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¿Por qué los mandatos de vacunación no funcionan?

El estado de vacunación no nos dice realmente si una persona representa una amenaza para los demás

Por Jon Hersey

 A principio de la pandemia, antes de que hubiesen vacunas disponibles, mi tío contrajo el COVID-19 y, sin saberlo, se lo pasó a mi tía. Ella era de alto riesgo y llevaba una pequeña bomba de oxígeno a todas partes y la enfermedad no tardó en hacer estragos. Murió a los pocos días.

Me vacuné tan pronto como pude, no sólo para protegerme a mí mismo, sino sobre todo para proteger a mis familiares y amigos en riesgo. Animé a varios amigos y familiares a vacunarse. Los médicos que conozco dicen que es sólo cuestión de tiempo que todas las personas se contagien con el COVID-19. Así que la pregunta es: cuando lo hagan, ¿quieren la mejor protección disponible o no?

Entiendo el atractivo de los mandatos de vacunación del gobierno. Pero incluso si vacunarse es una obviedad para la mayoría de nosotros, ¿tiene el gobierno la legítima autoridad para obligar la vacunación contra el COVID, o para obligarle a las empresas privadas a que les exijan a sus empleados que se vacunen?

La cuestión no es si las empresas pueden exigirle a sus empleados que se vacunen. Ciertamente tienen el derecho de estipular las condiciones bajo las cuales emplearán a las personas, al igual que el gobierno en la medida en que actúa como empleador. Además, las empresas deberían considerar cuidadosamente la naturaleza de su trabajo, los riesgos para sus empleados y clientes, las demandas de sus clientes, etc. para decidir las medidas de seguridad adecuadas, especialmente las empresas del sector sanitario.

Pero la verdadera pregunta es: ¿pueden los funcionarios públicos obligar legítimamente a la gente a vacunarse, u obligar a los empleadores a imponer la vacunación? Muchos dicen que sí.

David Leonhardt escribe en el New York Times: “Incluso en un país que prioriza la libertad individual tanto como Estados Unidos, los ciudadanos no tienen derecho a perjudicar a sus colegas o a las familias, los amigos y las comunidades de sus colegas. El derecho de una persona a una vida sana es mayor que el derecho de otra persona a un trabajo específico”.

Por supuesto, no existe el “derecho a una vida sana” o el “derecho a un trabajo específico” (los derechos sancionan la búsqueda de esos valores por parte de una persona, pero no dan derecho a un trabajo, a la salud o a cualquier otra cosa). Pero NPR resume muy bien el punto esencial de esta línea de razonamiento: los mandatos de vacunación son supuestamente necesarios para “proteger a los trabajadores vacunados de sus compañeros no vacunados”. (Algunos se preguntan: “¿No es esta la razón por la que la gente se vacuna, para empezar, para protegerse de los no vacunados?” Lo es, pero, como ya he comentado, los contagios puntuales son un problema importante).

Incluso la Unión Americana de Libertades Civiles, supuestamente favorable a la libertad, dice que “las vacunas son una intrusión justificable en la autonomía y la integridad corporal”. Esto puede sonar ominoso, porque todos tenemos el derecho fundamental a la integridad corporal y a tomar nuestras propias decisiones en materia de salud. Pero estos derechos no son absolutos. No incluyen el derecho a infligirle daños a otros”.

Pero, ¿qué pasa con los potenciales daños de quienes se ven obligados a vacunarse?

Dejemos a un lado los síntomas parecidos a los de la gripe que muchos experimentan después de vacunarse contra el COVID. Aunque las estadísticas nos dicen que las vacunas disponibles sólo causan reacciones adversas graves en contadas ocasiones, éstas no son triviales. Incluyen la anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal; la miocarditis y la pericarditis, que son reacciones inflamatorias del corazón con resultados que van desde dolores punzantes en el pecho hasta la insuficiencia cardíaca y la muerte; y el síndrome de Guillain-Barré, que el CDC describen como “un trastorno raro en el que el sistema inmunitario del cuerpo daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis”. El CDC también dice que “los informes recientes indican una relación causal plausible entre la vacuna COVID-19 de J&J/Janssen y el STC, un resultado adverso raro y grave —coágulos de sangre con plaquetas bajas— que ha causado muertes”. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la mujer de 38 años de Washington quien murió el 7 de septiembre.

Por supuesto, no podemos sopesar los riesgos de la vacunación ligeramente. Debemos compararlos con los riesgos de contraer el COVID-19 sin vacunación. Y cuando lo hacemos, vemos que, estadísticamente, las personas están mucho más seguras con la vacunación que sin ella.

Pero, no obstante, ¿tiene el gobierno legítima autoridad para imponerle esas probabilidades a alguien? ¿Sería moral que los burócratas obligaran a la gente a jugar a la ruleta rusa con una pistola de un millón de rondas, aunque sólo unas pocas estuviesen cargadas?

Según la ACLU, hacerlo es moral porque, repitiendo el argumento “los derechos fundamentales a la integridad corporal y a tomar nuestras propias decisiones sobre el cuidado de la salud” no son “absolutos” y “no incluyen el derecho a infligirle daño a otros”. He hablado con decenas de personas sobre este tema, incluyendo a médicos, expertos en enfermedades infecciosas y abogados constitucionalistas, y la mayoría (y los más fuertes) de los argumentos a favor de los mandatos que he escuchado se reducen a este mismo punto: Hay un conflicto entre dos tipos de derechos y el derecho de una persona a no ser infectada tiene más peso que el derecho de otros a elegir no vacunarse.

Un gran problema con este argumento, sin embargo, es que confunde “no vacunado” con “infeccioso”. Por supuesto, para ser infeccioso, uno debe tener realmente la enfermedad. Una persona no vacunada que no tiene COVID simplemente no puede transmitirla.

Por otro lado, una persona vacunada que contrae COVID puede transmitirla a otras personas, incluso a las que han sido vacunadas. Este tipo de infecciones se convirtió en noticia nacional en julio, cuando cientos de personas de una ciudad de Massachusetts —casi el 75 % de las cuales estaban vacunadas— se contagiaron de COVID. El CDC informó de este suceso: “Entre los cinco pacientes de COVID-19 hospitalizados, cuatro estaban totalmente vacunados”.

Aunque, como informa mi colega Jon Miltimore, muchos científicos coinciden en que la vacunación contra el COVID reduce la probabilidad de desarrollar síntomas graves que requieran hospitalización, aún no está claro si la vacunación reduce la transmisión de la enfermedad. Algunos dicen que sí lo hace porque disminuye los síntomas y reduce la duración de la infección. Sin embargo, el periodo presintomático puede ser el periodo de mayor riesgo de transmisión porque los infectados aún no saben que son contagiosos. La investigación del CDC sobre el brote de julio reveló que las personas vacunadas siguen contrayendo y transmitiendo el COVID y, cuando se infectan, transportan tantas partículas infecciosas en la garganta y las fosas nasales como las personas no vacunadas que tienen el virus.

¿La moraleja de esta historia? El estado de vacunación no nos dice si una persona representa una amenaza para los demás. La única manera de saber si una persona representa una amenaza activa es saber si es portadora de una enfermedad infecciosa. Por eso, a medida que los países reabren sus fronteras, algunos (incluyendo Estados Unidos) exigen no sólo una prueba de vacunación, sino una constancia de una prueba de COVID reciente y negativa. Una persona vacunada puede (o no) ser estadísticamente menos propensa a infectar a otros. Pero, como decía el economista Milton Friedman, las estadísticas no hablan por sí mismas. En este contexto, sólo nos hablan de agregados, no de la amenaza real que supone una persona concreta. “Aborrezco los promedios”, dijo el juez del Tribunal Supremo, Louis Brandeis. “Me gustan los casos individualizados. Un hombre puede comer seis veces un día y ninguna al día siguiente, lo que supone un promedio de tres al día, pero esa no es una buena forma de vivir”.

Del mismo modo, las estadísticas pueden decirnos que las chicas de veintidós años son las más propensas a tener accidentes de tránsito o que los hombres negros de Brooklyn son más propensos a robar casas que la mayoría. Pero todos reconocemos que la acción del gobierno contra los individuos basados en estadísticas es perjudicial y debidamente ilegal. Lo mismo ocurre con el estado de vacunación. No nos dice si una persona representa una amenaza para los demás.

¿Es esto realmente una base sólida para que el gobierno viole nuestro “derecho fundamental a la integridad corporal y a tomar nuestras propias decisiones en materia de salud”?

Es cierto, por supuesto, que nadie tiene el “derecho a infligirle daño a otros”. Pero ese es un camino en doble vía. El miedo a las personas no vacunadas (y recuerde que “no vacunado” no significa “infeccioso”) no le da motivos al gobierno para lanzar un ataque preventivo que obligue a la gente a vacunarse, u obligue a los empresarios a que hagan el trabajo sucio por ellos.

Ambas partes de este debate le piden al gobierno que proteja nuestros derechos. Sin embargo, a la hora de evaluar si un individuo representa una amenaza activa, que requiera una respuesta gubernamental, no podemos basarnos en las estadísticas, como hace el argumento a favor del mandato, sino que necesitamos pruebas.

Por desgracia, nuestro gobierno obstaculizó los primeros esfuerzos para desarrollar las pruebas COVID, la mejor fuente de tales pruebas. Así que, aunque es bueno que el mandato de vacunación del presidente Biden permita al menos que la gente opte por las pruebas en lugar de la vacunación, los altos precios y la escasez han hecho que esto sea un gesto sin sentido. Muchos ya han tenido que elegir entre mantener su trabajo o vacunarse, una alternativa que el gobierno no tiene autoridad legítima para imponer.

EL CDC dice que “los beneficios conocidos y potenciales de la vacunación contra la COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales”, pero la ponderación de los riesgos y los beneficios no es algo que otros puedan hacer por nosotros, independientemente de nuestro propio contexto. La cuestión no es que la gente no deba vacunarse. Las vacunas disponibles en la actualidad son una maravilla del ingenio humano. Pero la decisión de vacunarse o no es una decisión que cada individuo debe ser moralmente libre de tomar por sí mismo.

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