Read in English
[Read in English]
La familia del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, que fue asesinado el 8 de octubre de 2018 mientras estaba preso en Caracas (Venezuela), demandó en Miami al tirano venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades ilegítimas de Venezuela y a la guerrilla colombiana FARC por “daños y perjuicios”, según documentos judiciales.
Entre los demandados por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos María Fernanda y Fernando Albán Osio, están el ilegítimo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ilegítimo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ilegítimo fiscal General, Tarek Saab, y el ilegítimo ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
Los demandantes acusan a todos ellos de “encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos”.
Otros demandados son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles, una organización supuestamente formada por generales venezolanos y dedicada al narcotráfico.
El caso fue asignado al juez Darrin P. Gayles, de los tribunales del Distrito Sur de Florida.
El diario El Nuevo Herald, el primero en informar de esta demanda presentada a comienzos de marzo, habló con el abogado de la familia Albán, Jaime Guttman, quien señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismo y los demandantes “no tienen planes de hablar con periodistas en este momento”.
La demanda civil se ampara en la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), usada con éxito para enjuiciar a grandes figuras del crimen organizado.
Fernando Albán fue detenido por la tiranía de Nicolás Maduro y fue arrojado desde un décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de un “vil asesinato” y lo mismo hicieron otros líderes opositores.
Luisa Ortega Díaz, antigua funcionaria chavista, quien fuera fiscal general de Venezuela y esta exiliada en Colombia, aseguró que Albán murió ahogado mientras lo interrogaban “porque lo estaban torturando con una bolsa”.
En 2018 Albán participó en una sesión de Naciones Unidas en Nueva York en la que denunció las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
