional”, indicó Prelogar ante la Corte.
Con “lenguaje” la procuradora se refiere concretamente a los verbos utilizados por la ley. “Renunciar o modificar”. Ahí es donde empiezan los conflictos.
Los conservadores de la Corte: el debate por costo y verbos
Uno de los jueces que más presionó a Prelogar en cuanto a la constitucionalidad fue John Roberts. “Estamos hablando de medio billón de dólares y 43 millones de americanos. ¿Cómo encaja eso en el concepto normal de ‘modificar’?”, preguntó.
También se dio el lujo de recordar al difunto Antonin Scalia. En este caso, trajo la definición de “modificar” que utilizaba el recordado juez, fallecido en 2016. Para Nino, el verbo significaba “cambio moderado”, por lo que Roberts cuestionó cómo el plan de Biden encaja en esa definición.
Clarence Thomas también se refirió a la Ley HEROES, concretamente a la diferencia en cuanto a su uso durante el 2020 para pausar pagos de deuda estudiantil. “La indulgencia encaja más cómodamente en el lenguaje de renunciar o modificar. Simplemente se renuncia a cobrar una deuda subyacente, pero no se cancela la deuda. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí”, manifestó el juez.
En la misma línea se mostró Brett Kavanaugh, quien, además, basó parte de su cuestionario en las competencias y las extralimitaciones del Poder Ejecutivo. “Algunos de los mayores errores de la historia del Tribunal han sido deferirse a las afirmaciones del Poder Ejecutivo de emergencia. Algunos de los mejores momentos en la historia de la Corte fueron contra las afirmaciones presidenciales del poder de emergencia”, expresó durante los argumentos orales.
Incluso se refirió a un amicus curiae del profesor de la Facultad de Derecho de Fordham, Jed Handelsman Shugerman, quien calificó el plan de Biden como un “caso de estudio” de cómo las administraciones abusan de los poderes de emergencia.
Keagan y Sotomayor: claridad de la Ley HEROES y el costado humano del caso
A diferencia de sus colegas, Elena Keagan no tiene tantas dudas con respecto a los verbos utilizados en la Ley HEROES. “El Congreso no es mucho más claro que eso. Todos los días nos enfrentamos a leyes del Congreso que son realmente confusas. Esta no lo es”, manifestó la jueza, quien también enfatizó en el valor de la autoridad de emergencia.
Sonia Sotomayor apeló al lado humano del caso y de los beneficios que podría traerles a los estudiantes en cuestión. “Hay 50 millones de estudiantes que se beneficiarán de esto, que hoy tendrán dificultades”, precisó.
“Muchos de ellos no tienen activos suficientes para rescatarlos después de la pandemia. No tienen amigos o familiares u otras personas que puedan ayudarles a hacer frente a estos pagos. La evidencia es clara de que muchos de ellos tendrán que dejar de pagar”, sumó.
Por último, destacó los daños que algunos prestatarios estudiantiles podrían enfrentar sin el alivio de la deuda. “Su situación financiera será aún peor, porque una vez que dejas de pagar, las dificultades para ti son exponencialmente mayores”, continuó. “No puedes obtener crédito. Van a pagar precios más altos por las cosas. Van a seguir sufriendo esta pandemia de una manera que la población general no sufre”, continuó la jueza.
Barrett y los jueces liberales sobre la autoridad de los estados
Otra de las cuestiones clave de la jornada jurídica fue si los estados tienen derecho a demandar por el potencial daño financiero que el programa podría causar a la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior del Estado de Missouri (MOHELA), un administrador de préstamos. La duda radica en si los estados, particularmente Missouri, tienen la capacidad legal para demandar en nombre de la empresa.
Según The Hill, “el debate gira en torno a si la Autoridad de Préstamos de Educación Superior del Estado de Missouri (MOHELA) es un brazo de Missouri, o si las supuestas pérdidas de ingresos de MOHELA por la cancelación de la deuda harían que dejara de pagar lo que debe a la tesorería del estado”.
Esto fue abordado específicamente por los tres jueces liberales: Elena Keagan, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, a quienes se sumó Amy Coney Barrett. “Si MOHELA es realmente una rama del Estado, ¿por qué el Estado no hizo venir a MOHELA? Y todo esto sería mucho más fácil”, expresó la jueza durante los argumentos.
Juez Alito: ¿Cancelar deudas estudiantiles es “justo”?
Samuel Alito le consultó varias veces a Prelogar sobre cómo el Departamento de Educación evaluó la equidad del plan. Ejemplificó su punto con dos casos concretos: el de dos prestatarios individuales que no calificaron para el alivio total de $20,000.
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“¿Por qué es justo? ¿Si lo fuera, si no tuviera que hacerlo? ¿Por qué está en la respuesta decir que estaba justificado? Tal vez estaba justificado, pero ¿por qué se hizo? Supongo que no quieres responder a la pregunta”, dijo Alito durante los argumentos.
Al no obtener una respuesta convincente, manifestó su insatisfacción una y otra vez. “De acuerdo. Lo intentaré una vez más. ¿Por qué fue justo para las personas que no obtuvieron un alivio posiblemente comparable?”, continuó el juez.
¿Qué sigue?
Con los argumentos orales finalizados, posiblemente los jueces hayan emitido sus votos tentativos, por lo que la opinión mayoritaria comenzaría a escribirse en los próximos días o semanas. Este proceso es un tira y afloje entre los miembros de la mayoría que podría durar meses. El fallo recién saldrá a la luz en mayo o junio, por lo que habrá que esperar un poco para conocer el veredicto de los nueve jueces de la Corte Suprema.
Joaquín Núñez es licenciado en comunicación periodística por la Universidad Católica Argentina. Se especializa en el escenario internacional y en la política nacional norteamericana. Confeso hincha de Racing Club de Avellaneda. Contacto: [email protected] // Joaquín Núñez has a degree in journalistic communication from the Universidad Católica Argentina. He specializes in the international scene and national American politics. Confessed fan of Racing Club of Avellaneda. Contact: [email protected]