El juez federal Pedro Delgado Hernández desestimó la demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi por el mandato de vacunación en Puerto Rico que había sido presentada por empleadas públicas de la Isla.
“De la misma manera que la ley reconoce un derecho a determinar qué debe hacerse con nuestros propios cuerpos, también reconoce que hay límites a ese derecho. Entre esos límites está el interés social de proteger la salud y seguridad de la comunidad. Ese interés es supremo en la crisis actual que Puerto Rico, igual que los Estados Unidos y el resto del mundo, enfrenta e informa la Orden Ejecutiva 21-058”, expuso Delgado Hernández en la sentencia.
“Cuando el mandato de vacunación fue adoptado y entró en vigor, medidas menos restrictivas no estaban logrando prevenir el contagio del COVID-19 y las hospitalizaciones y muertes. De esta manera, el mandato fue añadido a la mezcla, con excepciones para acomodar a los empleados que no querían vacunarse”, añadió el juez federal, reseñó Noticel.
La decisión sienta un precedente para la otra querella en contra del gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, que impugna el mandato de vacunación en el sector comercial y está a cargo del juez Raúl Arias Marxuach.
Demandas al Gobierno de Puerto Rico
Empleados de carrera del Gobierno de Puerto Rico interpusieron el 16 de agosto una demanda al gobernador Pedro Pierluisi, en el Tribunal Federal por ordenar la vacunación obligatoria contra el coronavirus.
Alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales. Por ello, solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna.
Proponen en la demanda al gobernador que cada agencia pública permita a las personas que no quieren vacunarse trabajar de forma remota, sin necesidad de presentar una declaración jurada o certificado médico.
Además, exigieron que se obligue al Gobierno a proporcionar las pruebas de COVID-19 requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.
“El Gobierno de Puerto Rico está siendo arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”, indica la demanda presentada por el abogado José Dávila Acevedo.
Además un grupo de privados interpuso una demanda al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y a su secretario de Salud, Carlos Mellado, en el Tribunal Federal alegando que sufren daños tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el COVID-19 al sector.
La compañía de helados Tropical Chill; una empleada de una farmacia en el municipio Manatí, Alexandra Irizarry; una propietaria de Hillside Cabin, en Mayagüez, Yasmín Vega; y un empleado de almacén de un supermercado en San Germán, René Matos, solicitan al juez federal Raúl Arias Marxuach que declare inconstitucional el mandato sobre la vacunación.
Justifican la demanda al gobernador y al secretario de Salud en que se les viola el derecho a su integridad física, a la toma de decisiones médicas y a su privacidad. Además de que se viola su libertad económica y derechos propietarios. Es costoso hacerse la prueba semanalmente y eso afecta sus finanzas.
