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La congresista María Elvira Salazar (R-FL) presentó la Ley de Dignidad, este proyecto es el principal desafío que los republicanos harán este año ante las fallas de la administración Biden en materia de inmigración y seguridad fronteriza. En general es un proyecto que busca enfrentar un gran problema que durante años diferentes gobiernos han sido incapaces de solucionar.
La representante Salazar presentó su tan esperada Ley de Dignidad en la Cámara de Representantes este martes por la tarde, marcando el primer movimiento importante de los republicanos del Congreso para actuar sobre inmigración desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero pasado.
La Ley de Dignidad de 484 páginas contiene numerosas disposiciones centradas en otorgar “dignidad” a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos y al mismo tiempo priorizar la soberanía y la seguridad los americanos sobre su frontera sur.
Actualmente, el proyecto de ley está co-patrocinado por los representantes republicanos John Curtis (UT-03), Jenniffer Gonzalez-Colon (PR), Peter Meijer (MI-03), Dan Newhouse (WA-04), Tom Reed (NY-23), y Pete Sessions (TX-17).
En una conferencia telefónica con miembros de la prensa, la congresista Salazar y su equipo legislativo reiteraron tres puntos principales: (1) reducir la inmigración ilegal al reforzar la seguridad fronteriza y eliminar los incentivos para cruzar ilegalmente o cometer actividades delictivas; (2) crear un “Programa de Dignidad” y un “Camino de Redención” para brindar apoyo temporal a los inmigrantes indocumentados ya presentes mientras pagan su deuda con el gobierno de los Estados Unidos; y (3) modernizar la fuerza laboral al establecer E-Verify obligatorio y abordar las necesidades de los mercados laborales de Estados Unidos en la industria manufacturera, hotelera y de servicios, entre otros.
La máxima prioridad para Salazar es restablecer el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. Su legislación impulsa principalmente la financiación de personal y operaciones tecnológicas para la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y sus oficiales. USBP recibirá recursos financieros para contratar más agentes, aumentar su salario y proporcionar incentivos para que los veteranos y expolicías se enlisten. El proyecto de ley también asigna fondos para equipos de seguridad modernos que incluyen, entre otros, cámaras infrarrojas, drones, barreras fronterizas y construcción de diques.
El proyecto formalmente pone fin a la controvertida práctica de “atrapar y liberar” mediante la construcción de cuatro centros de procesamiento en los principales puertos de entrada. Estos centros proporcionarán refugios humanitarios para los solicitantes de asilo mientras los funcionarios americanos revisan sus casos.
Para los propios inmigrantes indocumentados viene un cambio importante con la introducción del Programa Dignidad: un período de 10 años en el que los participantes pagan una multa de $10,000 ($1,000 por año) al gobierno federal. Para calificar, el solicitante debe pasar una verificación de antecedentes penales, pagar todos los impuestos atrasados y comenzar a pagar el impuesto sobre la renta. El participante no calificaría para beneficios o derechos federales.
Los ingresos generados por estas sanciones se utilizarán para crear un programa de capacitación laboral disponible solo para migrantes que ya sean ciudadanos americanos. Además, a los participantes se les deducirá el 2 % de sus ingresos registrados para pagar las mejoras del centro de procesamiento y la seguridad fronteriza antes mencionadas.
Junto con el Programa de Dignidad está el “Camino de Redención”, un camino opcional de 5 años hacia la residencia permanente. Después de completar el décimo año de membresía en el Programa de Dignidad, los participantes tienen la oportunidad de involucrarse más plenamente en su comunidad adoptiva participando en el servicio comunitario, pagando una restitución adicional y aprendiendo inglés y educación cívica americana. Una vez que se completa este período de 5 años, el participante puede solicitar el estatus legal permanente, pero debe ir al final de la fila para hacerlo. Los soñadores y los beneficiarios de TPS tienen una línea de tiempo paralela pero acelerada.
Finalmente, los empleadores en los Estados Unidos también deberán verificar el estado de ciudadanía de sus empleados a través de un sistema de verificación electrónica obligatorio.
Salazar tiene la esperanza de que su legislación altere fundamentalmente la conversación sobre inmigración en el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2022. Con los republicanos a punto de retomar la Cámara y probablemente el Senado, el liderazgo del Congreso continúa ideando una estrategia para desafiar las políticas fallidas de la administración Biden.
El proyecto de ley de Salazar consta de numerosas medidas populares entre el votante americano y republicano promedio, incluida la institución de E-Verify obligatorio para todas las empresas americanas y el aumento de los recursos que Estados Unidos dedica a la seguridad fronteriza.
Si bien Salazar enfrenta una ardua batalla para convencer a los miembros del liderazgo republicano y a su propio caucus para que apoyen el proyecto de ley, expresó confianza y determinación en su capacidad para reunir a diferentes partes y aprobar su legislación ampliamente bipartidista.
El Partido Republicano continúa avanzando con las comunidades hispanas y asiático-americanas en los Estados Unidos, y está claro que el GOP deberá continuar trabajando en su mensaje de estabilidad económica, valores tradicionales y comunidades seguras para una audiencia más amplia y diversa. Pero, además de eso, la cuestión migratoria es fundamental, y Salazar apuesta porque la Ley de Dignidad se convierta en una alternativa razonable, que logre apoyo de ambos partidos y que ayude de manera real a la comunidad hispana.
Vanessa Vallejo. Co-editor-in-chief of El American. Economist. Podcaster. Political and economic analysis of America. Colombian exile in the United States // Vanessa Vallejo. Co-editora en jefe de El American. Economista. Podcaster. Análisis político y económico de América. Colombiana exiliada en EE. UU.