1992. Las grandes ciudades de Estados Unidos sufrían graves problemas de inseguridad y crímenes violentos. El senador Joe Biden impulsó una ley que agregó 60 nuevos crímenes a la pena capital. Biden se jactó de decir, como chiste, que habría condena de muerte a todos los crímenes menos cruzar la calle imprudentemente. Una versión modificada de la ley terminó siendo aprobada y firmada por el presidente Clinton en 1994.
Años después, 1998. Una poco conocida abogada, Amy Coney Barrett y John Garvey, profesor de derecho de la Universidad de Notre Dame, escribieron un artículo sobre la objeción de conciencia para jueces católicos en casos de pena capital. Debido a la oposición de la Iglesia Católica a la pena de muerte, los autores afirman: “Creemos que los jueces católicos están moralmente obligados a no dictar una pena de muerte (…) esto significa que no pueden sentenciar criminales a muerte ni ejecutar recomendaciones de pena capital a jurados” (traducción propia).
Barrett y Garvey interpretan la protección a la libertad religiosa de la Primera Enmienda de forma que proteja a los jueces católicos para que puedan obedecer a su conciencia y su fe antes que tomar un caso que lleve a una condena a muerte.
En la Carta a los Romanos, San Pablo pide a los cristianos: “No os amoldéis a este mundo” (Rm 12, 2). En un momento en el que la pena de muerte era popular en todo el país, dicho artículo proponía algo verdaderamente chocante, un no amoldarse al mundo radical.
Avancemos a 2017. La profesora Coney Barrett se enfrentó a un proceso de confirmación como jueza de circuito altamente politizado. La senadora Diane Feinstein le dijo que “el dogma vive a gritos dentro de usted” y la senadora Mazie Hirono, junto a Feinstein, cuestionaron aquel artículo de 1998 porque daría a entender que un juez debería poner su conciencia por encima de, por ejemplo, casos respecto al aborto. Es decir, cuestionaron su oposición a la pena de muerte como un ejercicio de objeción de conciencia, con el fin de politizar el proceso.
Por cierto, Coney Barret nunca dijo que los jueces católicos deberían dictar sentencia contra la pena capital sino, en todo caso, que no deberían tomar dichos casos. Este proceso de confirmación ha sido uno de los más politizados de los últimos años y fue criticado por defensores de la libertad religiosa e incluso, por medios liberales.
Retrocedamos ahora a 1774. James Madison, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, escribió una carta a su amigo William Bradford sobre una terrible situación en Virginia. Esta no era sobre los abusos fiscales de los británicos, sino un asunto de libertad religiosa. Varios predicadores bautistas habían sido apresados en Virginia por el simple hecho de predicar. “Esto me molesta por encima de cualquier cosa. Hay, en este momento, cinco o seis buenos hombres en prisión por hacer públicos sus sentimientos religiosos (…) No tengo la paciencia para escuchar o pensar nada al respecto (…) compadécete de mí y ora porque la Libertad de Conciencia reviva entre nosotros” (traducción propia).
Este incidente marcó la vida de Madison. De hecho, para historiadores como Robert Alley, fue lo que lo empujó al mundo de la política.
Años después, en 1776, Madison buscó asegurar la libertad religiosa para todos en la Convención Revolucionaria de Virginia ante las afrentas de la Iglesia Anglicana. Las ideas de Madison en libertad religiosa fueron incluidas, garantizando “el libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de la conciencia” (traducción propia). Madison fue responsable de llevar la idea de la tolerancia religiosa al siguiente nivel. Practicar una religión o ninguna no es algo que tolerar si no un derecho natural de los individuos.
Esta idea sería particularmente influyente talnto en la Constitución como en la redacción de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos en 1791, cuando se estableció la Bill of Rights, que contiene las diez primeras enmiendas a la Constitución. La Primera Enmienda afirma que “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, prohibir la libre práctica de la misma, limitar la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la asamblea pacífica, ni de solicitar al gobierno una compensación por agravios” (traducción propia).
La libertad religiosa es apenas mencionada en la Constitución. Solo el Artículo VI menciona que los oficiales de los gobiernos estatales y el gobierno federal deben jurar que apoyarán la Constitución, pero luego agrega que “no se requerirá ninguna prueba religiosa como calificación a ninguna oficina o ente público en los Estados Unidos”. Este punto fue tan poco controversial durante la Convención Constitucional que Madison, Jay y Hamilton no la mencionan en los Federalist Papers, salvo una brevísima mención a la libertad religiosa en el Federalist No. 52.
En la época de Madison, la libertad religiosa estaba amenazada por extremistas religiosos que querían forzar sus creencias a los demás. Hoy, la libertad religiosa está amenazada por extremistas laicistas que quieren forzar sus creencias y obligar a las personas a violentar su sagrada conciencia.
Ahora, por último, viajemos a 1993. Ese año se aprobó la Religious Freedom Restoration Act (RFRA en adelante) de forma casi unánime en el Congreso. La ley se aprobó para evitar las consecuencias de una decisión de la Corte Suprema que permitía sancionar a indígenas americanos por usar peyote en un ritual religioso. Curiosamente, tanto Joe Biden como Bernie Sanders votaron por la ley en el Senado, y la ley fue patrocinada por un joven Chuck Schumer en la Cámara.
Al fin y al cabo, defender la libertad religiosa de los indígenas americanos era algo popular para los liberales y nadie se planteaba que los cristianos no pudieran ejercer libremente su religión en aquel entonces.
No os amoldéis a este mundo.
Esta ley establece dos grandes requisitos para que el Gobierno pueda ir por encima de las creencias religiosas de una persona. Primero, debe tener un interés razonable en hacerlo y, segundo, debe hacerlo de la forma menos restrictiva posible, es decir, de la forma que menos afecte al individuo y la práctica de sus creencias religiosas.
Ahora, ¿qué importa todo esto? Que hoy, la libertad religiosa en Estados Unidos está en juego. Desde hace años, principalmente el Partido Demócrata, ha violentado la libertad religiosa y la objeción de conciencia de los individuos en clara violación de la Primera Enmienda. Y no parece detenerse pronto.
Veamos un par de ejemplos.
En 2012, Charlie Craig y Dave Mullins, una pareja del mismo sexo, buscaron a Jack Phillips, dueño de Masterpiece Cakeshop, una tienda de repostería en Colorado, para que les hiciera un pastel de bodas personalizado (el matrimonio homosexual no era legal todavía en Colorado). Phillips se negó porque no quería usar sus habilidades para celebrar un matrimonio homosexual, ya que iba en contra de sus creencias religiosas.
Phillips le dijo a la pareja que les podía vender cualquier otro pastel, pero no uno de bodas. La pareja denunció al repostero ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y eventualmente lo demandó. Diversas cortes de distrito se pusieron del lado de la pareja, aunque Phillips llevó el caso a la Corte Suprema y, eventualmente, ganó.
Aunque esto no fue gratis. Originalmente, las autoridades ordenaron a Phillips a hacer pasteles para bodas de parejas homosexuales o enfrentarse a multas impagables, ofrecer entrenamiento a sus empleados a tal fin y entregar reportes de obediencia trimestrales al gobierno por dos años. En estos reportes Phillips tuvo que describir las medidas que había tomado y documentar las razones por las que negaba sus servicios a cualquier persona. ¿El resultado? Perdió la mitad de sus empleados y el 40% de su volumen de negocios entre juicios y las exigencias del gobierno.
Evidentemente, acá los requisitos de la RFRA fueron violentados. El Estado puede tener un interés legítimo en que parejas homosexuales puedan comprar un pastel de bodas, pero obligar a individuos a ir contra su conciencia no es la forma menos intrusiva de satisfacer ese interés.
Otro caso fundamental fue el Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania. Little Sisters of the Poor (Hermanitas de los Pobres) es un instituto religioso católico que se encarga de cuidar a ancianos en situación de pobreza en ancianatos con empleados a los cuales les proveen seguro médico. El Obamacare exigía a todo empleador, con la excepción de iglesias y grupos religiosos, ofrecer planes de salud que incluyesen la cobertura de anticonceptivos, incluyendo pastillas potencialmente abortivas. La excepción no incluía escuelas, empresas u hospicios. Por tanto, no incluía a las Hermanitas. Luego, en 2017, el presidente Trump expandió la objeción religiosa a virtualmente cualquier empleador.
La respuesta no se hizo esperar. Varios estados demandaron, lo que terminó llevando el caso de dicha congregación religiosa a la corte. Afortunadamente, la Corte Suprema decidió (con la anuencia de los jueces Breyer y Kagan, considerados parte del ala liberal de la Corte) que todos los empleadores con objeciones religiosas están exentos de proveer un seguro médico que incluya anticonceptivos y abortivos a sus empleados.
Inmediatamente, Joe Biden dijo que no acataría la sentencia y restauraría la política de la Administración Obama que existía antes de 2014. Sí: Joe Biden está dispuesto a pasar por encima de la Corte Suprema, incluso de dos jueces nominados por presidentes demócratas, con tal de violentar la libertad religiosa.
Defender la libertad religiosa puede no ser trendy. Estados Unidos es un país cada vez más secularizado. Al fin y al cabo, siempre es más fácil defender aquello con lo que estamos de acuerdo y aquello que nos afecta. Pero el libre ejercicio de la conciencia está consagrado en su Constitución y es, quizá, el derecho más importante en esa noble república.
No os amoldéis a este mundo.
La separación entre Iglesia y Estado no significa que el Estado sea ateo y pueda violentar las creencias de sus ciudadanos. Significa que el Estado no puede poner ninguna religión por encima de las demás y debe garantizar el libre ejercicio de la religión de todos sus ciudadanos.
Bajo esta excusa de la separación Iglesia-Estado, los demócratas han intentado violentar la nominación de la jueza Barrett, poniendo en duda su capacidad de dictar sentencias en consonancia con la Constitución debido a su fe. El odio anticatólico que quemó conventos e iglesias en el siglo XIX, marginó a irlandeses e italianos a comienzos del siglo XX e intentó evitar que Kennedy fuera presidente en los años 60, ahora se presenta bajo la respetable apariencia del progresismo. Bajo esta misma premisa, han intentado quitar fondos estatales a escuelas religiosas por el simple hecho de ser religiosas, algo que, afortunadamente, la Corte Suprema no permitió.
La Corte Suprema ha sido la gran rival de los demócratas en su afrenta contra la libertad religiosa. Esta es una de las grandes razones de su lucha a muerte contra la nominación de la jueza Coney Barret. Cualquier persona con dos dedos de frente debería oponerse a las burlas, exageraciones y abusos contra la vida personal a las que ha sido sometida la jueza. Y, en honor a la verdad, también debería oponerse en el caso de que los republicanos hagan lo mismo con un potencial juez musulmán.
¿Por qué esta lucha constante contra la libertad religiosa? Porque una vez que acabaste con ella, es más sencillo empezar a atacar la libertad de expresión. Una vez que se prohíbe la objeción de conciencia a nivel religioso, se da el primer paso para empezar a coartar la libertad de expresión y el libre desenvolvimiento de la personalidad. Así, el Estado podrá decir qué es socialmente aceptable y qué no en el espacio público, en tu negocio e, incluso, en tu hogar. Los demócratas radicales buscan esto en su afán por socavar las bases de los Estados Unidos.
En Estados Unidos, históricamente, los ciudadanos han tenido el derecho de sostener y expresar sus ideas, aunque no les guste a otros ciudadanos. La libre expresión y el libre ejercicio de la religión están garantizados en la Constitución y en la Primera Enmienda. Ciertamente, el forzar a una persona a ir en contra de su conciencia, no lo está.
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En 1785, se propuso una ley en el parlamento de Virginia para apoyar a pastores protestantes con dinero público. Madison se opuso y la ley eventualmente no se aprobó. Madison argumentó que esto obligaría a miles de personas a ir en contra de su conciencia e interferiría con “los deberes que los hombres deben al Gobernador del Universo antes que a cualquier gobierno de los hombres”. Hoy, más que nunca, debemos recordar estas palabras y sentimientos de Madison.
Edgar is political scientist and philosopher. He defends the Catholic intellectual tradition. Edgar writes about religion, ideology, culture, US politics, abortion, and the Supreme Court. Twitter: @edgarjbb_ // Edgar es politólogo y filósofo. Defiende la tradición intelectual católica. Edgar escribe sobre religión, ideología, cultura, política doméstica, aborto y la Corte Suprema. Twitter: @edgarjbb_
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