El juez federal Pedro Delgado Hernández le ordenó al Gobierno de Puerto Rico indicar cuáles son las fuentes de los “datos empíricos, estadísticos y científicos” que se usan de justificación en la Orden Ejecutiva 58, que es la que establece el mandato de vacunación para empleados públicos de la Isla.
La orden llega en contraste a la presunción del Departamento de Justicia de que para disponer del pleito no había que entrar en discusiones sobre los datos científicos, reportó Noticel.
Los parámetros del juez federal al Gobierno de Puerto Rico
Por ello, la administración de Pedro Pierluisi tendrá hasta el 7 de septiembre para entregar dicha información. Además, el magistrado concedió a los demandantes hasta el 9 de septiembre para oponerse a la moción de desestimación del Gobierno y luego hay hasta cinco días laborables adicionales para cualquier réplica.
Para el 16 de septiembre el caso quedará sometido y listo para adjudicación. De acuerdo con la Orden Ejecutiva impugnada, los empleados del Ejecutivo tienen hasta el 30 de septiembre para acreditar que están completamente vacunados contra el COVID-19 o tendrán que entregar resultados de laboratorio negativos para poder trabajar.
Los datos que sustentan la orden y que deben consignar al Tribunal hasta el 7 de septiembre incluyen: el total de contagiados y de muertes por la pandemia en la isla, promedio diario de contagiados, hospitalizados, tasa de positividad, proceso de autorización de vacunas, total de personas vacunadas y los síntomas que están arrojando los vacunados cuando se infectan.
Los demandantes alegaron que los mandatos de vacunación son desproporcionados y no responden a un interés real de salud pública debido a que la pandemia en la isla está controlada y hay alta incidencia de vacunación en la población.
El juez explicó que quería esperar a la respuesta del Gobierno de Puerto Rico para decidir sobre esa solicitud de interdicto en la que la administración de la Isla solicitó que desestime las demandas alegando que con ellas se trata de promover una agenda antivacunas. El Departamento de Justicia sometió al juez Delgado Hernández dos escritos: uno que pide la desestimación de la demanda y otro en contra de la solicitud de interdicto que sometieron empleados públicos que retan la orden ejecutiva que estableció un mandato de vacunación para los empleados de la rama Ejecutiva.
