La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que el proyecto de ley que busca flexibilizar los criterios para la libertad bajo palabra de los reos en Puerto Rico tiene un fin rehabilitador.
“Esto es un proyecto que no reduce penas, lo que sí hace es reducir el tiempo para que una persona privada de libertad pueda ser considerada por la JLBP para que se comience a evaluar su caso de manera tal que si la junta considera que en efecto la persona se rehabilitó, pueda insertarse a la libre comunidad como una persona productiva”, explicó la senadora en entrevista a Noticel.
Respecto a los reclamos de que el Proyecto del Senado 437 ampara más a los convictos que a las víctimas, aseguró que los derechos de las víctimas permanecerán intactos.
“Este proyecto salvaguarda todos los derechos de las víctimas. De ninguna manera trastoca derecho alguno. Van a permanecer con los mismos derechos. Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, a participar del proceso, a tener acceso a los expedientes”, sostuvo Rodríguez Veve.
Rodríguez Veve reiteró que la propia Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) y el Departamento de Corrección avalaron la medida durante las vistas públicas.
“Con este proyecto lo que se busca es hacer valer el mandato constitucional que dispone y establece que el gobierno tiene la obligación de viabilizar la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, insistió.
La senadora expuso que este proyecto los confronta con la realidad de que en muchas ocasiones en Puerto Rico, no se está siguiendo este mandato.
“Con este proyecto nos confrontamos en tener que cuestionarnos como sociedad hacia dónde tenemos que dirigir nuestro sistema correccional, si en un sistema punitivo, solo enfocado en penas, o uno rehabilitador”, concluyó.
El PS 437 que reduce los términos para cualificar para el beneficio de libertad bajo palabra fue presentado por los senadores Joanne Rodríguez Veve, del partido Proyecto Dignidad; Gretchen Hau y Ramón Ruiz Nieves, del Partido Popular Democrático; y William Villafañe, del Partido Nuevo Progresista.
Solo tuvo tres abstenciones, pero ningún voto en contra del pleno el pasado 4 de octubre y pasará en los próximos días a vista pública en la Cámara de Representantes.
Dicho proyecto de ley dispone que cuando una persona cumpla más de una sentencia consecutiva, se utilizará —para calcular si ya cualifica para los servicios de la JLBP— el término de la sentencia mayor. Además, sería aplicado con retroactivo.
Asimismo, podrá ser elegible a libertad bajo palabra a más tardar 15 años desde su reclusión y 5 cuando se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. La fórmula es 75 % del tiempo de condena, pero nunca más de 15 años.
