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Imagen: Knight Foundation vía Flickr, Impunidad

México: es la impunidad, estúpido

En México, la inseguridad enluta hogares y perjudica al país entero. El problema es la impunidad

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En muchas regiones de México la vida se ha convertido en una especie de enciclopedia gráfica de la violencia. Cada año, los integrantes del crimen organizado (y del desorganizado también) asesinan a decenas de miles, roban y extorsionan a millones y ponen sobre las familias una pesada carga de dolor, incertidumbre e impunidad, pues el costo de la inseguridad equivale hasta a un 12 % del producto interno bruto (PIB).

La vulnerabilidad de las víctimas se incrementa porque la legislación mexicana, diseñada para prevenir alzamientos sociales, ha establecido una serie de requisitos ridículos para la portación legal de armas de fuego, empezando por el hecho de que hay una sola tienda legal en todo el país (en la Ciudad de México) y el trámite de adquirir legalmente un arma requiere cuando menos dos visitas personales a dicha capital.

Aun así, las personas se defienden como pueden, en un intento desesperado por protegerse de los constantes ataques de la delincuencia. El 9 de diciembre, en la alcaldía de Tláhuac, una pasajera sacó su arma y le disparó a su asaltante al interior de un autobús del transporte público. Resultó que el angelito era más que reincidente y había ingresado cuatro veces a la cárcel, sin que esto le hubiera servido de rehabilitación, ni de escarmiento, porque en México, incluso cuando hay arrestos, prevalece la impunidad.

Una “cultura” de la impunidad

Las cifras son tan absurdas que resultan hasta cómicas. El año pasado en México se presentaron aproximadamente 1,78 millones de denuncias y querellas, de las cuales tan solo 13,873 se resolvieron como resultado de un proceso penal abreviado o un juicio oral. O sea que apenas 1 de cada 129 denuncias o querellas resultó en un proceso resuelto (una sentencia, pues).

A estos datos hay que añadirles todavía la monumental cifra negra de delitos no denunciados, que supera tranquilamente el 90 % incluso en los estimados más optimistas. En términos generales, los ciudadanos han aprendido que denunciar es una pérdida de tiempo y en muchos casos solo se denuncia para efectos de acreditar dicho trámite ante la aseguradora o para conseguir el reemplazo del pasaporte u otro documento oficial.

Cuando analizamos las cifras reportadas y la cifra negra, el resultado es un panorama trágico: aproximadamente de cada 1,666 delitos que se cometen en México, apenas 1 resulta en sentencia, mientras que otros 6 se atienden vía “mecanismos alternativos” o “soluciones alternas”. ¿El resto? Gozando de cabal salud.

Otra vez: 1 delito sentenciado, por cada 1,666 cometidos.

Es, sencillamente, una cultura de la impunidad. El delincuente sabe que normalmente se va a salir con la suya y que incluso si lo arrestan, a lo largo del proceso tendrá muchas oportunidades de salir, aprovechando alguno de los múltiples errores del Ministerio Público o alegando ante el juez alguna violación a sus “derechos humanos”.

México, Impunidad.
El problema en México no empezó con Andrés Manuel López Obrador, pero no se está corrigiendo. (Flickr)

El nuevo sistema, empeoró las cosas

El sistema de procuración de justicia ha sido un ejemplo de corrupción, incompetencia y complicidad desde hace décadas. Por eso la profesionalización de las instituciones que lo forman ha estado en el menú de las promesas de todos los partidos.

Parecía que estas promesas por fin se harían realidad con la creación del “nuevo sistema de justicia penal” que teóricamente debería modernizar a la ley, al diseño institucional y el esquema de capacitación de los funcionarios, para lograr resultados similares a los del primer mundo.

Spoiler alert: no fue así.

La creación del nuevo sistema implicó un desperdicio multimillonario de recursos de los contribuyentes. Entre 2008 y 2016 la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mejor conocida como SETEC, “invirtió” más de 261 millones de dólares (4,881 millones de pesos), que se gastaron principalmente en “capacitación” (41 %) y en difusión (17%).

A esta bolsa hay que sumarle los más de 588 millones de dólares (11,000 millones de pesos) que destinó en infraestructura y equipamiento el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas; los 73 millones de dólares (1,365 millones de pesos) que gastó, también en infraestructura, el Consejo de la Judicatura Federal; y los otros 56 millones de dólares (1,044 millones de pesos) que utilizó la Procuraduría General de la República.

Incluso los contribuyentes de los Estados Unidos pagaron parte del delirio, pues un buen porcentaje de los 2,800 millones de dólares que el vecino del norte le regalaba a México por medio de la Iniciativa Mérida se fueron en equipar más de 120 juzgados, capacitar a 9,000 funcionarios y darles unas vacacion… digo, unas capacitaciones, en Puerto Rico, a más 100 jueces federales.

Con toda esta inversión, se esperaba que el sistema entrará en pleno funcionamiento en 2016. 4 años y medio después los resultados no podrían ser peores, pues pese a las montañas de dinero, los datos de México Evalúa muestran que 22 de las 32 entidades federativas del país siguen sin alcanzar el nivel de consolidación que se esperaba en 2016, y ninguna está siquiera cerca de llegar al nivel esperado para el 2018.

¿Y los resultados concretos? El número de homicidios continúa rompiendo récords cada año y la antes citada “cifra negra” de delitos no denunciados se ha incrementado, pasó del 92 % en 2010 al 93.4 % en 2019.

¿Por qué? Porque el flamante proceso penal acusatorio no se los cree nadie. El nivel de confianza en las autoridades del sistema de justicia penal es claramente peor ahora (-8.6 %) de lo que era en 2015, el año anterior a que arrancara el nuevo sistema. Y no es para menos: la incompetencia de las policías (o de complicidad de los jueces) es tal que en 2019 un 27.9 % de las detenciones fueron calificadas como ilegales por parte del Juez de Control, y eso es apenas un botón de muestra.

Impunidad a base de “tonterías”

Ese manto de impunidad se teje con hilos de corrupción, pero también con hilos de ineptitud y de un sistema de procuración de justicia que simplemente no funciona. Los abogados y académicos “penalistas” defienden un sistema inútil con una arrogancia que linda en lo absurdo, hablan de “teorías” del derecho penal como si hablaran de teorías de física. Sin embargo, si una teoría física o química tuviera una tasa de fracaso superior al 99 %, como la del derecho penal, nadie la tomaría en serio.

En todo caso, el derecho penal mexicano está más cerca de la astrología que la ciencia, y no es que las autoridades estén completamente ciegas; de repente pareciera que se dan cuenta: hace unos meses, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, declaró que «dos veces se detuvo al jefe del cártel de Tepito y dos veces tuvo puerta giratoria, con operaciones de Marina impecables de inteligencia, etcétera. ¿Qué creen que pasó? El informe de policía homologada se equivocó de entrada, fue en la ‘entrada h’ de la unidad habitacional y puso ‘entrada g’, alguna tontería de esta naturaleza».

Las “tonterías” liberan a un criminal tras otro, sin que el oficialismo, la oposición, los “expertos” o las universidades ofrezcan una alternativa seria para corregir los problemas de fondo. Las propuestas de reforma al sistema son en todo caso un cambio estético, semejante a colgarle un nuevo juego de dados al retrovisor de un carro al que no le funciona el motor.

Sin solución a la vista

A principios de año, el fiscal general anunció que presentaría una serie de reformas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica y Estructural de la Fiscalía General de la República, supuestamente para corregir este mal guiso. Pero, como su propuesta provocó la indignación de los tecnócratas en la oposición y del ala izquierdista del oficialismo, el presidente López Obrador le ordenó cancelarla.

Ya pasó casi el año completo, y de la reforma ni sus luces, pero incluso las modificaciones que proponía el fiscal no resuelven nada. Simplemente nos llevarían de regreso al sistema anterior, cuyos resultados eran casi igual de desastrosos.

México tiene un grave problema de inseguridad, que enluta al país entero, que anula los avances que de otro modo reducirían la pobreza y que condena a millones a vivir bajo una sentencia permanente de incertidumbre y violencia.

Del otro lado de la ley, los delincuentes duermen tranquilitos sabiendo que incluso si los detectan, no los denunciarán; incluso si los denuncian, no los arrestarán; incluso si los arrestan, no los sentenciarán e incluso si los sentencian, seguirán delinquiendo desde la cárcel.

Parafraseando a Bill Clinton, señores políticos, de todos los colores, entiendan: “es la impunidad, estúpido”.

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