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Durante casi dos décadas, la polarización y el hiperpartidismo en Estados Unidos han asolado el país, con demócratas y republicanos pareciendo dos subnaciones dentro de la díscola república americana. Sin embargo, los desacuerdos han tocado ahora los cimientos mismos del país, con grandes grupos de republicanos que creen que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y demócratas que piensan que el GOP está tratando de reimponer las leyes Jim Crow. La legislación electoral se está convirtiendo ahora en el nuevo frente de batalla de la América partidista.
Como en cualquier otra batalla partidista, ambos lados han sido propensos a utilizar exageraciones y a llenar el espacio público con la narrativa que mejor convenga a sus proyectos legislativos. Donald Trump ha aprovechado el tiempo libre del que ahora disfruta como expresidente publicando un constante aluvión de acusaciones de fraude contra las elecciones de 2020, mientras que los demócratas han acusado a los republicanos de intentar imponer el Jim Crow del siglo XXI con las leyes de reforma electoral aprobadas en estados como Georgia.
Las elecciones son la piedra fundacional de cualquier democracia moderna. Bueno, para ser más exactos, la confianza en el sistema electoral es el aspecto más importante para el mantenimiento de un sistema democrático, por lo que es vital tener una comprensión de este asunto que vaya más allá de las afirmaciones de un solo lado de la cuestión. Hemos hecho los deberes y hemos hablado con legisladores y políticos de ambos partidos, y hemos examinado las investigaciones realizadas al respecto para que a la luz de todo esto usted pueda decidir quién tiene razón y quién se equivoca.
¿Son las leyes de identificación electoral el nuevo Jim Crow?
La lucha por las leyes electorales en Estados Unidos no es nueva. Ambos partidos han luchado por cuestiones como la identificación de los votantes, las leyes de registro, el voto anticipado, los votos por correo, durante años. Sin embargo, se han vuelto más relevantes debido a las tensas y caóticas consecuencias de las elecciones presidenciales de 2020. Este año, al menos dos estados han aprobado leyes que reforman sus sistemas electorales: Georgia y Florida.
El primero fue, con mucho, el proyecto de ley más publicitado y controvertido del grupo. Biden y muchos demócratas compararon la ley directamente con las leyes abiertamente racistas y segregacionistas del sur de Jim Crow y afirmaron (falsamente) que el proyecto de ley «acabaría con las horas de votación antes de tiempo» y se presionó a muchas empresas para que boicotearan el Peach State, incluida la MLB.
Uno de los puntos conflictivos de la ley fue sobre los nuevos requisitos implementados por el estado sobre la cuestión de los requisitos de identificación para acceder a las papeletas de voto por correo, que se ha convertido en uno de los puntos centrales de la actual batalla sobre las leyes electorales.
En una entrevista exclusiva con El American, la senadora de Georgia, Elena Parent (D-GA) -una feroz crítica de la ley- nos dijo que la implementación de nuevos requisitos de identificación para acceder a las papeletas de voto por correo solo crearía «obstáculos innecesarios puestos delante de la gente» que pueden «disminuir la participación». También dijo que pedir una identificación «no previene el fraude […] pero puede evitar que algunas personas voten».
Parent también dijo que cuando un estado con un historial de «discriminación patrocinada por el Estado (contra los georgianos negros)» aprueba una ley que «dificulta el voto», lógicamente se producen algunas «comparaciones preocupantes con la época de Jim Crow».
La cuestión de los requisitos de identificación también fue planteada por los opositores al último proyecto de ley aprobado en Florida, con la senadora estatal Annette Tadeo diciendo a El American que la «exigencia de Florida de pedir requisitos de identificación de votantes más duros cuando ya exigimos a los votantes que muestren su identificación es una supresión de votantes».
Esta crítica respecto a la identificación de los votantes no se limita a la ley de Georgia o Florida, sino que forma parte de un debate nacional sobre el tema, con la ACLU diciendo en una hoja informativa en su sitio web que las leyes de identificación de los votantes son discriminatorias, ya que «las minorías carecen desproporcionadamente de identificación», «reducen la participación entre los votantes de las minorías» y «se aplican de manera discriminatoria».
Los republicanos han rebatido estas acusaciones. El senador Joe Gruters (R-FL) le afirmó a El American que Florida estableció un «estándar de oro» en la forma en que manejó las elecciones en 2020; que el proyecto de ley incluye regulaciones de «sentido común» que solo buscan «garantizar la integridad del sistema y restaurar la confianza de los votantes» y que espera que los demócratas «pasen de la retórica y se den cuenta de que no hay supresión de votantes».
Gruters también dijo que el GOP continuará trabajando con socios para ayudar con una legislación similar a la aprobada en Florida, con el objetivo de hacer el sistema «más difícil de engañar y más fácil de votar».
El argumento en contra de la identificación de los votantes se basa entonces en dos aspectos clave: son discriminatorios para las minorías y suprimen la participación de los votantes que tienden a ser demócratas. Sin embargo, ¿son ciertas estas afirmaciones? ¿Existe evidencia de que pedir identificación al acudir a un centro electoral disminuye la participación de las minorías?
Identificación electoral en Georgia
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), hay 36 estados que requieren algún tipo de verificación de identificación, con algunos estados, por supuesto, con regulaciones más estrictas que otros. Uno de ellos es Georgia, que ha implementado requisitos de identificación con foto desde 2010. Si la teoría se mantiene y la identificación de los votantes es una herramienta empleada para suprimir el voto de las minorías y empoderar a los republicanos, entonces deberíamos observar tales resultados en juego en el Peach State.
La realidad, en Georgia ha habido un aumento significativo en el registro de votantes de las minorías, que según un estudio de Pew Research han sido clave para el crecimiento de los registrados de Georgia desde 2016. Actualmente, las minorías (hispanos, afroamericanos, asiáticos americanos, nativos americanos) componen el 37 % del total de la población de votantes registrados en el estado, mientras que los votantes blancos son el 53 %, por debajo del 63 % de 2008.
Además, el aumento de la participación de los negros fue aparentemente clave para la victoria de los demócratas en 2020. Según el The Washington Post, los votantes negros representaron el 30 % de los votos emitidos en noviembre. Actualmente, los votantes negros representan el 29,9 % de los votantes registrados en Georgia, según los datos mostrados por la Secretaría de Estado y componen el 32,6 % de la población total del estado, según los datos obtenidos por la Oficina del Censo.
Si se compara la participación del bloque de votantes negros en 2020 con la de 2012, la tendencia también muestra que ha habido poco impacto en la participación de las minorías en las elecciones generales. Mientras que en 2020 los votantes negros fueron casi el 30 %, en 2012 la cifra se mantuvo prácticamente igual (29,8 %), según los datos presentados por el estado de Georgia. Si la identificación de los votantes quería disminuir la participación de los negros entonces hizo un pésimo trabajo.
En resumen, los afroamericanos emitieron casi un tercio de los votos en 2012 y 2020, no ha habido una tendencia que muestre una disminución significativa en la participación de los afroamericanos en relación con la población total de votantes y ha habido un aumento sustancial en el registro de las minorías en el Peach State.
Leyes electorales de identificación a nivel nacional
Aunque estos hechos sólo se aplican a Georgia, hubo un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una institución conocida por ser la fuente autorizada de cuándo comienzan y terminan las recesiones en los Estados Unidos, que han determinado que las leyes de identificación de los votantes “no tienen ningún efecto negativo sobre el registro o la participación, en general o para cualquier grupo definido por la raza, el género, la edad o la afiliación a un partido”.
Incluso el estudio citado por la ACLU para validar la narrativa de que la identificación de los votantes disminuye la participación (por sólo 1-2% puntos), aceptó que la investigación general sobre el tema ofrece resultados mixtos en lo que respecta al efecto de las leyes de identificación de los votantes en la participación, con 5 de los 10 estudios que no muestran ninguna significación estadística y 4 diciendo que había una cierta disminución de la participación.
Además, ese informe también concluye que los 10 estudios que revisó para ser redactado muestran que la gran mayoría de los americanos tienen una identificación que satisfaría los requisitos establecidos por la ley. La mayoría de esos estudios muestran que más del 80 % de los afroamericanos poseen actualmente un documento de identidad que sería aceptable para votar.
Incluso un estudio que fue ampliamente compartido por medios como The Washington Post, como la prueba definitiva de que las leyes de identificación de los votantes suprimen efectivamente la participación de las minorías, fue objeto de fuertes críticas después de que un informe de seguimiento cuestionara sus resultados. Vox, un medio de comunicación firmemente liberal, admitió que “en última instancia, las leyes de identificación de votantes pueden no tener un efecto suficientemente fuerte en la participación electoral”.
Si las leyes de identificación de votantes se redactaron con el objetivo de suprimir el voto de las minorías y entregar las elecciones al GOP, entonces han sido totalmente ineficaces. Los demócratas han ganado las elecciones presidenciales y senatoriales en Georgia y Arizona, estados con estrictas leyes de identificación, por poner un ejemplo.
Además, pedir una identificación no es algo exclusivo de Estados Unidos: Noruega lo hace, Francia lo hace, Italia lo hace, Suiza lo hace, incluso Canadá, Suecia y Alemania piden algún tipo de identificación para votar. Australia no lo exige si se vota en persona, pero sí para votar por correo. Es una práctica común en todo el mundo.
Las investigaciones realizadas por fuentes autorizadas y los datos disponibles para el público lo dejan muy claro: las leyes de identificación del votante no parecen tener un efecto significativo en la participación electoral. Por lo tanto, es muy difícil argumentar que la solicitud de una identificación para votar forma parte de una “estrategia en curso para hacer retroceder décadas de progreso en el derecho al voto” o que “privan a muchos votantes de su derecho al voto” y “reducen la participación”, como afirma la ACLU.
Comparar las normas de identificación de los votantes con las prácticas más oscuras de Jim Crow, una época vergonzosa de la historia de Estados Unidos, no sólo es incendiario e injusto, sino también simplemente erróneo desde el punto de vista de los hechos.
Edgar is political scientist and philosopher. He defends the Catholic intellectual tradition. Edgar writes about religion, ideology, culture, US politics, abortion, and the Supreme Court. Twitter: @edgarjbb_ // Edgar es politólogo y filósofo. Defiende la tradición intelectual católica. Edgar escribe sobre religión, ideología, cultura, política doméstica, aborto y la Corte Suprema. Twitter: @edgarjbb_
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.