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Los pasaportes de vacunas llegaron a Canadá

China Vaccines

Por Patrick Carroll

De los muchos términos a los que nos hemos acostumbrado a lo largo de la pandemia, el “pasaporte de vacunación” es quizás uno de los más siniestros. Aunque al principio la idea se descartó como poco más que una teoría de la conspiración, mucha gente cree ahora que “enseñar los papeles” es un requisito previo razonable para participar en la vida pública normal. De hecho, la ciudad de Nueva York ya implementó un pasaporte de vacunas, y muchos otros municipios también lo están considerando.

Hace dos años lo habríamos calificado de distópico. Hoy lo llamamos una medida de salud pública.

Los canadienses, en particular, han abrazado la idea de los pasaportes de vacunas, y dos provincias (Quebec y Columbia Británica) han anunciado ahora sus planes para implantar sistemas de pasaportes de vacunas en las próximas semanas.

Quebec fue la primera en anunciar que aplicaría esta política.

“Las personas que han hecho el esfuerzo de ponerse las dos dosis deben poder llevar una vida algo normal”, dijo el primer ministro François Legault en un anuncio del 5 de agosto. “Daremos ciertos privilegios a quienes hayan aceptado hacer el esfuerzo de ponerse las dos vacunas”, continuó. “Algunos servicios no esenciales sólo estarán disponibles para las personas vacunadas”.

El sistema, que entrará en vigor el 1ero de septiembre, se aplicará a los lugares de gran capacidad y con un alto índice de contacto, como festivales, bares, restaurantes, gimnasios e instalaciones de entrenamiento.

Siguiendo el ejemplo de Quebec, Columbia Británica se convirtió recientemente en la segunda provincia en introducir un pasaporte de vacunas. Su iniciativa, que entra en vigor el 13 de septiembre, también restringirá el acceso a zonas de gran capacidad a las personas no vacunadas. La lista de zonas restringidas incluye conciertos y eventos dentro de recintos cerrados, cines, gimnasios y restaurantes (incluidos los de patio), así como “eventos organizados en lugares cerrados” como bodas, fiestas, conferencias, reuniones y talleres.

Aunque Quebec y la Columbia Británica son actualmente las dos únicas provincias que planean sistemas completos de pasaportes de vacunación, otras provincias también introdujeron privilegios relacionados con las vacunas en los últimos meses.

Manitoba, por ejemplo, tiene una tarjeta de vacunación que exime a las personas vacunadas de los requisitos de auto-aislamiento al entrar en la provincia y les permite visitar a sus seres queridos en residencias y hospitales. La Isla del Príncipe Eduardo también introdujo un pase que ofrece privilegios similares.

A nivel federal, las cosas no se pintan mucho mejor para los no vacunados. El 13 de agosto, el gobierno anunció que pronto exigirá que todos los funcionarios públicos federales, unas 300,000 personas, se vacunen como condición para su empleo. También anunció que todos los viajeros de aviones comerciales, los pasajeros de trenes interprovinciales y los pasajeros de cruceros tendrán que vacunarse.

Tomando estas medidas en su conjunto, es difícil negar que Canadá está en camino de crear dos clases de ciudadanos, los vacunados y los no vacunados. Actividades que antes se consideraban derechos humanos básicos, como reunirse en diversos entornos sociales o embarcar en un vuelo, se han convertido ahora en “privilegios” reservados únicamente a la clase vacunada.

En muchos sentidos, estas políticas recuerdan inquietantemente a las leyes que se utilizaban para atacar a grupos marginados en el pasado, como las mujeres, los negros y los judíos. Por supuesto, la opresión en esos casos era a menudo mucho más atroz. Pero en el momento en que concedemos que algunas personas deberían tener más derechos que otras, estamos operando dentro del mismo paradigma. Las diferencias entre esas injusticias históricas y el tratamiento actual de los no vacunados son simplemente diferencias de forma, no de fondo.

De hecho, el principio de igualdad de derechos e igualdad ante la ley es realmente el meollo del asunto. Si una empresa privada quiere discriminar a alguien por su estado de vacunación, está en su derecho. Pero cuando el gobierno otorga privilegios legales a un determinado grupo y discrimina sistemáticamente a otro grupo, ha cruzado una línea importante. No te equivoques, así es como se consiguen ciudadanos de segunda clase. Así es la subyugación.

Ahora bien, en teoría, una de las formas de evitar este tipo de trato desigual es crear una constitución que consagre ciertos derechos humanos universales. Canadá, al ser una democracia liberal, tiene naturalmente una constitución de este tipo, y uno de sus atributos más importantes es la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que es esencialmente la versión canadiense de la Carta de Derechos (“Bill of Rights”) estadounidense.

La sección relevante de la Carta es el artículo 15, que dice lo siguiente:

“Toda persona es igual ante la ley y en virtud de ella, y tiene derecho a igual protección y beneficio de la ley sin discriminación y, en particular, sin discriminación por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física”.

El Tribunal Supremo de Canadá declaró que la finalidad del artículo 15 es impedir “la discriminación de los grupos que sufren desventajas sociales, políticas y jurídicas en la sociedad canadiense”. A primera vista, podría parecer obvio que los pasaportes de vacunas constituyen una discriminación legal y, por tanto, son inconstitucionales. Pero, aunque ciertamente hay un argumento que se puede esgrimir ahí, el argumento contrario es que la Carta no protege realmente estos derechos en un sentido absoluto. Obsérvese el texto del artículo 1.

“La Carta Canadiense de Derechos y Libertades garantiza los derechos y libertades que en ella se establecen, con sujeción únicamente a los límites razonables prescritos por la ley que puedan justificarse de forma demostrable en una sociedad libre y democrática”.

Entonces, ¿son inconstitucionales los pasaportes de vacunas? Es difícil decirlo. Pero en lo que a mí respecta, en realidad no importa. Tomando prestado el lenguaje de Lysander Spooner, “sea que la Constitución realmente es una cosa u otra, lo único que es cierto es que: o bien ha autorizado un gobierno como el que hemos tenido, o bien ha sido impotente para evitarlo. En cualquiera de los dos casos, su existencia da igual”.

El punto es que la constitución ha fallado en mantener la igualdad bajo la ley. Que haya fallado por impotencia o por diseño es una cuestión jurídica interesante, pero en la práctica apenas supone una diferencia.

Lamentablemente, no es la primera vez que la constitución canadiense no defiende los derechos humanos. Desde el comienzo de la pandemia también ha fallado en la defensa de la libertad de reunión, a pesar de describir ese derecho como una “libertad fundamental” en la sección 2 de la Carta.

Así pues, para aquellos que todavía consideran la Constitución como una salvaguarda de la libertad, los confinamientos y ahora los pasaportes de vacunación deberían ser un llamado a despertar. Está claro que algo no está funcionando. Si la constitución fue diseñada para defender los derechos individuales, ha fracasado estrepitosamente. Y si no fue diseñada para ese fin, entonces hay poca razón para tenerla en primer lugar.

La lección que debemos sacar de esto es que las constituciones por sí mismas no protegen realmente los derechos de las personas. No son más que trozos de papel. Lo que realmente importa es la cultura y, concretamente, el grado en que la gente de la sociedad valora la libertad.

Considere el hecho de que muchos regímenes totalitarios también tenían constituciones y declaraciones de derechos (como la Constitución de Weimar en la Alemania nazi). No cabe duda de que estos documentos eran muy apreciados, pero también resultaron impotentes cuando la cultura imperante se volvió tiránica.

Por eso, aunque algunos digan que podemos preservar la libertad si conseguimos tener la ley, la enmienda constitucional o la sentencia del tribunal supremo apropiada, se trata de una falsa esperanza.

La libertad vive y muere con la cultura. Si la cultura odia la libertad, ningún edicto gubernamental puede preservarla.

Por otra parte, si la cultura ama la libertad, ningún edicto gubernamental puede quitarla.

Foundation for Economic Education (FEE)

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