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Los medios actúan de mala fe ante la reciente ley educativa de Florida

Recuerdo con mucho aprecio a mis profesores de preescolar y de primero a tercer grado, pero dudo mucho que tendría el mismo aprecio si ellos hubieran sido los encargados de mostrarme imágenes sexualmente explícitas o si me hubieran hablado de explorar mi cuerpo o de que hay 47 géneros.

Creo que difícilmente puede considerarse como algo controversial que los profesores no deberían hablar sobre sexo con sus alumnos de preescolar a tercer grado. No estoy hablando necesariamente de hablar sobre género o los derechos LGBT, sino sobre sexo a secas. Sencillamente, no es el lugar.

Los padres tienen el derecho preferencial de cómo desean educar a sus hijos y en un país como Estados Unidos, donde más del 80 % de los ciudadanos envía a sus hijos a escuelas públicas, este derecho debe hacerse respetar. Los padres tienen el derecho a saber qué se les dice a sus hijos en las escuelas y, particularmente, que a sus hijos de 6 y 7 años, altamente influenciables, no les enseñen que quizá son género fluido o a masturbarse.

Esto es precisamente lo que prohíbe la Ley de “Derechos Parentales Educativos” de Florida. Sin embargo, si uno se basara en los titulares de los medios propagandísticos progresistas, pensaría que, efectivamente, la ley prohíbe, so pena de prisión, decir la palabra “gay” en un salón de clases.

De hecho, #DontSayGay se volvió trending topic en Twitter por varios días y la descripción de esta red social decía que era porque la ley “prohibía las discusiones de identidad de género y orientación sexual en escuelas primarias”, lo cual es rotundamente falso por dos razones: 1) la ley solo llega hasta tercer grado de educación primaria y 2) prohíbe a los distritos escolares fomentar estos temas y usar textos sobre ellos con niños, pero de ninguna manera les prohibe a los estudiantes hacer preguntas sobre los temas en cuestión.

Ya no debería extrañarnos, pero este caso ha sido uno de los más evidentes de manipulación mediática de los últimos años. Una ley que propone algo que debería ser puro sentido común fue convertida en un monstruo a través de propaganda sin la más mínima intención de esclarecer los hechos.

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