‘Primera Línea’, con ese nombre se autodenominan los grupos que protagonizaron acciones vandálicas, bloqueos y ataques a la fuerza pública durante los disturbios que se presentaron en las principales ciudades de Colombia, en las jornadas del llamado ‘paro nacional’ de los meses de abril, mayo y junio de este mismo año.
Estos grupos además de estar dotados de cascos, escudos, objetos contundentes y bombas incendiarias dieron muestras de entrenamiento para el combate callejero y causaron grandes daños a bienes públicos y privados, así como lesiones a miembros de la fuerza pública y a particulares.
Una juez de Control de Garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a 10 presuntos integrantes de la “Primera Línea” de Engativá, una de las 20 localidades o divisiones administrativas de la capital colombiana. Los ciudadanos están acusados de acciones de vandalismo, terrorismo y ataques contra la fuerza pública en cinco hechos ocurridos en las jornadas del paro.
No se trata de una condena en firme, sino de una orden de retención carcelaria mientras se adelanta el juicio.
El procedimiento penal colombiano admite que, eventualmente, los procesados puedan enfrentar su juicio en libertad o en detención domiciliaria. Sin embargo, en este caso, la juez consideró que por la gravedad de los cargos los imputados representaban un peligro para la sociedad y que no podían beneficiarse de la detención domiciliaria puesto que las acciones terroristas ejecutadas durante el paro se habían planeado desde domicilios de personas particulares.
Las familias y defensores alegaron la inocencia de los imputados, personas entre 20 y treinta años de edad, que la juez no vaciló en calificar de “alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos”. Los defensores de algunos de los acusados señalaron que eran estudiantes cuya vinculación a la Primera Línea no está claramente demostrada. En otros casos indicaron que se trataba de trabajadores de cuyo ingreso dependía la subsistencia de la familia.
Amigos y allegados de los detenidos realizaron un “plantón” frente al sitio de detención. Una de las familiares, en entrevista al periódico El Tiempo de Bogotá manifestó “ellos (los detenidos) estudian, ellos trabajan (…) muchos de ellos velan por sus familias (…) los vecinos de muchos de ellos dicen que no son malas personas”.
Según el relato de la mujer, uno de los principales sindicados —Luis Simbaqueba apodado ‘El Diablo’ y acusado de dirigir las acciones coordinadas de la Primera Línea— sí había participado de las protestas, pero se había retirado antes de los disturbios. Expresó que el único delito de ‘El Diablo’ es “tener pelo largo, una mirada fuerte y vestirse de negro porque le gusta el metal”.
La juez desechó esos y otros argumentos, por considerar que el actuar de los acusados fue “sistemático, prolongando y con alta probabilidad de reincidencia” por lo que ordenó su envío a detención carcelaria preventiva mientras se adelanta el juicio.
Dentro de la evidencia que recopiló la Fiscalía también se encuentran una serie de audios, donde una integrante de la Primera Línea, hace referencia directa a una deuda con el Ejército de Liberación Nacional —un grupo terrorista y narcotraficante—. Se oye a una integrante de Primera Línea, conocida como “polla”, decir “el ELN nos debe a nosotros 100”.
También se escucha a miembros del grupo hablar de la quema de buses pertenecientes al sistema de transporte público de Bogotá, confrontaciones con la policía, y la manifestación de sosprechas que dentro del grupo había infiltrados de la policía.
A algunos integrantes de la Primera Línea les podrían esperar hasta 22 años de prisión por cargos como terrorismo.
Economist, writer and liberal. With a focus on finance, the war on drugs, history, and geopolitics // Economista, escritor y liberal. Con enfoque en finanzas, guerra contra las drogas, historia y geopolítica