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El tribunal de distrito federal de Tampa le otorgó el pasado viernes una victoria al gobernador Ron DeSantis contra los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y sus órdenes de prohibición de navegar. Con ello, la industria de cruceros en Florida retorna a sus actividades.
Al fallar a favor de la moción de orden judicial preliminar de Florida, el juez Steven Merryday, también concluyó que las restricciones de los CDC probablemente sean inconstitucionales y estén excediendo su autoridad legal.
La industria de cruceros pronto podrá zarpar nuevamente gracias a la demanda presentada por el gobernador DeSantis y el fiscal general Moody. «El estado luchó en nombre de la industria de cruceros en Florida para asegurar la capacidad de reanudar las operaciones sin requisitos excesivamente onerosos que discriminen a los niños, dejar a la mayoría de los barcos en el puerto», dijo la oficina del gobernador en su página oficial.
Retorno de los cruceros en Florida
A partir del 18 de julio, las órdenes de los CDC se convertirán en una guía y los cruceros llegarán a mar abierto una vez más. El regreso de la industria de los cruceros marca un hito importante en el retorno a la normalidad en el estado tras la pandemia.
«El CDC se ha equivocado todo el tiempo y lo sabían», dijo el gobernador Ron DeSantis.
Agregó que «Los CDC y la administración Biden idearon un plan para hundir la industria de los cruceros, escondiéndose detrás de retrasos burocráticos y demandas. Hoy, estamos asegurando esta victoria para las familias de Florida, para la industria de cruceros y para todos los estados que quieran preservar sus derechos frente a una extralimitación federal sin precedentes».
Incluido en el fallo, el Tribunal de Distrito Medio de Florida también determinó:
- Los CDC no pueden impedir de forma discriminatoria que los niños y las familias viajen en crucero;
- ni los CDC ni ninguna agencia federal pueden exigir un pasaporte de vacunas; y
- los CDC deben crear un marco real para que las empresas reanuden sus operaciones, en lugar de obligarlas a realizar pruebas engorrosas y burocráticas sin ningún estándar con el que medir.
