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La obligatoriedad de vacunación de Biden podría desgarrar a Estados Unidos

El imprudente plan de Biden podría llevar a una desobediencia civil masiva y a un mayor desmoronamiento de la sociedad civil.

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En diciembre de 2020, poco después de su polémica victoria electoral, se le preguntó a Joe Biden si intentaría hacer obligatorias las vacunas contra el coronavirus: “No, no creo que deba ser obligatoria”, respondió. “No exigiría que fuera obligatoria”. Desde entonces, tanto el secretario de prensa de la Casa Blanca como la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, se han hecho eco de esta postura.

En un intento evidente de distraer la atención de la catástrofe que ha provocado en Afganistán, Biden intenta ahora volver a centrar la atención en la pandemia. El día de hoy, Biden anunció un mandato flagrantemente inconstitucional que obliga a todos los trabajadores federales y a unos 80 millones de empleados de empresas privadas a vacunarse.

Según el extraño plan, las empresas que emplean a más de 100 personas deben obligar a sus empleados a vacunarse o a someterse a pruebas semanales. Este último es un proceso tan caro que a la mayoría de los empleadores no les quedará más remedio que imponer la inyección.

Además de que el mandato va mucho más allá de sus poderes constitucionales, algo que ha provocado un aluvión de leyes en los estados de todo el país, el plan probablemente conducirá a un caos inimaginable que corre el riesgo de desgarrar el tejido de la sociedad. La oposición al plan es tan vehemente que muchos ya han prometido tomar las armas antes de permitir que el gobierno los vacune contra su voluntad.

Que la vacuna sea segura y eficaz no es la cuestión. La verdadera cuestión es si queremos vivir en un país en el que Joe Biden puede obligar unilateralmente a la gente a la falsa elección de ser inyectada con un compuesto médico en contra de su voluntad o perder su sustento. El gobierno del Reino Unido, el mayor aliado de Estados Unidos, ya se ha echado atrás en una propuesta similar por temor a las reacciones negativas.

Algunos líderes republicanos han calificado el mandato como una forma de “tiranía”, mientras que otros han llamado incluso a la desobediencia civil. “Si tiene la capacidad de hacer esto unilateralmente, entonces no hay límite en los poderes de la presidencia”, dijo el gobernador de Mississipi, Tate Reeves. “Eso no se llama una verdadera democracia. Eso es tiranía, y no queremos eso en Estados Unidos”.

“No cumplan con los mandatos. No paguen las multas del gobierno. No permitas que te intimiden y te controlen”, añadió JD Vance, aspirante republicano al Senado por Ohio. “Sólo la desobediencia civil masiva nos salvará del autoritarismo desnudo de Joe Biden”. Vance también acusó a Biden de tratar a los americanos como “nada más que alimañas” antes de tacharlo de “tirano geriátrico”.

La cruda realidad de la situación fue mejor expresada por la cuenta satírica pro-Trump de Twitter Catturd, que escribió: “La peor parte de 15 días para aplanar la curva … es la parte en la que 500 días después un gobierno tiránico te obliga a tomar una medicina que no quieres o te despedirán para que no puedas alimentar a tu familia”.

Este tipo de declaraciones no deben tomarse a la ligera. En un país cuyos ciudadanos llevan la libertad en su ADN, estos mandatos corren el riesgo de llevar a la sociedad a la anarquía. Las violentas protestas del último año, desde los disturbios de Black Lives Matter hasta el levantamiento del 6 de enero, son testimonio de lo febril que es el clima político de Estados Unidos en la actualidad.

Lo único que se interpone ahora entre esta potencial ruptura de la sociedad civil son los tribunales, sobre todo el propio Tribunal Supremo. El mayor legado de Trump son los tres jueces nombrados bajo su presidencia. Ahora es el momento de que intervengan antes de que sea demasiado tarde.

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