La Junta de Supervisión Fiscal, a través de su presidente, David Skeel, anunció este jueves que decidió aprobar el plan de ajuste de la deuda (PAD) con las enmiendas que realizó tanto la Cámara como el Senado de Puerto Rico.
El ente fiscal prefirió dar el sí a la ley para no tener que pasar por el proceso de mediación obligatoria que impuso la jueza federal y de quiebras, Laura Taylor Swain, luego que el pasado viernes 21 de octubre Skeel anunciara que no iba a aceptar el PAD debatido en el Legislativo porque no cumplía con el recorte a las pensiones.
“Este plan reduce significativamente los niveles de deuda de Puerto Rico y su conformación permitirá un desarrollo económico sustentable”, dijo Skeel en declaraciones escritas.
Según el comunicado, la Junta de Supervisión llevó a cabo una revisión exhaustiva de la Ley 53-2021 (antiguo Proyecto 1003 de la Cámara de Representantes) aprobada por la Legislatura de Puerto Rico y convertida en ley por el gobernador, Pedro Pierluisi, el 26 de octubre de 2021, y concluyó que los cambios que la Legislatura realizó a la legislación crea la base para la emisión de nuevos bonos de obligación general que forma parte del séptimo plan de ajuste enmendado.
“Estoy aliviado y complacido de que estamos encaminados y podemos continuar con el plan de ajuste y terminar con la dolorosa quiebra de Puerto Rico”, añadió Skeel.
Dentro de los cambios más importantes que la Junta de Supervisión Fiscal aceptó de las enmiendas que realizó la Cámara y el Senado, está la modificación del párrafo que involucra a la Universidad de Puerto Rico (UPR); la casa de estudios anteriormente tenía una asignación única de 500 millones de dólares y con la enmienda realizada en el Legislativo pasó a contar con un presupuesto de $500 millones anuales por un período de cinco años a partir de 2023.
De igual manera, no se realizarán recortes en las pensiones de los retirados, un tema que en varias ocasiones se mencionó como la principal prioridad de la Cámara, el Senado y el Ejecutivo para el PAD.
Ahora, la Junta de Supervisión está dispuesta a continuar sin mediación adicional con el proceso de confirmación, pautado para el próximo 8 de noviembre, y será responsabilidad de la jueza Laura Taylor Swain de aprobar o denegar la ley para Puerto Rico.
El PAD permitirá que Puerto Rico pueda restructurar más de $70,000 millones en deudas, monto que se conoció luego que en 2017 el exgobernador, Ricardo Roselló, declarara en quiebra al Estado Libre Asociado.
