Read in English
Dados los debates del momento, otra vez volvemos sobre la indispensable libertad de expresión. En una sociedad libre, esta libertad resulta de una inmensa e insustituible importancia. El “cuarto poder” o el “contrapoder” por excelencia es más relevante y trascendental que los otros tres poderes. Este es el sentido de la sentencia de Thomas Jefferson en cuanto a que «frente a la posibilidad de libertad de prensa sin gobierno o ausencia de libertad de prensa con gobierno, me inclino por lo primero».
Como es sabido, el derecho primordial es el de la vida y la protección del propio cuerpo, le sigue el derecho a expresar los propios pensamientos y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente. La libertad de decir lo que cada cual estime conveniente no solo es un derecho, sino que consiste en un procedimiento inexorable al efecto de adquirir conocimientos, un proceso que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Esto último hace posible el progreso.
Si se lesionaran derechos de terceros habrá que dirimir lo ocurrido en la justicia, pero nunca y bajo ninguna circunstancia insinuar la censura previa, lo cual significa que los aparatos estatales se inmiscuyen en el sagrado derecho de la libertad de expresión o toleran el uso de la fuerza de otros para bloquearla. En este contexto debe quedar claro que cada medio o plataforma decide con su propiedad lo que considera mejor a sus intereses.
Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que «todos somos ignorantes, solo que en temas distintos». Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Como queda dicho, esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.
Esta valiosísima libertad resulta indispensable no solo por lo que acabamos de consignar, sino para resguardar y limitar el poder político y abre cauces a información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y abusos de poder.
Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de las siempre pastosas leyes que apuntan a regular medios y la sandez de pretender que se exhiban las fuentes de la información, alegando “seguridad nacional”, “secretos de Estado” o esgrimiendo “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa oral y escrita.
Esto viene a cuento porque la plataforma Twitter y otras han decidido eliminar cuentas de algún personaje que a esta altura de este texto no viene al caso especificar para no entrar en otra discusión, aunque lo mencionaremos más abajo. La antedicha decisión ha generado airadas protestas por parte de algunos sectores alegando que se ha vulnerado la libertad de prensa. Nada más lejos de la verdad. Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión.
La libertad de prensa no significa que tal o cual medio o plataforma deba publicar o trasmitir lo que no quiere hacer. Los motivos por los que se procede de una u otra manera es una cuestión que podrá ser criticada por terceros, pero de ningún modo otorgarles la facultad de contradecir la decisión de los dueños.
En el extremo, por ejemplo, un medio cualquiera podría establecer que solo publican los de ojos celestes o los que miden más de un metro ochenta, seguramente una norma de esta naturaleza no conducirá al éxito del emprendimiento, pero este es otro asunto. Lo dicho desde luego no significa que pueda incumplirse con lo eventualmente convenido con usuarios.
Si hay quienes no les gusta las normas de ciertos medios pueden establecer otros que compitan y si no cuentan con los suficientes recursos pueden vender parte de su iniciativa a otros y así lograr su objetivo y si nadie acepta aportar fondos para este emprendimiento quiere decir que, dados los siempre escasos factores productivos, hay otras prioridades y como todo no puede encararse simultáneamente, es proyecto en cuestión debe esperar su turno en mercados abiertos. Los monopolios perjudiciales son los legales, lo otro se traduce en el primero en prestar el servicio, indispensable desde el arco y la flecha para salir del garrote.
Hay líneas editoriales o formas de trasmitir noticias y columnas de opinión que uno puede o no compartir, pero esto es materia de otros debates que en ninguna circunstancia deben interferir con la libertad de prensa. Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios. Las decisiones pueden no agradar a terceros, pero esto es otro asunto de naturaleza bien diferente.
Hacemos un paréntesis para apuntar que lo dicho es equivalente a lo ocurrido con la editorial Simon & Schuster, que decidió abandonar la publicación del libro del senador republicano Josh Hawley debido a su aliento a los desmanes en el Congreso (dicho se de paso, obra que en su título refleja un absurdo en un mercado abierto: The Tyranny of Big Tech).
Twitter y otras plataformas se han referido a Donald Trump debido al riesgo que estiman los propietarios de acelerar la violencia en Estados Unidos, pero como hemos apuntado cada medio decide lo que hace o deja de hacer con su propiedad y los que no sean confiables por uno u otro motivo no serán consultados. No es del caso enfatizar en los antedichos motivos que esgrimieron los medios en cuestión porque como queda dicho podrían haber sido otros.
Tengamos muy en cuenta que según la definición clásica la Justicia implica el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada a lo que nos hemos referido más arriba al efecto de la decisión de cada dueño de medio o plataforma. De cualquier modo, dada la extensión y la intensidad que ha adquirido el debate, se hace necesario resumir lo que he consignado antes sobre el tema y a los efectos de este debate dejar de lado la confusa, oscura y controvertida Communications Decency Act de 1996, especialmente su sección 230.
No es admisible pretender jugar por reglas compartidas sobre la democracia y cuando los resultados electorales son adversos resulta que se desconocen. Este ha sido el caso luego de la ratificación por parte de los cincuenta estados y luego de haber sido rechazados una y otra vez las demandas por supuestos fraudes en distintas instancias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego de la bochornosa conversación telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia —Brad Raffensperger— oportunidad en la que le sugirió modificar el resultado electoral y luego de los episodios violentos en el Congreso resulta que nada menos que el presidente de Estados Unidos les dice a los sediciosos que son personas muy especiales y que les tiene gran aprecio.
Tuvo que renunciar la secretaria de Educación —Betsy DeVos— y la secretaria de Transportes —Elaine Chao— afirmando que Trump fue responsable de instigar a los que irrumpieron por la fuerza en la sede del Parlamento causando enormes destrozos y su exjefe de Gabinete, John Kelly, y el exsecretario de Defensa Colin Powell propusieran que se lo destituya vía la Enmienda 25, recién entonces decimos es que Trump, tarde y a regañadientes por cierto, reconoció que había terminado su presidencia y manifestó que la transición de mando debía ser ordenada y pacífica. Luego renunció el secretario de Interior Chad Wolf y el FBI estableció medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.
Peggy Nooman, la colaboradora del The Wall Street Journal, de ABC y de NBC News y célebre speechwriter de Ronald Reagan ha escrito que «Al principal responsable, el Presidente de Estados Unidos, hay que desalojarlo del cargo a través de la Enmienda 25 o del juicio político, lo que resulte más rápido». Debido al escaso tiempo disponible hasta el cambio de mando, es poco probable que puedan completarse en todos los pasos estas decisiones, pero las menciono a los efectos de comprobar el clima del momento.
De todos modos, senadores republicanos como Mitt Romney, Patrick Toomey y Lisa Murkoski y miembros de la Cámara Baja como el también republicano Adam Kinzinger han pedido la inmediata renuncia de Trump. Ahora nada menos que el líder republicano en el Senado Mitch McConnell ha dicho que celebra que se le inicie un juicio político a Trump (por segunda vez).
Hasta el vicepresidente Mike Pence tuvo que absorber el embate de Trump para que anule el recuento formal y final ante ambas Cámaras en el Congreso, lo cual rechazó de plano y procedió a la confirmación del presidente electo Joe Biden luego de ser certificado su triunfo como marcan las normas vigentes.
William Webster —exjuez federal, exdirector del FMI y de la CIA— declara públicamente que está avergonzado de las actitudes de Trump. Y en el orden internacional las condenas no se hicieron esperar, por razones de espacio solo destacamos las declaraciones de Angela Merkel quien enfatizó: «lamento profundamente que el presidente Trump no haya admitido su derrota».
Desde la perspectiva económica el balance neto de la gestión de Trump ha resultado en el incremento sideral en el gasto público, el déficit y la deuda externa. Es cierto que ha disminuido algunos impuestos, pero como señalé en otra ocasión, esto me trae a la memoria cuando los conquistadores españoles les entregaban espejitos de colores a los indios para luego imponer las instituciones esclavistas de la mita y el yanaconazgo.
Como bien ha apuntado reiteradamente su primer secretario de Estado —Rex Tillerson, antes CEO de ExxonMobil, la tercera empresa de mayor facturación en el mundo— «Trump no tiene idea del significado del libre comercio y muchas de las cosas que afirma no se condicen con la realidad».
La xenofobia de Trump se ha puesto de relieve varias veces a partir de los hechos de Charlottesville donde equiparó como “buenas personas” a los que marchaban bajo la insignia de la cruz esvástica y los emblemas de la así denominada “supremacía blanca”.
El procurador general —William Barr— ha consignado que «el presidente ha traicionado su cargo» y el expresidente de la Cámara de Representantes y excandidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2012 —Paul Rayan— ha declarado que «Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención para anular los resultados de las elecciones certificadas por el estado y privar de sus derechos a millones de estadounidenses».
Es muy cierto que buena parte de los equipos del Partido Demócrata apuntan a intensificar el tamaño ya desbordado del Leviatán, pero esto en modo alguno justifica que se pretenda operar bajo ciertas normas para luego vulnerarlas cuando los resultados son adversos como ha sido a todas luces el caso de Donald Trump. No es cuestión de dejarse acuchillar por uno para no ser ametrallado por otros, especialmente cuando se declama sobre la democracia y, como queda dicho, una vez obtenidos los resultados se pretende desconocerlos.
El tema del tamaño del aparato estatal y los graves problemas que causa de modo especial sobre los más vulnerables es otro plano de discusión que debe dirimirse en el intercambio de ideas.
En este sentido, personalmente me ocupé del asunto en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos que publicó la edición original el Fondo de Cultura Económica, donde destaco los extraordinarios valores establecidos por los Padres Fundadores y cómo de un tiempo a esta parte se ha producido un deterioro manifiesto en esos valores.
La esperanza radica en la cantidad de instituciones dedicadas al estudio y la difusión de esos principios, lo cual concentra una cantidad creciente de jóvenes que publican y se reúnen en seminarios para estudiar y difundir los principios de la sociedad libre.
Aparentemente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que pretenden dictaminar acerca de dominios privados de medios o plataformas, dan manotazos a Internet o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”.
Los problemas se suscitan debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas de imparables verborragias de los mandones del momento.
